Contraloría demanda a Reginato y a 24 funcionarios en base a auditoría de enero
VIÑA DEL MAR. Organismo presentó demanda para perseguir responsabilidades civiles por $ 138 millones defraudados en seis aristas.
La Contraloría Regional de Valparaíso inició una demanda que derivó en un juicio de cuentas contra la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y 24 funcionarios y directivos del municipio viñamarino, en base a dineros indebidamente pagados por $ 138 millones, los que fueron detectados en el informe de auditoría N°577, de enero de 2019.
El organismo realizó dicha investigación durante el año 2018 y analizó el comportamiento financiero de la casa consistorial del año 2017. En la indagatoria, detectó que hubo un pago exorbitante de horas extras, contrataciones indebidas, pagos fuera de norma - caso del Reloj de Flores -, contrataciones por parentesco, dobles funciones municipales, información errónea y deuda de facturas, entre otros. Además, descubrió que a diciembre de 2017 existía un déficit financiero de $ 17.585.250.174.
En ella también determinó que había al menos seis temas en los que consideraba necesario hacer reparos o demandas civiles contra los responsables.
Tras varios meses de revisión, estos se presentaron el 2 de julio de este año ante el Tribunal de Cuentas, organismo de la Contraloría General de la República que trabaja de forma autónoma al órgano contralor.
Busca restituir dineros
Contraloría demandó a 25 funcionarios municipales, incluida la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Virginia Reginato, por un total de $ 138.057.323. El principal objetivo de esta acción judicial es obtener la restitución de los recursos públicos mal percibidos o mal pagados, según sea el caso, que han producido perjuicio al municipio.
A esa lista se suman varios directivos, funcionarios de departamentos de Administración y Finanzas, Control, Personal, Operaciones y Servicios y otros, como Pablo Staig, Javier Infante, Abel Saavedra, Manuel Echeverría, Luzmira Madariaga, Carlos White, Rodolfo Acevedo, Hugo Espinoza, Eric Acevedo, Eduardo (Patricio) Moya, Waldo Ceballos, Miguel Salvo, Erwin Jacome, Jaime Arenas, Eduardo Moya, Arturo Baos, Marcia Mena, Alamiro Arias, Ricardo Muñoz, Jaime Grondona, Claudio Morant, Mario Araya, Francisco Brain y Jorge Cafena.
En las últimas semanas, el organismo notificó a las 25 personas, involucradas, quienes tienen 15 15 días hábiles para contestar la demanda. El proceso tiene dos instancias, tras lo cual es posible que los demandados puedan insistir ante los tribunales ordinarios si lo consideran necesario.
Si la demanda la gana Contraloría, el funcionario en cuestión deberá pagar de su propio patrimonio los montos que determine el tribunal. Es necesario precisar que cada demandado deberá responder por los dineros indebidamente pagados dependiendo de su propia responsabilidad pecuniaria, en cada caso.
Entre los seis argumentos que tiene la Contraloría para respaldar su causa está la arista de contratos a honorarios: "Corresponde perseguir en la responsabilidad civil extracontractual de don Pablo Staig Araujo (...) de asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales y la de efectuar los pagos municipales y manejar la cuenta bancaria respectiva", además del cumplimiento del reglamento municipal, funciones que cumplió "negligentemente" al firmar diez decretos de pago de 2017, "sin advertir que los antecedentes adjuntos no permitían verificar el cumplimiento efectivo de las labores contratadas".
Una segunda arista tiene que ver con los pagos efectuados a la empresa Proexi Ltda., en la que también se menciona a Staig, en su calidad de director de Administración y Finanzas respecto a seis decretos de pago de 2015; diez de 2016; once de 2017 y dos de 2018 "sin advertir que se estaba pagando por servicios que no estaban siendo utilizados por ese municipio".
"Omisión culpable"
En este acápite también se menciona a Luzmira Madariaga por haber firmado dos decretos, en 2016 y 2018; a Manuel Echeverría por suscribir bajo esa calidad dos decretos de pago de 2016 y 2017 y a Javier Infante por visar bajo ese cargo tres decretos de pago de 2018.
El tercer punto es el de gastos en representación, protocolo y ceremonial. "Virginia Reginato Bozzo no dio cumplimiento a su deber de supervigilancia, por cuanto no veló que sus subordinados dieran estricto cumplimiento a las norma legales que regulan el desembolso que en definitiva resulta objetado, aun cuando haya delegado la firma de los actos en cuestión, por cuanto independiente de dicha acción el control jerárquico subsiste. De lo contrario la figura de delegación, más que un instrumento para agilizar la gestión pública, se constituiría en una forma de eludir la responsabilidad que la normativa entrega formalmente a las autoridades en el ejercicio de su cargo".
En tal sentido, añade que "esa autoridad comunal no dio cumplimiento a su deber de supervigilancia, por cuanto no veló que sus subordinados dieran estricto cumplimiento a las normas legales que regulan los desembolsos que en definitiva resultaron objetados, por lo que corresponde perseguir su responsabilidad civil extracontractual, pues aquello configura una omisión culpable y actuar negligente".
La cuarta arista está relacionada a pagos efectuados a la empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A., y la Contraloría también busca perseguir la responsabilidad civil extracontractual de la alcaldesa "por haber suscrito el decreto alcaldicio" para la reparación del Reloj de Flores "sin advertir que aquellos montos referentes a retiro de escombro y ornamentación floral no resultan procedente, atendido que dichos gastos debían ser asumidos por la empresa".
En el quinto lugar están los pagos a favor de la empresa González y Fierro Ltda., donde el organismo menciona a Staig y Madariaga que no advirtieron, como director de Administración y Finanzas ambos, que "se estaba pagando por un número de personal que la empresa en cuestión no proveyó". También se acusa a Echeverría y Saavedra como directores del Departamentos de Finanzas por no "reparar que la empresa informó personal que no desempeñó funciones en ese municipio"; y a Acevedo y Espinoza; por firmar decretos de pago, bajo su calidad de directores de Control del municipio, "sin haber supervisado el fiel cumplimiento de los contratos".
Finalmente, se demanda sobre los pagos efectuados a las empresas Piamonte S.A. y Rene Godoy Cía. Ltda. y se menciona nuevamente a Staig respecto de que autorizó pagar por concepto de uso de autopistas concesionadas siendo que "tales costos eran de cargo de la empresa" y que tampoco reparó en que "los antecedentes acompañados no permitían verificar cuáles vehículos fueron los que transitaron por las autopistas concesionadas (...) y si aquellos correspondían a las flotas adjudicadas".
"Esa autoridad comunal no dio cumplimiento a su deber de supervigilancia, por cuanto no veló que sus subordinados dieran estricto cumplimiento a las normas legales que regulan los desembolsos que en definitiva resultaron objetados"
Contraloría Regional, de Valparaíso
Municipio prestará toda su colaboración
El administrador municipal de Viña del Mar, Claudio Boisier, comentó que "este juicio de cuentas, que se inició hace un par de meses atrás, se realiza de acuerdo a las conclusiones contenidas en el informe final de Contraloría Nº 577 del 2018 que se dio a conocer en enero pasado, por lo que no son temas distintos sino que tiene que ver con la forma de seguir con los temas que fueron observados en su oportunidad (...) Como siempre, el Municipio entregará todos los antecedentes que sean requeridos y prestará toda su colaboración para esclarecer los hechos".
$ 138 millones es lo que pide restituir la Contraloría Regional a 25 funcionarios, incluida la alcaldesa.