Cristián Rodríguez F.

En manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso se encuentra, desde el 29 de junio de este año, un lapidario informe que la Contraloría emitió en contra de la Municipalidad de La Calera tras comprobar la existencia de distintas irregularidades en las rendiciones efectuadas por la Corporación Municipal de Deportes (CMD) en 2016, bajo la gestión del entonces alcalde Eduardo Martínez.

En el documento (42/2018), el ente fiscalizador detectó que ese año la CMD autorizó 263 boletas de honorario por un total de $ 97 millones, las que no especificaban "de manera clara y precisa" cuáles eran las labores que se debían cumplir y los plazos para su ejecución.

Durante la revisión, el municipio tampoco pudo justificar las tareas que debía realizar un relacionador público contratado por más de $7 millones. Por eso, la Contraloría decidió iniciar un reparo por $104 millones bajo el concepto de "gastos no acreditados".

De acuerdo a lo que expone el informe, parte de las irregularidades que se habrían cometido al interior de la corporación están sustentadas a partir de la declaración de siete personas que en 2016 prestaban servicios a honorario.

En su testimonio, si bien todos señalaron que efectivamente realizaron trabajos en la CMD, reconocieron no haber suscrito ningún contrato ni emitido alguna boleta de honorario. Incluso, agregaron que el monto que recibieron es menor al reflejado en los documentos del municipio. Y peor aún, uno de los testigos relató que sólo trabajó para la entidad durante dos meses, pero que sin embargo se rindieron boletas a su nombre entre abril y octubre de 2016.

Así, tras analizar los registros, la Contraloría Regional concluyó que las siete personas debían recibir cerca de $20,6 millones entre todos, pero sólo percibieron alrededor de $14 millones. Y como se constató que el municipio decidió no pronunciarse durante el preinforme, la entidad resolvió derivar los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por "considerar que las situaciones advertidas podrían revestir el carácter de delito".

Además de iniciar un reparo, la Contraloría también le ordenó a la corporación adoptar todas las medidas necesarias para recuperar alrededor de $7,5 millones que se destinaron para distintas necesidades, como traslados y aportes a clubes deportivos, o el pago de facturas a empresas. También, la CDM deberá solicitar el reintegro de casi $25 millones "por servicios que no consta que hayan sido prestados" durante ese año.

En líneas generales, el ente contralor de Valparaíso concluyó que la fiscalización que realizaron "permitió evidenciar una serie de deficiencias relacionadas con la legalidad y acreditación de los gastos rendidos por la CMD, las cuales no fueron representadas por la citada dirección".

En esa línea, agregaron que dicha inspección le correspondía a la Dirección de Control Interno del municipio, quienes "deben revisar, en virtud de sus atribuciones, los correspondientes estados de pago, funciones que, en mérito de lo ya señalado, fueron realizadas de manera deficiente".

Este Diario tomó contacto con la municipalidad de La Calera. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no atendieron los requerimientos.

"Se evidenció una serie de deficiencias relacionadas con la legalidad y acreditación de los gastos rendidos por la Corporación"

Contraloría Regional, Informe Número 42/2018"

millones es el monto por el cual la Contraloría Regional de Valparaíso decidió iniciar un reparo. $ 104

Con la idea de descongestionar el Hospital Carlos Van Buren, la Universidad de Valparaíso cedió su edificio, ubicado en la avenida Brasil frente al Arco Británico, que será utilizado para albergar las oficinas administrativas. "En los próximos 7 días se hace entrega formal de este inmueble de 2.500 metros cuadrados, pero además tendremos novedades importantes del punto de vista de otras instalaciones en el mediano plazo como también poder avanzar en materia de especialidades médicas", apuntó el senador Francisco Chahuán.

El espacio que quedará disponible en el recinto asistencial, según informó el seremi de Salud, Francisco Álvarez, será utilizado para aumentar la dotación de camas, por lo que se velará por el cumplimiento adecuado en un tiempo breve.

El traspaso se logró gracias a un convenio que mantiene la UV con el servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. La directora (s) de la entidad, Alis Catalán, apuntó que con esto "el campo clínico es uno de los principales aspectos que beneficia el desarrollo académico de la universidad".

Las autoridades concuerdan que acciones como estas no solucionan el problema de fondo que cruza el recinto porteño. "Sin duda que no soluciona los problemas en forma definitiva, pero sí lo que la población quiere y que es tener en las próxima semanas más camas, desocupando lugares que tiene el hospital destinado al área administrativa", enfatizó Catalán.

La directora apuntó que Valparaíso tiene menos inversión de lo que se avanzó en otros servicios de salud, por lo tanto, la invitación a estos momentos es a trabajar en conjunto.