Con el uso de herramientas de neurociencia computacional y algoritmos matemáticos, los investigadores del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV), construyeron un modelo acotado de redes neuronales para estudiar los cambios del cerebro y las características de la multiestabilidad.

Las potenciales aplicaciones de este conocimiento van desde entender un amplio espectro de patologías cerebrales, al desarrollo de nuevas herramientas de inteligencia artificial. "Quisimos aportar una nueva perspectiva de cómo un sistema neuronal puede permanecer en constante cambio, sin quedarse 'pegado' en un mismo estado", asegura el Dr. Patricio Orio, investigador del CINV.

Recientemente publicado por la revista internacional Chaos, el trabajo analizó el comportamiento multiestable de las redes neuronales como un hito de la actividad cerebral permanente, y que es posible de observar en seres humanos a través de imágenes proporcionadas por resonancias magnéticas funcionales o registros encefalográficos.

Tras construir su modelo neuronal, los investigadores del CINV evaluaron su comportamiento de multiestabilidad incorporando dos posibles fuentes de cambio: caos y ruido. ¿Su objetivo? Ayudar a comprender cómo se consigue esta constante actividad cerebral, evaluando si estos estímulos caóticos y aleatorios pueden motivar una mejora de la multiestabilidad.

"Todo esto tiene que ver con las nuevas maneras en que el cerebro funciona. Por siglos ha habido distintas metáforas para explicarlo: antes imaginábamos una máquina con ruedas y palancas, y ahora mucha gente se imagina que es computador. Pero nos vamos dando cuenta de que es muy distinto a todo eso, y hay un aprendizaje constante en lo que estamos viendo en estas investigaciones", agrega el Dr. Orio.

Cristián Rodríguez F.

Sin ser categórica, la Contraloría Regional de Valparaíso salió a referirse a la polémica propuesta del alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres (PS), de restringir -a través de una ordenanza municipal- la circulación de los menores de 14 años que en un determinado horario nocturno no se encuentren acompañados de un adulto responsable.

Y lo hizo tras la presentación que en enero de este año realizó el abogado Luis Cuello y el coordinador de la Federación de Estudiantes Secundarios de Marga Marga, Ignacio Navarro, quienes criticaban que la medida era "arbitraria" y también "discriminatoria".

En esa línea, si bien el organismo -en su resolución número 3.069- aseguró desde un comienzo que al no existir una ordenanza no podían examinar la materia en detalle, de igual forma advirtió que los municipios no pueden imponer "menores o mayores exigencias" que las previstas en la Constitución Política.

Por lo tanto, agregó la Contraloría, "de estimar la Municipalidad de Quilpué que se encuentra facultada para dictar una norma como a la que se refiere, dicha repartición deberá tener especial consideración de la regulación constitucional dada para la materia en el numeral 7 del artículo 19°".

Justamente, dicho numeral, sobre "el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual", señala en uno de sus puntos que "toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio", y que "nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida".

Para el abogado que solicitó el pronunciamiento, la Contraloría "entrega un mensaje claro en el sentido de que la ordenanza no puede vulnerar la libertad personal", agregando que "el alcalde podría insistir, pero la rechazarán por ilegal".

Consultado sobre lo poco explícito que es la aclaración, Cuello aseguró que "como aún no hay un acto administrativo, la Contraloría tuvo que informar de manera general". Aun así, insistió en que "pese al lenguaje que se utiliza, el organismo es bastante claro porque cita una norma constitucional que le impide al municipio -de manera total y absoluta- limitar la libertad de las personas".

Las reacciones al pronunciamiento no se hicieron esperar, sobre todo por el debate que existe en torno a la idea del Gobierno de ampliar el control preventivo de identidad a partir de los 14 años de edad.

Al respecto, la concejala Viviana Núñez (UDI), quien apoya la medida en Quilpué, sostuvo que "como la Contraloría no objeta el fondo del tema, me parece importante que ahora lo analice el Parlamento". "El tema principal es la protección de nuestros niños, por eso es importante analizar todo lo que esté a nuestro alcance", dijo la edil. En tanto, el concejal Renzo Aranda (DC) valoró que el organismo "haya objetado una idea en la que no estoy de acuerdo que el comportamiento de los jóvenes se regule con una mirada castigadora".

El alcalde Mauricio Viñambres dijo que no iba a impulsar una propuesta que fuera anticonstitucional. "En primera instancia, lo que vamos a hacer es una consulta ciudadana, la ciudadanía se va a pronunciar y posteriormente se va a proponer al concejo".

La Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía de Valparaíso logró obtener una sentencia condenatoria en contra del exalcalde de Nogales, Óscar Cortés (DC), y tres exfuncionarios municipales -Aníbal Urbina, Gonzalo Mena y Jacqueline Herrera-, quienes fueron hallados culpables del delito de malversación de caudales públicos por cerca de $228 millones.

De acuerdo a los antecedentes que entregó la Fiscalía durante la dos semanas de juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota, entre 2011 y 2013 los cuatro condenados procedieron a extraer cerca de $ 228 millones con el fin de desviarlos para otros fines, incluso políticos, debido a la elección municipal a la que se encontraba postulando Cortés en 2012.

"Desde una cuenta municipal se obtuvieron diversos fondos para ser utilizados bajo la apariencia de ayudas sociales, que iban en beneficio de habitantes de la comuna, pero evidentemente generando compromisos políticos de respaldo al exalcalde, que en la época enfrentaba una elección municipal", explicó ayer el fiscal de la Urac, Patricio Toro, al término del juicio oral.

En esa línea, el persecutor agregó que fue justamente durante el año 2012 que "la utilización de dicha cuenta fue más considerable, cuyos cobros se ocultaban vía registro como si se tratara de cuentas del municipio u otro tipo".

En cuanto al desarrollo del juicio, y tal como lo había adelantado el abogado del exalcalde, Mauricio Mundaca, los cuatro involucrados reconocieron los hechos. A ello, agregó el fiscal, se "rindieron pruebas testimoniales, de peritos contables, además de evidencia relativa principalmente a documentos contables" del municipio.

Tras la sentencia, el próximo sábado 23 de marzo el Tribunal de Quillota dará a conocer la condena que recibirá cada uno de los involucrados. Según informó el persecutor, la

Fiscalía "solicitó penas dentro del tramo del presidio mayor en su grado mínimo, considerando las declaraciones inculpatorias de los imputados al momento del juicio y durante la investigación".

En el caso del exalcalde, durante la acusación el Ministerio Público había pedido una condena de 14 años. Sin embargo, el abogado de Cortés buscaba que se considerara la irreprochable conducta, la autodenuncia y la colaboración del exalcalde para así obtener una pena que pueda cumplir en un régimen de libertad.

millones es el monto que fue desviado desde una cuenta municipal para otros fines, incluso políticos. $ 228