El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota despachó la orden de detención para Cynthia Marín, la exconcejala limachina condenada a cinco años y un día por estafas reiteradas y a la pena accesoria de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos.
La orden fue emanada este miércoles: "Despáchense orden de detención por ambas policías en contra de las sentenciadas, para los efectos que sean ingresadas a Gendarmería a cumplir con la pena impuesta".
El caso se originó hace cuatro años, cuando la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación por eventuales irregularidades en el manejo de dinero por parte de la "Agrupación para el Desarrollo de la Familia", la cual Marín ayudó a constituir.
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía Regional, los proyectos de esa agrupación, que debían ejecutarse en Limache, no se llevaron a cabo o su realización fue deficiente, al punto que durante el juicio oral se expuso que los talleres efectuados tenían una inversión de sólo $ 150 mil. Incluso, el Ministerio Público acusó a la otra condenada en el caso -Catherine Carrasco- de presentar facturas ideológicamente falsas al momento de rendir las iniciativas.
En el juicio oral, realizado en abril del año pasado, Cynthia Marín aseguró que abandonó la agrupación una vez que ya estaba constituida, pero el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota falló en su contra y dijo en su sentencia que "resultó acreditado que (Marín) tenía perfecto conocimiento de la existencia de los fondos, que tenía el control de los mismos y que dispuso lo necesario para obtener materialmente ese dinero".
Policías trabajando
Para el fiscal Patricio Toro, a cargo de la investigación que derivó en la condena, "se está dando curso normal, de acuerdo a la ley, del cumplimiento de una sentencia".
Las órdenes de detención, tanto para Marín como para Catherine Carrasco, podrán ser ejecutadas por cualquiera de las dos policías, aunque los antecedentes fueron entregados a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) , explica Toro.
"A partir de esta orden, las policías, y en concreto la Bridec, están trabajando para la ubicación de ambas condenadas, para dar con su paradero", dijo.
El abogado defensor de Marín, Juan Carlos Manríquez, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para que la exedil pueda cumplir su condena en un régimen de libertad vigilada y no en presidio, como obliga la actual sentencia.
Dicha acción, interpuesta el lunes de esta semana, podría tomar desde 10 días a unos tres meses en resolverse, estimó, por lo que pidió la suspensión de la orden de detención mientras se tramite el recurso.
"La queja está siendo tramitada y dentro de las próximas horas se debe resolver sobre su admisibilidad y sobre la suspensión del procedimiento que pudiera continuar contra la señora Marín mientras no se falle por la Corte Suprema".
"Devolver la justicia"
Añadió: "Estamos pidiendo que la Corte Suprema, haciendo cumplir lo que dispuso previamente, falle ese punto y si lo acoge deje claro que se trata de un delito continuado de estafa y no de varios, y por lo tanto, rebaje la pena a 5 años con beneficio de libertad vigilada, y que la señora Marín pueda cumplir en libertad. Eso es lo que le devolvería la justicia a este caso y no encarcelar a una mujer de manera desproporcionada como se ha pretendido hacer hasta ahora".
Al respecto, el fiscal Toro expuso que "eventualmente esto podría suspender la orden de detención a través de una orden de no innovar, pero la Corte Suprema no ha emitido pronunciamiento al respecto y mientras eso no exista lo que corresponde hacer es que las órdenes de detención se ejecuten. Lo que la Fiscalía espera es que se dé cumplimiento de una vez a la sentencia dispuesta por la Ilustrísima Corte de Apelaciones y las condenadas cumplan su condena".
¿Qué pasa si no es encontrada?
El fiscal de la Urac Patricio Toro explicó el procedimiento y tiempos para detener a una persona y qué pasa si no es encontrada. "La primera búsqueda que harán las policías será en sus domicilios. Si no son halladas ahí y no hay noticias de su paradero, porque puede que no estén ahí transitoriamente pero algún familiar dice que llegará más tarde y en tal caso no hay problema, pero en el caso anterior podría considerarse prófugas de la justicia. Eso es a partir de la llegada de las policías a los domicilios de las imputadas", dijo.
