Una investigación que puede tener alcances insospechados realiza la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía de Valparaíso, sobre un eventual caso de corrupción en el cambio de uso de suelo del borde costero norte de la región, que permitió millonarias inversiones inmobiliarias y especulación sobre grandes extensiones de territorio, afectando a zonas protegidas entre Los Molles, en la comuna de La Ligua, hasta Pichidangui, en la Cuarta Región.

La irregularidades apuntan a la tramitación de la "Modificación del Plan Intercomunal Valparaíso Satélite Borde Costero Norte (PIV SBCN)", que se realizó durante la administración anterior, donde se indaga la participación de diversas entidades públicas en la aprobación ambiental y administrativa de un instrumento que presuntamente contenía una serie de vicios, entre ellas el Minvu, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Ligua, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la empresa consultora que se adjudicó la elaboración y diseño de la propuesta de modificación Plan Regulador Intercomunal, proceso que culminó con la votación favorable por parte del Consejo Regional, en marzo de 2014, un día antes que concluyera su periodo.

Desde hace 3 años la senadora Lily Pérez y un equipo de abogados ha recopilado diversa información sobre el caso presentando una denuncia al fiscal nacional, Jorge Abbott, quien designó como fiscal preferente para investigar los hechos al jefe de la Urac, Claudio Rebeco, ante hechos que "podrían ser constitutivos de distintos delitos de corrupción".

Tras una reunión con el persecutor para interiorizarse del avance de las pesquisas, la legisladora aseveró que "el fiscal designado especialmente para este caso nos informó que ha compartido los antecedentes de nuestra denuncia respecto al cambio de uso de suelo, particularmente en el borde costero de Los Molles, comuna de La Ligua, con el Consejo de Defensa del Estado y con la Contraloría General de la República, lo cual es un avance muy significativo. Lo que corresponde hacer ahora es avanzar en la línea de investigación con distintas diligencias que el fiscal ya ha encomendado, que son diligencias contundentes y fuertes".

El abogado Renato Rodríguez afirmó que los principales delitos que podrían constituirse en este caso serían asociación ilícita, prevaricación y, eventualmente, falsificación de instrumento público y privado, lo cual es investigado para elaborar una querella que se pretende presentar en los próximos meses. El profesional afirmó que la querella apunta a organismos públicos y empresas privadas que habrían intervenido en la aprobación del cambio de uso de suelo.

La senadora enfatizó que "podrían estar involucradas" autoridades que ocuparon importantes cargos durante el gobierno anterior, motivo por el cual el hecho se investiga con máxima acuciosidad, tomando en cuenta la magnitud de los hechos.

"Este tipo de temas donde pueden participar empresas de carácter privado, algún tipo de funcionario de carácter público o incluso alguna autoridad, siempre son siempre muy complejos, porque hay poder y dinero entremedio", enfatizó la senadora, que ha trabajado el caso en conjunto con la consejera de Petorca, María Teresa Cerda, y las comunidades de Los Molles para levantar la información.

El cambio de uso de suelo en zonas de protección ecológica permitió un fuerte desarrollo inmobiliario en zonas inundables, "borde costero en el cual no debiese estar autorizada la construcción", sostuvo la senadora.

El intendente Gabriel Aldoney reconoció su preocupación por el tema y la próxima semana se reunirá con la senadora Pérez. "En este tipo de situaciones los organismos públicos recurren al CDE para proteger los intereses del Estado. El caso es grave y nos preocupa porque el tema de los instrumentos de planificación son demasiado serios como para que en sus tramitaciones se cometan probables irregularidades como las que investiga Fiscalía".

La autoridad recalcó que si el plano regulador "está legalmente mal aprobado tendrá que modificarse", destacando que el tema aún no ha sido abordado con el Minvu, ya que "estamos a la espera de la investigación".

"Que la Fiscalía haya puesto los antecedentes denunciados a disposición del CDE y Contraloría, creemos que es un tremendo avance"

Lily Pérez, Senadora"