El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) propuso ayer reformar la Ley Antidiscriminación -también conocida como Ley Zamudio-, luego de que un estudio realizado por el organismo determinara que a dos años de ser promulgada, la normativa ha servido más para prevenir que para sancionar judicialmente la discriminación.
Según el Movilh, a la fecha se han presentado menos de 50 demandas por la Ley Zamudio y sólo en una ocasión los tribunales han accedido a aplicar el agravante penal, lo que demostraría que 'las personas no se sienten motivadas a usar esta norma para alcanzar justicia en caso de padecer un atropello motivado por razones discriminatorias'.
'Las razones de esta desmotivación no se relaciona con el conocimiento de la ley, pues la mayoría sabe de su existencia, según estudios del Gobierno y nuestro. La razón se relaciona con las limitantes mismas de la norma que es urgente reformar', precisó el organismo.
El Movilh agregó que entre las limitantes de la Ley Zamudio se cuentan 'la carencia de indemnización para las víctimas y las multas que se pueden dictar contra los denunciantes si no se comprueba la discriminación'.
A esto se suma -explicó el movimiento- que para aplicar la agravante, la víctima debe demostrar que el delito estuvo motivado por razones discriminatorias.
'Esto es casi imposible, pues la motivación es una realidad que sólo está en la cabeza del agresor y no tiene expresión práctica', puntualizó.
Por esto, la reforma propuesta por el Movilh -cuyo proyecto próximamente ingresará al Congreso-, establece la indemnización para las víctimas, elimina las multas al denunciante y define nuevas fórmulas para aplicar la agravante.
Por otra parte, el organismo destacó que en el ámbito preventivo, la Ley Zamudio sí ha sido efectiva. 'Hay importantes avances. En efecto, la norma ha tenido un gran poder disuasivo de la discriminación en los organismos públicos y privados', afirmó.
No obstante, el organismo pretende que en la reforma que propone se cree un organismo que 'dé seguimiento y coordinación a las políticas públicas, y garantice asistencia legal y psicológica gratuita para quienes padecen abusos por ser diferentes'.
