Belén Velásquez Neracher

El actual concejal por Viña del Mar y exfutbolista profesional, Gabriel "Coca" Mendoza, quien obtuvo la primera mayoría en las elecciones municipales de octubre pasado, fue objeto de una investigación que la Contraloría Regional de la República inició en su contra luego de recibir una solicitud de fiscalizar siete contratos a honorarios que entre el 1 de enero del 2014 y el 30 de julio del 2016 se celebraron entre la Municipalidad de la Ciudad Jardín y el edil, quien, durante el periodo mencionado, fue el encargado de desarrollar el programa Escuelas Deportivas Gratuitas.

Según el Informe Final de Investigación Especial N°1.011 de 2016 sobre presuntas irregularidades en la ejecución de contratos a honorarios, Mendoza recibió 31 pagos por la suma total de $26.090.477. Dinero que, según el documento entregado por el órgano contralor, deberá reintegrar al municipio viñamarino porque no se habrían cumplido las cláusulas consignadas en los contratos.

"La Municipalidad de Viña del Mar no acreditó el cumplimiento efectivo de las labores encomendadas al señor Mendoza Ibarra, en el marco de los contratos a honorarios suscritos los años 2014, 2015, y 2016, para el desarrollo del programa Escuelas de Fútbol Gratuitas, por lo que corresponde que esa entidad edilicia solicite al prestador el reintegro de $26.090.477, cuyo cumplimiento deberá ser informado a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe", según indica el documento.

Lo anterior se sustenta en que los documentos que aportó el municipio viñamarino para la investigación no dan cuenta detallada de las labores que supuestamente debería haber cumplido Mendoza.

"Si bien ellos (documentos) establecen objetivos, pautas, sugerencias a cumplir por todo el personal responsable de su ejecución, y una calendarización, recintos, días, y horarios de funcionamiento de la escuela en general, aquellos no explicitan las jornadas de trabajo y las funciones específicas que cumplió el señor Mendoza", señala el documento.

A lo anterior se suma que, según el ente fiscalizador, los informes emitidos por Mendoza no cuentan con la firma ni la aprobación del director de Deportes y Recreación. De igual manera, establece que los informes no cumplen con las cláusulas octava y décima de los respectivos contratos, las que estipulan que se deben incluir en los informes las conclusiones o resultados de las tareas desarrolladas por el prestador, es decir, por Mendoza.

"Los informes contienen sólo los resultados del programa comunal en el cual participó el señor Mendoza Ibarra, y no los de sus labores como profesor de fútbol y programación deportiva, monitor de actividad física, coordinador y controlador del programa Escuelas de Fútbol Gratuitas y encargado de logística del mismo", sostiene el fallo de Contraloría.

Ante la falta de acreditación de los servicios prestados por el ahora edil, los persecutores decidieron realizar una consulta a 18 vecinos de los sectores de Reñaca Alto, Glorias Navales, Achupallas, y Gómez Carreño, cuyos hijos participaban de las actividades del programa deportivo.

De lo anterior, el informe de Contraloría establece que "diez personas entrevistadas ratificaron que el señor Mendoza Ibarra es monitor de la escuela de fútbol en la que participa su hijo, en tanto que otras 8 expresaron que el aludido prestador no desempeñó esas funciones".

Sin embargo, el documento añade que "la totalidad de las personas encuestadas admitieron haber escuchado o visto la participación del aludido servidor en actividades desarrolladas por las respectivas escuelas".

No obstante, sólo 6 individuos indicaron que "ocasionalmente ha venido a los entrenamientos", mientras que sólo 5 individuos dijeron que "en todos los entrenamientos pasa a saludar a los alumnos".

Asimismo, el fallo añade que también se entrevistaron a dos profesores del complejo Santa Julia, los que señalaron que "el prestador desarrollaba labores de supervisor y apoyo a los entrenadores en aspectos técnicos", según detalla el oficio.

En un aspecto concluyente, el fallo indica que se logra constatar que el actual concejal en cuestión participó de diversas actividades, tales como campeonatos, charlas a organizaciones sociales, y reuniones con asociaciones deportivas.

Sin embargo, añade que "dichas labores constituyen una parte de las funciones encomendadas y no resultan suficientes para acreditar el cumplimiento del resto de los servicios contratados, en específico, dar clases de fútbol, desempeñarse como monitor de actividad físca y coordinar y controlar el cumplimiento del programa Escuelas de Fútbol Gratuitas y su logística".

De manera concluyente, el documento señala que existe una falta de control, principalmente, en dos aspectos: la entrega de los documentos que acreditaban los pagos hechos a Mendoza y la falta de datos contenidos en las nóminas de quienes participaron de los talleres deportivos. Circunstancias que denotan incumplimiento "en lo expuesto y lo previsto en los párrafos 46 y 57, de la citada resolución exenta N°1.485 de 1996, los cuales disponen, en lo pertinente, que la información debe ser completa, exacta, y facilitar el seguimiento de la transacción, como asimismo, que debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos del control interno".

En cuanto a uno de los aspectos mencionados que fue criticado en el fallo del órgano fiscalizador, éste dice que el municipio no proporcionó los documentos de respaldo correspondientes a los pagos hacia Mendoza de los meses de marzo, abril, mayo, y diciembre del 2015 en el momento solicitado.

Respecto a esto, el documento indica que "la jefatura comunal puso a disposición de este Organismo de Control los documentos a contar del día 9 de marzo de 2017".

No obstante agrega que "atendido que esa entidad municipal acompañó la documentación pertinente, corresponde dar por subsanada la observación contendida en dicha letra, sin perjuicio que, en lo sucesivo, esa entidad deberá entregar de forma oportuna la totalidad de la documentación requerida durante la fiscalización, de conformidad a los establecido en el artículo 9° de la citada ley N° 10.336".

En cuanto a las nóminas de los alumnos, el informe establece que "se evidenció que en algunos casos tales documentos registraban sólo un nombre y un apellido, en tanto que en otros no se consignó la fecha de nacimiento, el número de cédula de identidad y/o el número de casa o departamento del domicilio del alumno".

En ese sentido, el fallo agrega que el municipio viñamarino indicó que "si bien es efectivo que las aludidas nóminas no contenían todos los datos de los alumnos, dicha situación se habría producido por la omisión de lo apoderados de los alumnos inscritos".

Y agrega que "con la finalidad de obtener la integridad de los antecedentes inherente a cada alumno, se modificó la ficha de inscripción, estableciendo en forma destacada que todos los campos que en ella se contienen deber ser completados obligatoriamente por los padres o apoderados, para que sus pupilos puedan acceder a las correspondientes escuelas deportivas".

No obstante a ello, la Contraloría indica que lo sucedido en cuanto a las fichas de los menores, es un hecho consolidado por lo que no puede ser subsanado.

"La Municipalidad de Viña del Mar no acreditó el cumplimiento efectivo de las labores encomendadas al señor Mendoza Ibarra" Informe de Contraloría"

26 millones de pesos deberá devolver a la Municipalidad de Viña del Mar el actual concejal de la comuna, Gabriel Mendoza, quien fue cuestionado por un Informe de la Contraloría Regional.

30 días hábiles tiene la Municipalidad de Viña del Mar para informar a la Contraloría del cumplimiento del fallo emanado desde el órgano contralor de la región de Valparaíso.

7 contratos a honorarios se celebraron entre Gabriel Mendoza y la Municipalidad de Viña del Mar entre enero del año 2014 y julio del año 2016.