Presentan libro sobre equidad de género
EDUCACIÓN. Titulares de la PUCV, USM y UPLA cuestionaron la falta de voluntad del Gobierno para modificar la actual ley.
En $54 mil millones cifró el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, el costo que a nivel nacional traerá la pérdida de la gratuidad de aquellos alumnos que no lograron terminar sus estudios en los periodos establecidos.
De acuerdo a la ley, el beneficio sólo regirá por el tiempo nominal que dure la carrera, y si los estudiantes quieren continuar en las instituciones se les podrá cobrar máximo un 50% del arancel. ¿La diferencia? Deberá ser asumida por cada universidad, lo que a juicio de distintos rectores reviste un problema considerando que, según Sanhueza, sólo un 10% de los alumnos termina sus estudios en los plazos originales.
"La suma total que nosotros hemos sacado bordea los $27 mil millones, que es lo que tendrían que pagar los alumnos, pero que probablemente no van a pagar. Mientras que los otros $27 mil millones los van a tener que poner las universidades. Es decir, estamos hablando de una cifra importante y de un deterioro económico para las familias, pero también para las instituciones que van a dejar de recibir esos recursos y, a la vez, tendrán que financiar el término de los estudios de esos alumnos", expuso el titular de la UPLA, quien ayer participó como presidente del Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV) en el lanzamiento del libro "Género y Universidad: Una pregunta abierta" (ver recuadro).
El anterior se trata de uno de los tantos problemas que el año pasado advirtieron los rectores del Cruv, y que esperaban que fueran recogidos por el Ejecutivo durante este año a través del envío de un proyecto que reformara la actual ley.
Sin embargo, hasta el momento -indicaron- no ven una voluntad para avanzar en una legislación que para algunos, como Claudio Elórtegui, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), adolece "de una serie de problemas que están repercutiendo en la vida diaria y el desarrollo de las instituciones".
"En estricto rigor, el Ministerio de Educación (Mineduc) no puede ir más allá de lo que establece la ley. Aun así, y salvo las correcciones que se están recogiendo en el proyecto de ley corta, no hay voluntad política ni del Gobierno ni la oposición para intentar corregir los problemas más de fondo que tiene la legislación", sostuvo Elórtegui, quien insistió en que "esa falta de voluntad política hasta ahora es una realidad, y sin eso no se van a poder corregir los aspectos que están faltando en las universidades".
Además de la extensión de la gratuidad que piden los rectores, otra de las problemáticas es la diferencia que existe entre el arancel de referencia (que es el que financia el Estado) y el real, cuyo monto también termina siendo asumido por cada uno de los planteles.
En esa línea, y si bien Elórtegui reconoció que dicha situación "se ha estado conversando desde que el actual Gobierno asumió", reiteró la poca voluntad que a su juicio existe para tratar las materias de educación superior.
"Uno entiende que haya una mirada prioritaria en la educación escolar y preescolar", dijo el rector, en alusión a las intensas gestiones que ha realizado el Gobierno en proyectos como "Aula Segura" o "Admisión Justa". "El problema -agregó- es que esto de los aranceles afecta especialmente a las universidades no estatales del Consejo de Rectores, porque las estatales tienen una compensación en la ley a través de los fondos basales, de los cuales nosotros fuimos excluidos y discriminados".
Una posición similar dijo tener el rector de la Universidad Técnico Federico Santa María (USM), Darcy Fuenzalida, quien aseguró que "hasta el momento no hemos podido encontrar una solución".
Si bien el titular del plantel valoró que algunos aspectos se hayan incluido en la ley corta, aseguró que estos "no vienen a resolver los problemas de fondo, sino que principalmente los temas operativos de la implementación de la ley", como los plazos definidos para el nuevo sistema de acreditación de las universidades.
"El cuidado de nuestras instituciones, su autonomía, las posibilidades de generar espacios de desarrollo, el asegurar el financiamiento, el cuidado de la diversidad de los distintos tipos de educación superior o el trato no equitativo que se realizó sobre las universidades públicas discriminando a las públicas no estatales son temas que siguen estando presentes y no hemos visto hasta el momento formas en las cuales podríamos resolverlos", criticó el rector de la USM.
En esa línea, Fuenzalida coincidió con su par de la PUCV y la UPLA respecto a que las consecuencias que advirtieron actualmente se están reflejando en la administración de los planteles. "La gratuidad, siendo una política que aporta a la lógica del financiamiento de la educación superior para las familias, no puede ir en desmedro de las universidades generándoles brechas, porque con los actuales presupuestos no podemos seguir haciendo las cosas con la calidad que las estábamos haciendo antes", sostuvo Fuenzalida.
Un poco más expectante se mostró el rector de la UPLA en cuanto a los avances que puedan existir este año, pese a que también admitió que "el Ejecutivo ha planteado que no le va a dar prioridad a los temas de educación superior".
"Tenemos muchos temas, y creo que en algunos casos habrá más espacio para discutirlos, y en otros menos. Y espero que esa discusión se dé, porque en el caso de la gratuidad, creo que va a haber muchos alumnos que se van a quedar sin seguir estudiando porque no tienen cómo pagar ese 50% del arancel. Por eso esperamos que durante este primer semestre podamos hacer un diseño de aquellas disposiciones que deben ser modificadas o derogadas", dijo Sanhueza.
En las dependencias del Centro Integral de Atención al Estudiante de la Universidad de Valparaíso (UV) se presentó ayer el libro "Género y Universidad: Una pregunta abierta", que contiene aportes y recomendaciones de 21 académicas sobre la materia. "El libro recoge una visión y el sentimiento que embarga a nuestras comunidades respecto de lo que significan los temas de equidad de género y cómo hacernos cargo del acoso o la violencia de género, que son realidades que han estado presente por mucho tiempo, pero que no habían sido expuestas en su real magnitud", dijo ayer el rector de la USM.
Rectores presionan por reformas al sistema de financiamiento de las Ues
"No hay voluntad política ni del Gobierno ni la oposición para intentar corregir los problemas más de fondo que tiene la legislación"
Claudio Elórtegui, Rector de la PUCV"
"Hay temas de fondo que siguen estando presentes y no hemos visto hasta el momento formas en las cuales podríamos resolverlos"
Darcy Fuenzalida, Rector de la UTFSM"
"En el caso de la gratuidad, creo que va a haber muchos alumnos que se van a quedar sin seguir estudiando porque no tienen cómo pagar ese 50%"
Patricio Sanhueza, Rector de la UPLA"
"
(Se ha entrevistado) a prácticamente todos los directivos de la Municipalidad. También a funcionarios no directivos"
Claudio Rebeco, fiscal que lleva el caso por denuncias contra el municipio de Viña del Mar.