Cristián Rojas M.
La Ley de Pesca, también llamada "Ley Longueira", ha sido una de las más polémicas que se han aprobado en el Congreso Nacional, a tal punto que el diputado comunista Hugo Gutiérrez impulsa una moción para anularla, junto a los demás miembros de la bancada PC e Izquierda Ciudadana, argumentando que fue aprobada en base a ilícitos, que en más de dos años de vigencia ha causado estragos en la biomasa marina y que no reconoce al Estado de Chile como dueño de los recursos del mar, entre otras materias.
En la moción presentada por la bancada PC-IC se puso de relieve que Chile es el octavo país pesquero a nivel mundial, con capturas que al año sobrepasan las 3,8 millones de toneladas y exportaciones que bordean los 5 mil 500 millones de dólares, la mayoría de ellas transformadas en harina o aceite de pescado, así como en productos congelados que van a parar a vitrinas de numerosos países, mientras que la población chilena se queda prácticamente sin esa crucial fuente alimenticia, cuyos precios hoy son muy superiores a los que había en décadas anteriores, producto de la escasez.
Los pescadores artesanales han sido fervientes detractores de esa normativa legal y para mañana anuncian protestas en numerosas caletas a lo largo del país, para luego fijar una manifestación en la que esperan llegar hasta La Moneda a exponer sus demandas, entre ellas, eliminar la pesca de arrastre, que consideran ha sido nefasta para sus labores extractivas.
Por su parte, los dirigentes de la pesca industrial tienen una visión contrapuesta y también fijaron un encuentro para mañana, el que se llevará a cabo en la Intendencia Regional de Valparaíso, actividad en la que esperan exigir su inclusión en las discusiones por anular o modificar la "Ley Longueira".
Al respecto, el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, planteó la posición del Gobierno, teniendo en cuenta que los intereses entre ambos sectores pesqueros parecen irreconciliables.
- ¿Cree que es necesario modificar la Ley de Pesca?
- Como Gobierno somos críticos de la Ley de Pesca, el Gobierno está cumpliendo con el compromiso de evaluar la legislación pesquera vigente y se llevará adelante una agenda de cambios que la perfeccionen y corrijan. El Gobierno ha impulsado dos líneas de trabajo, la primera tiene que ver con una evaluación estrictamente técnica y que se le encargó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la cual está en su etapa final; y además, la conformación de una mesa política donde en conjunto con parlamentarios de la Nueva Mayoría se avanza para alcanzar importantes acuerdos.
- ¿Cuándo estaría esa evaluación técnica de la FAO?
- Se espera que durante septiembre FAO haga entrega del informe final con conclusiones y recomendaciones y así alinear la legislación nacional con las mejores prácticas internacionales para la gestión sustentable del sector.
- ¿Y los acuerdos políticos, en qué línea irían?
- El Ejecutivo ya trabaja también en un acuerdo amplio con parlamentarios representantes de todas las bancadas de la Nueva Mayoría y donde se pretende corregir tres pilares de la actual legislación. En esa línea, se pretende que la Ley de Pesca, para el caso del sector industrial, las licencias transables de pesca dejen de ser para siempre, que los recursos que la industria extrae no sean gratis y se pague un precio justo por eso y eliminar una serie de privilegios. Como Gobierno tenemos un compromiso por hacer cambios a la Ley de Pesca.
- Los pescadores artesanales exigen la derogación de la Ley de Pesca, porque "fue aprobada con coimas y dinero sucio", en palabras del dirigente de Caleta Portales Miguel Hernández. ¿Cuál es su visión frente a esta demanda?
- En este tema hemos sido muy claros, la agenda del Gobierno compromete cambios a la actual legislación, pero no compartimos la idea de derogación.
- Dirigentes del sector industrial plantean que la eliminación de la pesca de arrastre y de las 5 millas en la zona norte tendrán un fuerte impacto laboral. ¿Coincide con esa visión?
- Como Gobierno tomaremos las medidas necesarias para ajustar la legislación y estamos finalizando dos procesos que tienen que ver con una mirada estrictamente técnica y otra de carácter más política.
- Los dirigentes artesanales, por su parte, estiman que la pesca de arrastre les ha causado enormes perjuicios. ¿Cómo podrían conciliarse los intereses de pescadores artesanales y los industriales?
- Son intereses contrapuestos, pero nuestro interés tiene que ver con el cuidado de los recursos, su conservación y sustentabilidad. Eso es lo primero. No nos dejaremos presionar por intereses particulares.
"Se pretende que la Ley de Pesca, para el caso del sector industrial, las licencias transables de pesca dejen de ser para siempre, que los recursos que la industria extrae no sean gratis y se pague un precio justo por eso y eliminar una serie de privilegios""
"El Gobierno está cumpliendo con el compromiso de evaluar la legislación pesquera vigente y se llevará adelante una agenda de cambios que la perfeccionen y corrijan""
de septiembre los artesanales protestarán en todo el país y los industriales se reunirán en Valparaíso. 7
parlamentarios fueron formalizados por cohecho en el marco de la Ley de Pesca: Jaime Orpis (UDI) y Marta Isasi (PRI). 2
