Alexis Paredes R.

En el marco de la inauguración del año académico 2016 de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), entidad en la cual es profesor titular de la cátedra de Derecho Administrativo, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se refirió a los casos de corrupción que están afectando al país y el rol que juega dicho órgano constitucional autónomo en el ámbito de la fiscalización de estos hechos, principalmente en el resguardo de los recursos del Estado y la responsabilidad administrativa que le pueda caber a funcionarios públicos involucrados en estos ilícitos.

En el ámbito del control de las cuentas públicas de la administración del Estado, la fiscalización y control de los servicios en el uso de los recursos públicos y la correcta gestión financiera, el abogado expuso algunos énfasis de lo que será su gestión, tras ser nombrado por la Presidenta Bachelet y ratificado por el Senado el 16 de diciembre de 2015, en reemplazo de Ramiro Mendoza.

Formado en la casa de estudios porteña, Bermúdez recalcó que durante su mandato como contralor general "habrá tolerancia cero al mal uso de los recursos públicos", recalcando que si bien se debe desarrollar una confianza y colaboración con los demás poderes del Estado, "la Contraloría debe evitar transformarse en el brazo armado de un sector político o de un parlamentario", dando cuenta de las presiones que podría recibir dicho órgano en medio de la crisis que afecta a la clase política nacional.

En relación a las reflexiones finales de la clase magistral, que tenía por sugerente título "La relación entre estudiar derecho administrativo, el poder y la corrupción", Bermúdez resaltó que debe existir "un equilibrio entre quienes ejercen la potestad pública y el que intenta contraponer su derecho o interés privado frente a ella. En esta relación tiene mucho que decir la Contraloría; quien ejerce ese poder lo haga de manera legal", recalcando que el uso del poder para fines particulares es "síntoma de una enfermedad crónica de la que adolece la Administración (del Estado) en el ejercicio del poder, tal es la corrupción".

Los principios de eficacia, eficiencia y buen uso de los recursos públicos se encuentran en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, ellos deben ser observados por la administración activa y ser fiscalizados por la Contraloría.

- Usted habló de la impronta que pretende plasmar en la Contraloría General bajo su gestión.

- Con las mismas facultades que tiene la Contraloría hay que dar ciertos énfasis. Cuando me referí a la auditoría o la fiscalización de los servicios públicos, por sobre todo deber ser estratégica, por ejemplo al impacto público que tiene un determinado programa, los recursos públicos que están involucrados, las denuncias que pudiesen haber existido, a la información de prensa que existe sobre un determinado servicios. Todos esos son elementos que nos deben llevar a planificar de una manera estratégica la fiscalización de la administración del Estado.

- ¿Cuál es el rol de Contraloría en los casos de corrupción que se están investigando?

- Tiene un rol clave. Lo primero que tengo que aclarar y para que nadie se asuste, es que corrupción es una palabra a la que nos tenemos que acostumbrar. La corrupción es un germen que está presente en cualquier institución, pública o privada, donde hay poder. El mal uso de ese poder, tanto por el presidente de una junta de vecinos o un jefe de servicio es corrupción. El rol de la Contraloría es luchar contra la corrupción cuando hay recursos públicos involucrados. La Contraloría tiene mucho que decir en eso, el énfasis de este periodo está en la fiscalización y en la auditoría para prevenir y evitar este tipo de fenómenos.

- La Intendencia Regional ha enfrentado una serie de actos de corrupción. ¿Cuál ha sido la actuación de Contraloría en estos casos?

- La Contraloría ha actuado de acuerdo a sus potestades en estos casos, lo que ocurre es que cuando se detectan ilícitos, cuando se detectan situaciones que no se refieren ya a la responsabilidad administrativa sino que a la responsabilidad penal, el rol de la Contraloría es poner los antecedentes en poder el Ministerio Público y eso fue lo que se hizo.

- La región ha destacado a nivel nacional por importantes casos de corrupción. ¿Cuál es su visión una vez que asumió el cargo?

- Tenemos una Contraloría Regional muy potente, podríamos decir que es la más potente a nivel nacional fuera de la Contraloría General a nivel central. No obstante, la Contraloría General en su conjunto no da abasto para atender todos los requerimientos, es más, si queremos luchar contra la corrupción, necesitamos que nos den los recursos suficientes para ello.

- Usted calificó a la corrupción como una enfermedad que puede estar desatada o controlada. ¿Cuál es el diagnóstico a nivel nacional?

- Esa calificación evidentemente irá variando. En la medida que tengamos instituciones que funcionen, en la medida que exista el Consejo de Defensa del Estado, en la medida que exista un Ministerio Público y una Contraloría General de la República como órganos autónomos, creo que vamos a tener a raya esa enfermedad.

- ¿Cuál será el rol de la Contraloría en las próximas elecciones municipales, tomando en cuenta que ya han sido denunciados funcionarios públicos por participar en actividades de campaña de precandidatos?

- La Contraloría siempre está recibiendo denuncias respecto al incumplimiento que se hace de la ley en esta materia. La Contraloría expidió un instructivo, que se denomina de prescindencia en materia de elecciones municipales, donde se dan una serie de deberes que deben cumplir las municipalidades en esta materia. Si un funcionario municipal o autoridad incumple este instructivo, la Contraloría debe ejercer los instrumentos con que cuenta, entre ellos, el sumario.

Las principales auditorías planificadas para el presente año por la Contraloría General de la República, en base a la "matriz de riesgo" para casos de corrupción, están relacionadas con el programa de alimentación escolar que ejecuta la Junaeb, donde se han detectado graves irregularidades en las licitaciones, existiendo denuncias que comprometen millonarios recursos a nivel nacional en la adjudicación de los proveedores. "Este es el programa más grande que realiza la administración pública respecto a nuestro escolares; son $ 520 mil millones al año que se administran por la Junaeb. En el informe que se hizo a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados se dio cuenta de una serie de deficiencias que existen en ese programa y, sobre todo, en la debilidad institucional que hay en la materia".

En esta planificación estratégica de fiscalización para detectar posibles casos de corrupción, explicó el contralor Bermúdez, también se realizará una auditoría con "calidad de prioridad nacional" sobre los Fondos Reservados que entrega la Ley del Cobre a las Fuerzas Armadas, que en los últimos meses ha estado en el tapete nacional producto de estafas e irregularidades en la administración de los recursos que involucra a uniformados.

El contralor general, Jorge Bermúdez, no la ha tenido fácil en medio de los duros cuestionamientos que enfrentan funcionarios y exfuncionarios de La Moneda, algunos de estrecha confianza de la Presidenta Michelle Bachelet.

Consultado respecto a las indagatorias que pesan sobre el renunciado administrador de La Moneda, Cristián Riquelme (PPD), en el marco de las indagatorias del caso Caval y el borrado del disco duro del computador utilizado por Sebastián Dávalos, puntualizó que existe un sumario administrativo que instruyó según las atribuciones que le otorga el cargo.

"Instruí y designé a una fiscal para que llevara a cabo ese sumario. Entiendo que ese sumario ha avanzado, se han realizado diligencias, pero no sé cuáles son, ya que en esta etapa el sumario es secreto. Espero que se cumpla con los plazos legales para poder realizarlo".

Aclaró que la resolución que instruye el sumario abarca todas las compras realizadas en Palacio, tanto las efectuadas por Riquelme como las realizadas por la Dirección Administrativa de la Presidencia a empresas relacionadas.

Existe un plazo de 90 días para culminar la investigación, que se mantiene a cargo de una fiscal de la Contraloría.

"La corrupción es un germen que está presente en cualquier institución, pública o privada, donde hay poder. El mal uso de ese poder, tanto por el presidente de una junta de vecinos o un jefe de servicio, es corrupción"

"Tenemos una Contraloría Regional muy potente, la más potente a nivel nacional fuera de la Contraloría General a nivel central. No obstante, la Contraloría General en su conjunto no da abasto para atender todos los requerimientos"

$ 520 mil millones administra a nivel nacional la Junaeb, programa de alimentación escolar que será auditado durante el 2016 por la Contraloría General de la República.

1.750 horas anuales "rinde" un fiscalizador de la Contraloría abocado a desarrollar auditorías y fiscalizaciones en los distintos servicios de la administración pública. Una auditoría cuesta 600 horas.

8 años ejercerá el cargo de contralor general de la República Jorge Bermúdez, tras ser designado por la Presidenta Michelle Bachelet y aprobado por el Senado en diciembre pasado.