La Cámara Regional de Comercio (CRCP) manifestó ayer su preocupación respecto a las problemáticas generadas por las denominadas "cargas limpias" y que ya provocaron manifestaciones de los trabajadores portuarios.

En relación al escenario actual, asociado a la aplicación del decreto ordinario N°12.390 de Aduanas, que dice relación con ese tema, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) mostró su inquietud por las consecuencias económicas que esto tendría para la ciudad.

"Tenemos una gran preocupación por la implementación de este decreto, puesto que va a significar altos costos adicionales en la cadena logística del comercio exterior para el puerto de Valparaíso, lo que implicaría una importante pérdida de competitividad en relación a San Antonio", manifestó el presidente de la entidad, Gustavo González, agregando que "este mayor costo no puede ser traspasado a los usuarios, pues estos preferirán otros terminales portuarios para el ingreso de sus cargas al país".

El titular de la CRCP señala que es urgente que los distintos protagonistas de la cadena logística dialoguen para llegar a una buena y pronta solución. "Hay propuestas que permiten evitar este pago y es necesario que los distintos actores se coordinen, trabajen juntos y tomen la mejor decisión con las autoridades correspondientes, para revertir este escenario a la brevedad", dijo.

González advirtió que producto de esta situación, hoy hay cargas en contenedores retenidas por Aduanas en zona primaria de TPS, provocando graves daños a los importadores, debido a que no hay respuestas ni solución al respecto. "Esto requiere una urgente definición de todos los actores, tanto públicos como privados", afirmó.

El presidente de la CRCP sostiene que, según estadísticas internacionales, Chile ya tiene elevados costos en su cadena logística de comercio exterior, si se compara con otras naciones. "Agregar nuevos costos como los antes señalados, no hacen más que perder competitividad en una actividad que es el motor de nuestra economía".

CAMIONEROS EN ALERTA

El decreto firmado por Aduanas tiene como fin evitar las largas esperas de los camiones en las zonas de revisión de la cargas y surgió como parte del acuerdo para poner fin al paro del sector en todo el país.

Al respecto, el presidente de la Federación Regional de Dueños de Camiones, José Egido, reivindica este avance y advierte que acá no hay un aumento de los costos, sino que un traspaso de los mismos.

"Acá se ha tergiversado esta situación, las empresas de transporte actualmente le adicionan al costo un cliente por los tiempos de espera en las labores de revisión o fiscalización de los organismos pertinentes por lo que acá no existe un aumento de costos, sino que un traspaso. O sea en vez de cobrarlo nosotros lo va a hacer un tercero", comenta con énfasis el dirigente.

"Hoy hay cargas en contenedores retenidas por Aduanas en zona primaria de TPS, provocando graves daños a los importadores"

Entre diez a quince personas concurren diariamente hasta la oficina regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento con un solo objetivo: tratar de encontrar una solución a su problema financiero.

La nueva institucionalidad, que reemplazó desde el 9 de octubre a la Superintendencia de Quiebras, permite a las personas repactar sus pasivos, para lo cual exige algunos requisitos.

De hecho, hasta mediados de diciembre se habían formalizado 62 solicitudes en la zona lo que representa el 10,5% a nivel nacional, la mayor cantidad tras la Región Metropolitana. Sin embargo, solo tres han sido declaradas admisibles por ahora. 48 de ellas se catalogaron como inadmisibles y 5 permanecen en rectificación.

¿Por qué tan pocas? El examen de admisibilidad que se hace es bastante preciso pues, por ejemplo, se debe acreditar de manera fehaciente e indubitada que existe una morosidad de más de 90 días, entonces si el usuario no trae el documento donde conste eso, va a ser rechazada su solicitud", advierte la coordinadora regional de la entidad, María Soledad Meneses, que entre las otras causales recuerda que el deudor no puede estar demandado en el marco de un juicio ejecutivo.

"Hay usuarios que no entienden que aunque les llegue una demanda y que se la fijen en la puerta esa es una notificación, entonces inmediatamente quedan excluidos del sistema, porque esa deuda ya está judicializada. Ese es un requisito bastante importante que hay que cumplir", agrega la abogada que cuenta con satisfacción que ya se realizó una primera mediación entre un deudor y sus acreedores logrando llegar a un acuerdo en el monto de los pasivos, que es el paso previo de la renegociación.

firmar sin leer

La mayor parte de las personas que acuden a la oficina lo hace para consultar, reconoce la coordinadora, agregando que el desconocimiento es la principal barrera para que el proceso se pueda formalizar y así optar a la posibilidad de llegar a un entendimiento con los acreedores.

"El principal obstáculo que se nos presenta es la falta de conocimiento de las personas al suscribir un crédito, ya que en definitiva no saben lo que están firmando, entonces por ejemplo de partida desconocen si es una línea de crédito o una tarjeta de crédito o un crédito de consumo, entonces al minuto de aclarar esa situación, cuesta", manifiesta la profesional.

Esta situación también implica que los afectados no saben cuáles son los documentos que le tienen que pedir a la institución financiera con el objeto de que se puedan acoger al procedimiento. "Hay mucha gente que viene básicamente a consultar y si veo que califica para someterse a este procedimiento, le entrego los antecedentes necesarios para que vuelvan con sus declaraciones debidamente completadas, pero siempre topamos en el tema de los documentos que tienen que entregar las instituciones financieras donde no saben muy bien cómo pedirlos", explica María Soledad Meneses.

PERFIL DEL DEUDOR

"Somos la región que más público ha atendido en Chile, fuera de la Metropolitana y eso lo sabíamos cuando iniciamos este proceso", insiste la abogada que se refiere a las características de las personas que concurren a diario a las dependencias de la Superintendencia.

"En general se trata de personas de bajos ingresos que se han endeudado a causa de problemas de salud inesperados o familiares y que además están afectados por inconvenientes de cesantía", afirma.

El promedio de edad de los deudores que llegan hasta la oficina es de 45 años y en su mayoría son mujeres. Respecto al origen de la deuda, la mayor parte es con la banca y las grandes tiendas comerciales. "En el retail se trata fundamentalmente de avances en efectivo", admite la profesional que espera que con la difusión se vaya incrementando el número de solicitudes admisibles.

"La entrada en vigencia de esta institucionalidad nos ha permitido poder dar una solución a las personas que caen en la insolvencia", comenta el seremi de Economía, Omar Morales , quien también sostiene que la nueva entidad equilibra a las partes en pugna. "Este sistema evita que se genere un abuso y permite que haya equiparidad entre los recurrentes para llegar a un buen acuerdo". En relación al desconocimiento de mostrado por los consumidores, agregó que "el hecho de que no se sepa lo que se está firmando revela que tenemos primero un problema serio de comprensión lectora en el país".

Claudio Ramírez

10,5%

de las solicitudes realizadas a nivel país tienen como origen la región de Valparaíso.

9

de octubre comenzó a funcionar la nueva institucionalidad que depende del Ministerio de Economía.

90

días de morosidad al menos debe tener una deuda para ser objeto del beneficio.