Paola Passig

"Cuando desde el Gobierno hablan de sacar a las manzanas podridas o tratan a los alumnos de delincuentes, estamos viendo un estilo Bolsonaro", sentencia el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, al evaluar el proyecto "Aula Segura", que busca apurar las expulsiones de alumnos involucrados en hechos de violencia y que tiene enfrentados a La Moneda y a la oposición desde hace semanas.

Tanto así, que este martes la Comisión de Constitución del Senado declaró inconstitucional la propuesta de la ministra Marcela Cubillos, por no considerar en el proceso de expulsión la apelación de los afectados. De este modo, el Ejecutivo introdujo el cambio, prorrogó la suma urgencia y el proyecto deberá votarse en los próximos 15 días. Así y todo, el líder de los profesores afirma que la iniciativa "tiene altas posibilidades de volverse ineficaz".

- ¿Por qué?

- Lo primero: los hechos ocurridos en estos 6 u 8 colegios donde ha habido situaciones de violencia extrema, de estos grupos de encapuchados con overoles, son gravísimos. Nadie puede minimizar ni restarle gravedad a situaciones tan extremas como rociar con bencina a un docente o lanzar bombas molotov. Nadie ha apoyado aquello, ni los propios estudiantes. Los dirigentes estudiantiles han sido muy claros en condenar con fuerza estos hechos. Nuestros colegas profesores y los restantes miembros de la comunidad tienen claro que es una situación muy extrema que requiere que se aborde, pero por la gravedad del problema es que consideramos que la respuesta del Gobierno es tan pobre. La propuesta del Gobierno lo único que hace es disminuir el plazo de 15 a 20 días a 5. Nada más. Eso es lo único nuevo. Entonces, uno se pregunta: ¿Eso es lo único que el Ministerio de Educación puede ofrecer como solución a una situación tan grave? Se requiere más que una expulsión más rápida y que, además, está tan mal hecha que sido cuestionada por especialistas.

- La Comisión de Educación del Senado la declaró inconstitucional porque no consideraba la apelación de los estudiantes expulsados. Ahora el Gobierno reparó ese tema. ¿Qué le parece?

- La comisión la declaró inconstitucional después de haber recibido a varios expertos y creo que aquí se puede producir un problema muy serio y es que se proceda con la expulsión, que hoy existe y en el Liceo de Aplicación se expulsaron alumnos, aunque también es una expulsión entrecomillas. El tema es que con una norma tan genérica, tan poco elaborada y donde lo que se hace es poner dos días de plazo para una apelación, lo más probable es que los casos se judicialicen y al judicializarse el alumno vuelva al colegio con orden judicial y vuelva más empoderado, porque va a volver con un respaldo judicial. Por tanto, la posibilidad que se vuelva una norma ineficaz es alta.

- ¿Por qué expulsiones entrecomillas?

- Porque en el sistema educacional chileno no existe la expulsión escolar. Si el alumno es expulsado, el Ministerio tiene la obligación de colocarlo en otro colegio y con esto lo que hace es trasladar el problema. Y si no se aborda el tema de fondo de reinsertar a este alumno en una normalidad escolar, sólo será trasladar el problema de un colegio a otro.

- ¿Y cuál es la solución? El Gobierno habla de la necesidad de sacar "las manzanas podridas"… El tema es qué se hace con esos alumnos considerados "manzanas podridas".

- Encuentro poco feliz el término "manzana podrida". Estamos hablando de alumnos que pueden haber incurrido en cuestiones graves, pero al final son personas. Por eso me parece inadecuado que una ministra se refiera a esos alumnos en esos términos. O que el Presidente diga que no son estudiantes, sino que delincuentes. Pueden haber incurrido en acciones delictuales, pero son estudiantes. Para abordar con seriedad esto hay que cuidar el lenguaje comunicacional y mediático. Hay que ser más serios. Creo que el traslado como medida pedagógica y disciplinaria en ocasiones es la adecuada. Si un alumno está desadaptado en su comunidad escolar y es disruptivo, a veces es aconsejable que se pueda reinsertar en otra comunidad y empezar de nuevo, como también debe haber posibilidades de sanciones disciplinarias. La suspensión puede permitir que el alumno se equilibre, pero además, en el caso de estos colegios que están en una situación muy puntual porque estamos hablando de 8 colegios de un total de 10 mil, no hay ninguna claridad de lo que ha pasado por parte de los responsables de la seguridad del país. Todos tenemos la sospecha de que aquí hay adultos involucrados, que hay algún tipo de financiamiento o de apoyo material, pero sin embargo no hay certeza. Hay una ineficiencia total y absoluta de las autoridades encargadas de la seguridad. Sería importante saber quiénes son, quiénes están detrás, ¿son todos estudiantes? Hay mucha nebulosa y una total ineficiencia que hoy se pretende resolver a través de una decisión que tiene que tomar el directorio y el consejo de profesores, un problema que es bastante mayor y que va más allá de las responsabilidades de la propia comunidad escolar. Para muchos está claro que se trata de grupos organizados que están detrás y que operan en varios colegios simultáneamente y, por lo tanto, supera las posibilidades de un director. Con la solución del Gobierno se sacan las castañas con la mano del gato.

- O sea, para usted es un proyecto efectista más que efectivo.

- Así es. Es un proyecto efectista que persigue una motivación comunicacional. Frente a la evidencia de que está mal redactado, parece una ofensiva comunicacional de que son delincuentes y la cosa de las manzanas podridas. Un estilo Bolsonaro. Y si en general es malo este estilo, cuando se trata de materia educacional es aún peor, porque no se puede dar un tratamiento sólo penal a situaciones que tienen muchas aristas.

- ¿Se puede prestar para abusos?

- Claro, porque cuando la norma es tan genérica y ambigua, porque se habla de los cinco días, pero ¿qué proceso se puede hacer con seriedad en cinco días? Creo que es mejor un tratamiento menos efectista, pero más efectivo y profundo en tiempos más reales a lo que es la realidad escolar y no a esta cosa exprés que puede llevar a muchos errores. Hemos visto muchos casos de violencia en los colegios que no tienen que ver con los encapuchados, sino que con alumnos y apoderados. Tenemos muchos reportes de violencia de apoderados contra profesores. Y este proyecto no toca nada de eso y no va a servir para sancionar agresiones de apoderados.

- Si a su juicio la solución debe ser integral, ¿qué elementos debe considerar?

- Se necesita un proyecto mucho más conectado con la realidad escolar cotidiana. Y en ese sentido, hemos visto unos proyectos de iniciativa parlamentaria que tienen ese abordaje integral, como los del diputado Venegas o Camila Vallejo. Ellos abordan este conjunto de situaciones, no sólo el tema comunicacional de los overoles. Asumen la convivencia de manera integral. La violencia de los apoderados es cada vez más recurrente.

"Si el alumno es expulsado el Ministerio de Educación tiene la obligación de colocarlo en otro colegio y con esto lo que hace es trasladar el problema a otro colegio""

"Tenemos muchos reportes de violencia de apoderados contra profesores. Y este proyecto no toca nada de eso y no va a servir para sancionar las agresiones de los apoderados""