La semana pasada, los termómetros se dispararon a niveles récord en Europa, superando los 42 grados en París. Tales sucesos se sumaron a una cascada de recientes malas noticias relacionadas con el clima mundial, que ha derretido el optimismo que pudo abrigarse hace pocos años. En octubre pasado, un nuevo reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que recoge el consenso científico sobre la materia, concluyó que el máximo tolerable de aumento de la temperatura en relación a la era preindustrial es de 1,5 grados y no de 2 como se había asumido, lo que requeriría reducir las emisiones de CO2 respecto de los niveles de 2010 en un 45% en 2030 y conseguir su completa neutralización en 2050. Tales emisiones habían registrado una esperanzadora caída a nivel planetario en 2015. Pero desde entonces han vuelto a aumentar y cada año más que el anterior. Datos parecidos nos llegan sobre la selva amazónica, cuyo ritmo de deforestación, luego de experimentar un drástico declive entre 2005 y 2012, se acelera de nuevo.

No faltan quienes nos dicen que no hay más remedio que sustituir el sistema capitalista. Pero la pretensión de someter al mundo a las conocidas penurias de las fracasadas recetas socialistas es un sinsentido que solo se explica por una cruel terquedad ideológica, comparable a la de quienes niegan la evidencia del calentamiento global. Otros pregonan el cambio en nuestra vida cotidiana, a veces con un tono cercano a lo religioso. Pero, aunque algunas ayudan, muchas de esas iniciativas contribuyen más a la autoestima o la imagen de sus protagonistas que a la solución del problema.

Lo más importante es reformar una vez más el capitalismo mediante apropiados incentivos de mercado provenientes de una intervención estatal sensata. En enero, un grupo de economistas ideológicamente plural, donde estaban desde Alan Greenspan hasta Amartya Sen, y que incluyó a 27 premios Nobel, abogó por la introducción de un impuesto creciente a los combustibles en función de las emisiones de carbono que produzcan, como el que adoptó el año pasado el gobierno liberal de Canadá. La evidencia sobre el efecto de esos impuestos en la reducción de emisiones es muy positiva. A la vez, hay muchas formas de compensar las consecuencias negativas que podrían producir, especialmente para los más vulnerables. No es necesario aumentar la carga tributaria, porque ese impuesto podría ser compensado con la reducción de otros, especialmente los más regresivos, como el IVA. También se podría subsidiar a los menos adinerados más afectados por el impuesto. O, como plantearon los economistas aludidos, se podría devolver todo o parte de la recaudación en partes iguales a los ciudadanos, de modo que los que menos contaminan resultaran económicamente beneficiados.

En Chile, donde el diesel, aunque es más contaminante que la bencina, paga menos impuestos que ésta, y donde muchas empresas de transporte pueden evitar el impuesto a los combustibles, hay mucho que hacer en la materia. Esos son los temas que cualquier análisis serio sobre el problema, que no se quede en un retrógrado oportunismo ideológico ni en la autoadoración narcisista, debe abordar.

El gobierno está embarcado en un proceso profundo de modernización de la Defensa Nacional, y por ende de las Fuerzas Armadas y de lo que podría llamarse el ecosistema de la Defensa. Por de pronto, este proceso, puede ser considerado -quizás- es el más ambicioso que un gobierno chileno haya decidido realizar desde la llegada a fines del siglo XIX de la misión militar prusiana que venían a modernizar el Ejército o la creación de la Fuerza Aérea Nacional en 1930 al unir los servicios aéreos militares y navales.

La modernización de la Defensa del 2010 que se manifiesta en la Ley N°20.424 fue un avance, pero fue de alcance limitado y más bien de impacto administrativo, porque en la práctica, aparte de la transformación del Estado Mayor de la Defensa Nacional en el Estado Mayor Conjunto y el reemplazo de las subsecretarías por servicios por las de Defensa y Fuerzas Armadas, no pasó nada mucho más debido a que no se afectaron mayormente aspectos fundamentales que ahora si están siendo revisados, en donde los más importantes son el reemplazo de la "Ley del Cobre" por el nuevo esquema de financiamiento de las capacidades estratégicas; sistemas y procesos de control interno y de auditoria externa; ordenamiento de los gastos reservados y administrativos, en donde el más público es la modificación del proceso de compras de pasajes que tuvo un alto impacto en el Ejército.

También está la actualización de la política de Defensa que pasa de ser descriptiva a orientadora con las consecuencias que ello debería tener en la libertad que las instituciones traían históricamente en esta materia, en donde si bien es cierto, siguen habiendo espacios para la voz institucional, es la voz del Ejecutivo la que va a primar porque pasaremos a ver la defensa de Chile como un todo y desde una perspectiva conjunta, y por último, la más importante de todas las acciones, la modificación de la carrera militar, la que más que necesariamente modernizadora, busca alargar las carreras de oficiales, clases y gente de mar objeto no desaprovechar talentos que se pierden temprano, y por otro lado, y como una externalidad positiva de lo anterior, disminuir el costo previsional, el que está demás decir, ha alcanzado niveles difíciles de manejar y justificar políticamente en un país en donde, a pesar de las buenas razones que puedan haber para justificarlas, son superiores a lo que saca un chileno promedio al jubilar a los 65 años de edad.

La modificación de la carrera militar es lo más importante porque afecta directamente a quienes actualmente están en servicio y por ende a quienes tendrán que sacar adelante y a la vez recibir los impactos de este tremendo paquete de medidas modernizadoras.

Los procesos de cambios requieren de un manejo inteligente de las tensiones que se aplican. La idea es llegar a puerto sin que explote la olla de presión y es por ello que junto con la tensión que se realiza, se recomienda que se haga uso de herramientas de contención y de la práctica de la prudencia, ya que, de lo contrario, podemos hundirnos en ruta. Cuidado con lo que se haga con la gente, porque un mal manejo de los aspectos relacionados a ellos puede generar resistencia innecesaria, y terminar torpedeando el esfuerzo modernizador completo.

La quinta versión de opinión política en la Región de Valparaíso dada a conocer esta semana por la incansable Fundación Piensa y llevada a cabo por Ipsos Public Affairs se ha constituido en el último lustro en una indispensable herramienta de medición sobre la percepción del desempeño de las autoridades locales. El ejercicio, único en Chile, pareciera relevar la sintonía (y la ausencia de ella) respecto del quehacer de los personeros de elección popular (alcaldes, parlamentarios y el Presidente), como de los designados (intendente y gobernadores provinciales).

Esta vez, y en línea con los sondeos nacionales, el Presidente Sebastián Piñera sube en su desaprobación y baja, también ostensiblemente, en su aprobación, con interesantes picos positivos (Concón) y negativos (Valparaíso y Los Andes). En la misma línea, la aprobación del Gobierno también revierte la luna de miel de su primer año de ejercicio en la Región, con La Ligua y Quillota como los más conformes y Quilpué, Valparaíso y Los Andes en el opuesto. En términos de progreso del país, el sentimiento de estancamiento se ve reforzado.

El conocimiento de las autoridades, acaso el tesoro más preciado para los políticos en la antesala de un año electoral sorprende con figuras como los alcaldes de San Antonio, Omar Vera, y de La Ligua, Rodrigo Sánchez, entreverados en los primeros lugares con los de Viña del Mar, Virginia Reginato, y de Valparaíso, Jorge Sharp.

Entre los parlamentarios, los años de circo parecen favorecer a los senadores Lagos Weber, Chahuán y Allende, en desmedro del novel Pugh. En el caso de los diputados, la marca de Andrés Longton supera con largueza a sus colegas; y, en el de los gobernadores, la jefa provincial de Petorca, María Paz Santelices, y el de San Felipe, Claudio Rodríguez, se imponen a sus pares.

El conocimiento general de las autoridades, tal como refrendó el presidente de Piensa Gonzalo Bofill en la ceremonia, pareciera ser directamente proporcional a la cercanía territorial del cargo. Esto es, los alcaldes generan mayor recordación que otros que representan territorios más extensos, como es el caso de los parlamentarios, aun cuando un senador como Lagos Weber vuelve a ser el más conocido de la Cámara Alta, marcando los cuatro senadores la misma evaluación dentro del error muestral.

En la Cámara Baja, la evaluación de diputados del distrito 6 como Carolina Marzán, Daniel Verdessi y Camila Flores apabullan a los restantes, con el diputado Osvaldo Urrutia a la cola.

Entre los alcaldes, y ya no es novedad, el de Quillota, Luis Mella, vuelve a imponerse como el jefe comunal mejor evaluado de la Región, seguido por José Sabat (Villa Alemana) y Sharp. En las antípodas asoman los más conocidos, Reginato y Omar Vera.

Como ha sido dicho, los innegables esfuerzos de la Fundación Piensa deben ser valorados como tales, a la espera de que las autoridades regionales, provinciales y comunales hagan la lectura correcta de cómo ayudar a que la Región dé el salto necesario.