Agonizó durante nueve días en la UCI del hospital Carlos van Buren. Eran cerca de las 00.30 horas del pasado 6 de enero, cuando Alejandro Bustamante, de 59 años, recibió la brutal golpiza que ayer le costó la vida.

Los esfuerzos médicos no lograron salvar a este conocido comerciante de comida rápida de Playa Ancha de las múltiples heridas propinadas por el autor confeso de la agresión: Bryan Aguilera, de 18 años, y vecino de su víctima.

"Entró este muchacho. Le pidió un completo. Esperó a que lo preparara y lo atacó. Le hizo cortes en la tráquea, cabeza, intestino delgado, una pierna y un brazo. Esto fue netamente un ataque homofóbico porque ya anteriormente le había tirado piedras y le gritaba "ya po, atiende maricón", le rayaron la muralla del negocio y le pusieron "maricón Ale". Era agredirlo y agredirlo, cada vez que pasaba por ahí", aseguró Isabel Marín, amiga de la víctima. Tras llevarlo de urgencia a un centro asistencial, la policía llegó hasta la casa del autor de la golpiza y lo detuvo. Fue puesto a disposición de la Justicia por el delito de lesiones graves y quedó en libertad con la cautelar de firma en la Fiscalía.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) puso a un abogado a disposición de la familia y ahora preparan una querella en la que invocarán la Ley Zamudio.

"Yo exijo que se haga justicia. Yo como hija voy a llegar hasta el final de todo esto, porque quiero que por favor en mi país se haga justicia (...) Vamos a presentar una querella y llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se cumpla la ley, porque este es un ataque homofóbico", advirtió Ingrid Rojas, hija putativa del hombre fallecido. También pedirán la reformalización de Aguilera para lograr la cautelar de prisión preventiva.

Siguiendo el proceso judicial establecido, los regantes de la tercera sección del río Aconcagua apelarán ante la Corte Suprema por el recurso de protección que interpusieron en octubre de 2013 y que el viernes pasado fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Santiago Matta, gerente general de la junta de vigilancia de la tercera sección -que abarca a cerca de 22 mil hectáreas en las provincias de Quillota y Marga Marga-, aclaró que el recurso lo presentaron a fines de octubre cuando tenían un caudal muy bajo en comparación "con la sección aguas arriba estaba en mejores condiciones y encontramos que un canal eventual de la primera sección (Chacabuco-Polpaico) que saca agua de la cuenca y la lleva a la cuenca de Chacabuco en la Región Metropolitana, tenía cerca del 50% del agua con que contaba la tercera sección completa".

Ante dicha situación, Matta precisó que "no nos pareció justo que un canal eventual tenga más posibilidad de sacar agua por estar a los pies de la cordillera versus canales que tienen derechos permanentes aguas abajo", agregando que cuando se presentó el recurso, "a los pocos días vinieron los deshielos y nos benefició al tener más agua, pero para los efectos del recurso de protección ya teníamos agua disponible".

Sin embargo, el personero explicó que hace una semana y media atrás los deshielos disminuyeron ostensiblemente y que actualmente "están pasando dos metros cúbicos por segundo de agua por nuestra sección, en tanto que la primera sección cuenta entre 30 y 40 metros cúbicos de agua por segundo". Respecto de la crítica en cuanto al crecimiento de las hectáreas a regar en la tercera sección, Matta aclaró que "el hecho que haya plantaciones en laderas de cerro se da porque se ocupa agua subterránea, donde hay derechos otorgados; no es que hayamos crecido, por lo tanto no necesitamos más agua, requerimos la misma que antes".

"En invierno el agua se va al mar"

Independiente del escenario judicial, el gerente general de la tercera sección del Aconcagua concordó con la opinión vertida por el presidente de la junta de vigilancia de la primera sección del río, Javier Crasemann, en el sentido de que la región está muy atrasada en la solución de fondo de la escasez de agua. "El río Aconcagua no tiene obras de regulación y en invierno el agua se va directo al mar y se pierde", acotó.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección interpuesto por los vecinos de Maitencillo en contra del proyecto inmobiliario "Costa Laguna", que busca emplazar una laguna artificial que a juicio de la comunidad perjudicaría el abastecimiento de agua potable en la zona.

El recurso fue interpuesto el pasado 6 de noviembre por la Junta de Vecinos Norte de Maitencillo, luego de conocer el proyecto que según ellos los amenaza, que consta de departamentos pero además una laguna artificial de 2.3 hectáreas y casi 50 mil metros cúbicos de capacidad de agua, que busca ser llenada con agua de pozo.

El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en octubre del 2012, y obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental el año pasado. Sin embargo, los vecinos creen que no fue suficiente.

Frente a ello, los abogados representantes del SEIA sostuvieron en los alegatos que el recurso es improcedente pues se ha cumplido con todos los requerimientos exigidos por la Dirección General de Aguas y que ésta en ningún momento solicitó que se presente un nuevo estudio hidrológico para decidir si se pronuncia conforme o no con el proyecto cuestionado.

El abogado Edgardo Gutiérrez, recurrente en el caso, explicó que "vamos a recurrir hasta la última instancia que es la Corte Suprema".