La semana pasada, los dirigentes de los funcionarios del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio se habían tomado el edificio institucional, acusando que su director, Dagoberto Duarte, cortó abruptamente el diálogo por mejorar las perspectivas económicas de quienes jubilan, entre otras demandas, y pese a que dicha ocupación se depuso, ayer se tomaron hasta el mediodía los hospitales de Valparaíso, Casablanca y San Antonio, afectando las atenciones que no eran de urgencia.

La coordinadora del Frente de Trabajadores del Hospital Carlos Van Buren, Marcelina González, explicó que además del punto en discordia referente a quienes se acogen a retiro, "hay un proyecto de 40 camas en este hospital, que está hace dos años pero las autoridades todavía no se hacen cargo de sacarlo adelante, tenemos listas de espera que tampoco se han resuelto, tenemos un problema con la alimentación de los funcionarios, que esta Direción del Servicio eliminó".

Por su parte, el director del SSVSA, Dagoberto Duarte, precisó que "lo que ellos plantearon el 12 de abril es que una lista de funcionarios que están a punto de jubilar sean llevados al mayor grado de remuneración dentro de su propia escala. Nosotros le hicimos ver que, de acuerdo a un informe de Contraloría, esa es una práctica ilegal. Se emitió un dictamen en octubre del año pasado y por lo tanto, de ahí para adelante no podemos hacer ese tipo de movimiento, y les dijimos que si ellos no están de acuerdo, debieran plantearlo en el Parlamento. Yo estoy dispuesto a sentarme a conversar las veces que sea necesario, pero no podemos hacer un fraude al fisco, tenemos un marco jurídico que nos regula".

Los dirigentes pedían un garante para retomar el diálogo, y en este caso fue el intendente, Gabriel Aldoney, pero aclaró que "como autoridad no puedo sostener las posibilidades de abrir un diálogo si actuamos de esa manera. Pienso que los dirigentes han tomado una actitud que no es aceptable, además ellos saben que lo que están solicitando es una cuestión -que así me lo ha informado el ministerio por la ministra, subsecretaria, director de Servicio- que no se puede concretar, porque hay oficio de la Contraloría que lo impide".

Alexis Paredes R.

Ante la férrea oposición de vecinos y organizaciones que buscan proteger y preservar la zona del Tranque La Luz de proyectos inmobiliarios y tras un intenso debate desarrollado en el Concejo Municipal de Valparaíso, los ediles porteños resolvieron suspender la votación para definir las observaciones al seccional del Plano Regulador Placilla-Curauma.

Debido a los reparos de los vecinos al informe presentado por el director de Asesoría Urbana, Miguel Dueñas, y previo a que se expusieran las seis observaciones presentadas por diversos estamentos involucrados en la elaboración del nuevo instrumento, que busca proteger un área aproximada de 600 hectáreas y sus atractivos turísticos, los antecedentes en los cuales se basó el informe, principalmente un mapa que contempla el islote donde se pretende levantar un proyecto inmobiliario, deberá ser cotejado con la información que existe en la Seremi Minvu.

En la sesión quedó de manifiesto que existen profundas diferencias entre el nivel de protección que exigen los vecinos para el sector y la propuesta elaborada por el estamento municipal, entre ellas elevar la cota para construir de 322 a 328 metros, debido a los peligros de inundación y la creación de una zona protegida a lo largo del sendero del tranque y extendido hasta el Salto del Agua. Los vecinos exigen una franja de 200 metros, mientras que el informe de Asesoría Urbana contempla solo 50 metros de ancho.

A esta situación se suma la premura de contar con un nuevo instrumento antes del 22 de mayo, fecha en que vence el congelamiento de los permisos de construcción para el sector.

La presidenta de la Asociación por la preservación y desarrollo de Placilla y Curauma, Marcela Pérez, acusó que el nuevo seccional "favorece abiertamente a las inmobiliarias", motivo por el cual urge precisar una serie de aspectos del instrumento y cotejarlo con el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval), vigente desde 2014.

Sostuvo que "el proceso parte a raíz de una solicitud de la comunidad para resguardar los lugares de patrimonio natural que existen en el sector de Placilla-Curauma, como es el Tranque La Luz y Salto del Agua, lo que llevó al municipio a congelar los permisos de construcción en más de 600 hectáreas".

Plano de la discordia

Recalcó que la idea del seccional es generar instancias de protección en esta área, sin embargo discrepó de la propuesta de Asesoría Urbana municipal como posible modificación al seccional, al descubrir que "hay un plano que presenta Asesoría Urbana como vigente y que no lo es, de ahí nace la observación de nuestra asociación". Los reparos apuntan a que no se autorice el uso de residencia en el sector del islote, donde existe un proyecto inmobiliario en trámite, lo cual es avalado por un documento histórico que señala que la zona posee un alto riesgo de inundación.

"Asesoría urbana insiste en trabajar con el plano de un loteo, pedimos el reguardo de este paisaje natural y se respete un área restrictiva en el borde del Tranque de la Luz. Rechazamos el uso residencial del islote, que es presentado como península y se le asigna uso de suelo residencial", afirmó Pérez, mientras se espera que la seremi Minvu defina cuál es el plano vigente, lo cual dilatará el proceso antes de reponerse la votación ante el Concejo Municipal.

El alcalde Jorge Castro argumentó que existe "algo de confusión" entre el permiso de construcción que está en litigio y el seccional del Tranque La Luz, donde existe un instrumento de regulación superior, que es el Premval, y sobre eso, "hay que hacer estas 600 hectáreas de protección, que están sujetas a congelamiento".

Proceso "suspendido"

El director del Departamento de Asesoría Urbana del municipio, Miguel Dueñas, entidad que elaboró la propuesta de modificación al Plano Regulador, detalló que el proceso quedará "suspendido" en la búsqueda de "mayores antecedentes que den certeza respecto a unas observaciones que han presentado los vecinos, en relación a un plano que se ha mostrado en la presentación, los que dejen satisfechos a los concejales y vecinos".

Dueñas reconoce que si los estudios para el seccional del Tranque La Luz se ven interrumpidos y el próximo 22 de mayo caduca la postergación a los permisos de construcción, en un área que no cuenta con ningún tipo de protección, "es evidente que uno arriesga a no cumplir dentro del plazo que expira el 22 de mayo".

Las seis observaciones al seccional por parte de la comunidad y también de inmobiliarias fueron informadas a los concejales, las que debían ser votadas por el Concejo Municipal. Dueñas insistió que, cuestionamientos como al ancho de protección a la franja que rodea el tranque, "deben justificarse científicamente, con un estudio muy complejo de los anchos de las fajas de restricciones, como en este caso lo plantean los vecinos".

Según Dueñas, las 600 hectáreas que se buscan proteger con el seccional sí están amparadas en normas, "que son bastante restrictivas, pero el seccional sirve para precisar algunas normativas y mejorar la condición del entorno del Tranque La Luz y su paisaje urbano".

Salvaguardar el islote

La concejala Marina Huerta (DC), quien durante la sesión se mostró crítica al proceso realizado por el municipio, argumentó que "el tiempo de suspensión termina el 22 de mayo, si no aprobamos esto hoy día (ayer), queda abierto para que se comiencen a presentar nuevos anteproyectos. La comunidad dice que está dispuesta a pagar esos costos en defensa del islote. La comunidad estaba pidiendo impugnar el proceso y prefieren el riesgo de que tengamos nuevos anteproyectos a que tengamos que entregar el islote. Como se está observando que el plano que se presentó al público en su momento no tenía el islote y ahora lo tiene, será el Minvu el que aclare exactamente por qué se produce esto".

"Pedimos el reguardo de este paisaje natural y que se respete un área restrictiva en el borde del Tranque de la Luz"

Marcela Pérez, Dirigenta social

22 de mayo se levanta el congelamiento de los permisos de construcción en la zona del Tranque La Luz.