Tras una fuerte discusión, el director municipal de Emergencias de Valparaíso, Ricardo Valdés, cedió a las presiones de sus vecinos y aseguró que anulará el contrato que había firmado con una empresa de comunicación móvil, para instalar en su vivienda del cerro Esperanza una antena de telefonía celular.

La disputa verbal se produjo en el edificio consistorial con el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, y el diputado PPD, Rodrigo González como espectadores, luego que los denunciantes llegaran a pedirle a la máxima autoridad comunal que intercediera por ellos y solicitara al directivo que desistiera del acuerdo.

En medio de la reunión entre los vecinos y las autoridades, apareció Valdés, quien junto con anunciar que no instalaría la antena en su propiedad de la calle Barros Arana, acusó a haber sido objeto de agresiones y daños en sus viviendas. 'Tiraron pintura a mis 2 casas, a todas las chapas les pusieron (pegamento) 'La Gotita', al timbre que recién había puesto y que me había costado muy caro, también le tiraron 'La Gotita', o sea no se puede ni apretar el botón ya', se lamentó el funcionario.

Agregó que 'tengo claro que ellos tienen derecho a manifestarse, a hacerme cualquier funa que quieran, pero no estoy dispuesto a que se venga a agredir a mi familia'.

Al respecto, Ricardo Valdés, aseguró que ya trabaja con un abogado para presentar 'todas las acciones legales que correspondan', contra los responsables de los perjuicios sufridos en sus propiedades. Sin embargo, tales imputaciones fueron subestimadas por los vecinos.

'En primera instancia conversamos de buena manera. Él siempre sostenía que si la ley lo amparaba iba a instalar la antena. Los vecinos se manifestaron pacíficamente. (...) Jamás dentro de la manifestación se rayó o se dañó su casa; que aparecieron luego es porque nosotros no podemos contener a la gente cuando se acaba la manifestación', señaló Rodrigo Almarza, uno de los vecinos que acudió a la reunión con el alcalde Castro.

LEGISLACIÓN Y PRESIONES

El diputado González, miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, reconoció que la normativa que rige la instalación de antenas de telefonía móvil 'es una mala ley. (...) Lamentablemente la modificamos, pero no suficientemente porque hubo mucha presión y muchos intereses económicos de las grandes empresas en relación con este tema. la penetración que tienen los intereses económicos de las empresas en el proceso legislativo es extremadamente grave'.

Esperanzado en que se paralicen las obras de construcción del nuevo mall que se está edificando en Viña del Mar, se mostró el presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman.

El dirigente ciudadano funda su optimismo en que, luego de la denuncia presentada en Contraloría por un grupo vecinal, 'queda en evidencia que el permiso de construcción otorgado el año 2000 es irregular, ya que en base a lo que indica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, se trata de una obra catalogada como de equipamiento mayor y por lo tanto, necesariamente debe enfrentar una vía troncal o expresa, cuestión que en este caso no ocurre'.

Para Herman, las sucesivas dilaciones en la construcción de la obra, mediante la renovación de los permisos cada tres años efectuando obras menores, se tratarían de 'un ardid para evitar someter la construcción a la nueva legislación, ya que las actuales normas del Plan Regulador Comunal son más restrictivas que las que existían hace 14 años, de modo que lo que se busca evitar es que el nuevo permiso se rija por las normas actuales, lo que significaría una rentabilidad más baja para los inversionistas', acusó.

Similar apreciación tiene el el core por Viña del Mar, Manuel Millones, pues estima que 'este proyecto no debiera ser recepcionado, por cuanto no cumple con la ordenanza, al tratarse de una obra de equipamiento mayor que no enfrentauna vía troncal o expresa, y esta ordenanza es del año 2000, por lo tanto, al momento en que se otorgaron los permisos, ya el proyecto no cumplía con este requisito'.

El artículo 146 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción señala que el director de Obras Municipales, podrá ordenar la paralización deuna obra que 'implique un riego no cubierto'.

La reciente conformación del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de la zona Quintero-Puchuncaví generó diversas expectativas entre los actores invitados a formar parte de la iniciativa.

Se trata de una instancia enmarcada en el Programa Para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví, anunciado por el Ministro Pablo Badenier el pasado 9 de mayo, cuyos alcances fueron dados a conocer a la comunidad por la seremi de Medio Ambiente, Tania Bertoglio, el pasado sábado en Quintero.

En la ocasión, Bertoglio explicó que el Consejo 'va resolver las demandas de la ciudadanía para desarrollar acciones concretas, con actores responsables y recursos asociados para por fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de este territorio'.

El próximo paso será elegir a los integrantes de este Consejo, que estará conformado por 13 representantes del sector sociedad civil, cuatro del sector productivo local, tres de las empresas del parque industrial y seis del sector institucionalidad pública, totalizando 26 consejeros. Asimismo, se generarán al menos tres áreas de trabajo agrupadas en Comisión de Reparación Ambiental, Comisión Normativa y Regulación Ambiental y Comisión de Desarrollo Socio-Ambiental Local.

Para el presidente del Grupo de Acción Ecológica Chinchimén, Javier Trivelli, se trata de 'una buena iniciativa en principio, pero en los últimos 15 años hemos participado en varias mesas sin llegar a nada concreto', aunque precisó que cifra algunas expectativas en que 'al ser implementado en cinco zonas de Chile y al ser a través del ministerio, este Consejo tiene mayor credibilidad'.

No obstante, Trivelli estima que 'para llegar a alguna propuesta o plan de acción, pasarán al menos seis meses, así que solicitamos gestos concretos, como que se desista de la central termoeléctrica que va a instalar Codelco, ya que los estudios de riesgo indican que la bahía ya no resiste una central más'.

Por su parte, el presidente del Consejo Ecológico Puchuncaví Quintero, David Inzunza, coincidió con Trivelli en cuanto a que 'una señal política es que mientras se trabaja en este Consejo no se permita la instalación de la termoeléctrica de Codelco, pero no está esa señal, así que vemos poca voluntad de concretar algo, porque el diagnóstico ya está dado por diversos estudios previos'.