En la reciente Cuenta Pública, el Presidente Piñera señala "educación de calidad para todos" dentro de sus 5 prioridades. Sin embargo, el contenido de esta agenda reitera lo que ha sido la tónica de este gobierno: propuestas demagógicas que responden más bien a una agenda comunicacional que a resolver los problemas que dicen enfrentar.
En cuanto a educación preescolar, observamos propuestas por aumentar el financiamiento, creando una subvención. Si bien ello es imprescindible, la forma es sumamente relevante. El Gobierno en vez de apuntar a expandir y fortalecer la educación parvularia pública, gratuita y de calidad a cargo de la Junji, opta por crear un nuevo voucher apuntando hacia una expansión del sector privado.
En materia escolar, se apunta a "un puñado de delincuentes" como los responsables del deterioro de la educación pública, al mismo tiempo que señala como solución a los problemas de admisión "valorar el mérito". Con ello se desentiende del sostenido abandono de la educación pública, municipalizada y obligada a competir por recursos en el mercado, que ha tenido como resultado problemas estructurales en infraestructura y condiciones laborales. Se centra la discusión en cómo distribuir escasez de "establecimientos de calidad", oponiendo el "mérito" al "azar", sin enfrentar la falta de escuelas públicas "de calidad". Es más, observamos cómo las reducidas medidas que apuntan a fortalecerla, son implementadas de forma deficitaria o retardada, como la ley de Nueva Educación Pública o los Fondos de Apoyo a la Educación Pública. Nota aparte las formas de abordar los problemas de convivencia, utilizando un pequeño grupo para establecer medidas punitivas, sin formar a comunidades educativas para el mejoramiento del clima escolar.
En educación superior se apunta a expandir la gratuidad en el sector técnico profesional, así como en la creación de un nuevo crédito que reemplazaría al CAE, dejando de lado los principales problemas del financiamiento: los déficits asociados a la gratuidad y el excesivo endeudamiento de las familias en condiciones abusivas. Es más, frente a las iniciativas del CRUCh para enfrentar estos problemas, el Gobierno no sólo ha cerrado las puertas, sino que ha apuntado a que ellas fracasen, como ocurrió con el uso de excedentes del Fondo Solidario en el Tribunal Constitucional. Algo similar ha ocurrido con reparar a deudores del CAE.
El Gobierno habla de proteger a la clase media; sin embargo, en educación no ha hecho más que darle la espalda. Niega las justas demandas de los profesores, hoy movilizados por un trato digno, omite una solución a los cientos de miles endeudados y fortalece las medidas punitivas a los estudiantes movilizados, al mismo tiempo que los hace competir junto a sus padres por la escasa "educación de calidad". Esos estudiantes, profesores, endeudados, apoderados son la "clase media" y es necesario escucharla para que sus expectativas de desarrollo no se vean frustradas. En ese camino, la educación pública no debe ser omitida, sino que puesta en el centro. Aún estamos a tiempo de abandonar el cálculo pequeño, el discurso demagógico, para abordar los grandes desafíos que tenemos en educación.