La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por un grupo de vecinos contra el alcalde porteño, Jorge Castro, por autorizar el permiso de edificación del Proyecto Puerto Barón.
Con esto, la iniciativa comercial despejó una de las últimas incógnitas de cara a su construcción definitiva, restando que la Unesco, en el marco del Comité de Patrimonio Mundial a efectuarse entre junio y julio en Alemania, analice las 19 propuestas de mejoramiento elaboradas por el consejo presidencial.
A eso se suma la aprobación que el Consejo de Monumentos Nacionales debe realizar al plan estratégico para el manejo de eventuales restos arqueológicos.
ARGUMENTOS
En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Hugo Fuenzalida, Jaime Arancibia e Inés Letelier, rechazó la acción judicial. La resolución determina, en su parte medular, la falta de legitimación pasiva del alcalde, es decir, que este no tiene potestad para dejar sin efecto un permiso de edificación otorgado por el director de Obras de la Municipalidad.
Para ello, agrega el fallo, se debe recurrir ante el secretario regional ministerial de Vivienda. Además, la Corte estimó que los recurrentes carecen de legitimación activa para interponer la acción.
"Esta resolución no hace otra cosa que ratificar la legalidad del proyecto tanto en las dimensiones administrativa, jurídica y técnica, a lo que se suma el informe que la Fiscalía de la Corte de Valparaíso, en el marco de esta misma tramitación, entregó a los magistrados, señalando que no se observan las supuestas ilegalidades reclamadas", dijo el gerente de Asuntos Corporativos de Puerto Valparaíso, Cristián Calvetti.
Con la resolución de ayer, en total suman trece las acciones judiciales y administrativas interpuestas contra el denominado proyecto Puerto Barón, entre los años 2005 y 2014. Ellas se han canalizado a través de distintas entidades, como la Corte de Apelaciones, la Contraloría General de la República y otras instancias, todas las cuales han sido rechazadas por los organismos respectivos.
