Dada la magnitud de las decisiones curriculares que se están adoptando con relación al futuro de las y los estudiantes de tercer y cuarto año medio, quienes -de acuerdo a lo informado- no tendrían a partir del próximo año, con carácter obligatorio, las asignaturas de Historia y Geografía y Educación Física, resulta fundamental que antes de resolver esta delicada materia se conozca la opinión fundada de las universidades y otros actores clave. Esta modificación curricular, adoptada por el Consejo Nacional de Educación (CNED), se ha tomado la agenda y discusión pública durante las últimas semanas por su envergadura y consecuencias y, por lo mismo, requiere un debate amplio y profundo, implicando a todos los actores involucrados, especialmente por los verdaderos alcances que este cambio puede producir en las futuras generaciones de jóvenes.

Es al menos complejo que, habiendo sido aprobadas por el CNED las bases curriculares para este cambio en febrero, hasta el momento no se conozca el contenido de dicho documento. Acceder a los detalles y especificaciones de dichas bases no solamente permitiría hacer un análisis informado y serio sobre un tema de alto impacto para la educación, sino que además encaminar así una discusión que nos lleve a adoptar decisiones maduradas, legitimadas y validadas por la sociedad.

En mi calidad de rector y titular de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR), que reúne a 22 casas de estudios superiores, realizo un llamado a formular políticas públicas de cara al país, claras y con la mayor transparencia. Con este cambio no se trata de ganar un punto político o sacar algún tipo de dividendo diferente a los altos propósitos que debe tener la educación. Acá lo que está en juego es la formación de las nuevas generaciones, y a través de ellas, de un proyecto país, que no es patrimonio de un sector, sino de todas y todos. Probablemente sea necesario revisar los contenidos de las asignaturas en general, porque precisamente es necesario incorporar algunas materias inexplicablemente postergadas, como la formación ciudadana. Pero esto no significa dejar como opcional estas asignaturas, al contrario de lo que ocurre en los modelos comparados.

Estos cambios trascendentales de los cuales hablamos y por los que, incluso, se han movilizado masivamente estudiantes y profesores, requieren maduración, socialización y legitimación, y eso se consigue con una activa participación de los actores. También se necesita más coordinación entre las instituciones con competencia en estas materias. Relevo que es positiva la igualación curricular de la educación media humanista-científica respecto a la técnica de nivel medio, porque produce mayor equidad. Pero, no deberíamos pensar en llevar a cabo estas modificaciones sin pedir colaboración a instituciones que tienen como misión formar a las y los profesores de nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto, considero necesario detener esta reforma, con el propósito de darnos el tiempo para hacer una reflexión integral y participativa, que dé cabida a las distintas visiones, como lo exige la democracia, para que la decisión que se adopte sea validada y enriquecida por los distintos actores de nuestro país. Esta reforma curricular debe ser una responsabilidad compartida.

Si algo ocurrió durante esta semana política en la Región de Valparaíso, eso fue el sinceramiento de muchas cosas, entre ellas los verdaderos afectos y lealtades de cara al anticipado Segundo Tiempo del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y también a las elecciones de gobernadores regionales y alcaldes, en 2020, y generales, de consejeros y de parlamentarios, en 2021. En el último caso se renovarán todos los diputados y las senaturías de regiones pares, incluyendo la Metropolitana, lo que guarda una relevancia superior en el entendido de que más de un diputado local haga la apuesta por cambiarse de región para ir por la Cámara Alta. ¿Se les ocurre quiénes?

En ese escenario, la irrupción de la alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices -una UDI desencantada tanto de la mesa nacional como de cómo se llevaron a cabo los nombramientos de seremis y cargos en la Región de Valparaíso de la mano de su expresidente Carlos Briceño- es quizás la señal política más fuerte del último tiempo, con Jorge Martínez, un intendente-candidato en su minuto de mayor fragilidad, dadas las paupérrimas cifras de su gabinete regional y su incomprensible demora en golpear la mesa (a propósito de la exposición de grabados japoneses en el Baburizza, el respaldo que da hoy a sus seremis en estas páginas es un harakiri de credibilidad); y el exintendente y expresidente de EPV, Raúl Celis, prestándose ingenuamente para publicitar asados con Jaime Perry y Carlos Gómez en la casa del exalcalde Jorge Castro. ¿Virginia Reginato como candidata a gobernadora? Una idea que está rondando en la cabeza de no pocos dentro del gremialismo local y nacional.

Consuelo de tontos, como bien dice un seremi oficialista, del otro lado hay poco y nada: nadie sabe a qué juega Beatriz Sánchez (aunque quizás su mayor ganancia por estos días sea el silencio); Jorge Sharp se pierde entre prestarle su sillón al caporal de los Mil Tambores y seguir apostando por un modelo que ya no fue; y el rector Aldo Valle se deja querer como eventual candidato de consenso del Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría, aupado por los diputados Marcelo Díaz y Marcelo Schilling, aunque el primero en dar su nombre fue, nobleza obliga, Andrés Allamand en su libro La Salida.

El otro tema puesto sobre la mesa por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, es el de los equilibrios y los cuoteos políticos. ¿En qué mundo importa más el color del seremi antes que su desempeño y el bienestar de la población? Si hasta Piñera llama de sus cuarteles al doctor Mañalich, Ribera y Jobet para solucionar las cosas, ¿dónde está escrito que un partido como Evópoli, que puede tener una estupenda ministra de Transportes como Gloria Hutt, deba ser el dueño exclusivo de la misma cartera en esta Región, con el año y medio perdido que nos endilgó la actual administración? Si el MOP cuenta con una mediocre ejecución presupuestaria a nivel local (91% en 2018) y este año se empina apenas sobre el 23% para el mes de abril, ¿en serio la mejor apuesta era un chico con tan poca experiencia como el actual? ¿Y Medio Ambiente? ¿De qué era que se trataba eso? ¿Economía, dijo usted? Hable más fuerte, que no se le escucha.

Ya hemos celebrado la reciente cuenta pública del presidente Piñera. Indudablemente trajo consigo buenas noticias para el desarrollo territorial. Además de los 126 mil millones de dólares anunciados para los próximos 6 años a lo largo de Chile, el ejecutivo se refirió finalmente a distintos proyectos estratégicos esenciales para el desarrollo de Valparaíso. Hablamos del tan anhelado tren de alta velocidad a Santiago y de la extensión del Merval hasta La Calera.

Sin embargo, resulta también evidente que el compromiso del gobierno con el desarrollo territorialmente equitativo de nuestro país podría ser aún más claro. Un ejemplo de esto lo vemos en la actitud del ejecutivo frente al proceso de descentralización en curso. Sin ir más lejos, en la celebrada cuenta pública el Presidente no se refirió a la elección de intendentes del próximo año (habría sido pertinente zanjar el tema considerando las voces oficialistas que buscan un aplazamiento) y tampoco al envío de una nueva ley de rentas regionales. Estas señales, de alguna u otra forma, sugieren que La Moneda seguirá la inercia del proceso descentralizador, pero sin mayor convencimiento o proactividad.

Pero lo que sí hizo el Presidente -en buena hora- fue referirse a los problemas que presenta la actual legislación, especialmente cuando hablamos del traspaso de competencias desde el nivel central al subnacional. En ese marco se anunció la creación de una mesa transversal para diagnosticar y proponer soluciones.

Compartimos estas apreciaciones del P==residente. La actual legislación es deficiente y hay que mejorarla. Eso no está en discusión. El punto es, más bien, determinar desde qué vereda propondremos soluciones. Mientras existe una facción de parlamentarios que parece ver como única alternativa la postergación de las próximas elecciones, existen otros actores que desde hace un tiempo vienen trabajando en propuestas concretas para destrabar los conflictos. Hablamos de senadores, diputados, fundaciones, universidades y centros de estudio que parecen estar convencidos de los beneficios del actual proceso. Y eso no es insignificante, pues parece ser que ese es precisamente el fondo del asunto. En concreto, ¿creemos en la descentralización como motor del desarrollo? Esa es la primera pregunta que debemos sincerar.

Si lo que pretenden algunos parlamentarios es sencillamente satisfacer la "pataleta regionalista", es muy probable que la liviandad del relato termine sucumbiendo ante eventuales intereses electorales. Si lo que buscamos es el desarrollo integral de nuestro país -y vemos en la descentralización la condición esencial para lograrlo-, la actitud frente a los problemas del proceso cambia.

Desde la Fundación Piensa suscribimos a esta segunda mirada. Por lo mismo, esta semana hemos dado a conocer siete medidas que pretenden hacerse cargo de diversos problemas de la actual normativa. El documento, a cargo de Maximiliano Duarte, propone un órgano para la resolución de conflictos entre el nivel central y el regional, un mecanismo para eliminar la discrecionalidad presidencial en el proceso, una regulación especial para las áreas metropolitanas, entre muchas otras cosas.

La elección de los nuevos gobernadores regionales podrá gatillar un cambio sustancial en el destino de nuestro país. Pero para que la transformación sea positiva, urge que todos nos ocupemos del problema. Por lo mismo, como en muchos otros aspectos de la vida, la invitación es a trabajar más que a reclamar.