El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó ayer la suspensión condicional por un año del proceso que se estaba desarrollando por el caso de colusión de farmacias, luego de que la defensa aceptara las condiciones propuestas por el Ministerio Público. Los 10 imputados deberán donar $ 255 millones a ONG sin fines de lucro relacionadas con la salud y tendrán que asistir a un programa de capacitación sobre ética empresarial por un año.

"Los imputados de este grave delito se han comprometido a desarrollar conductas preventivas en las respectivas empresas, en orden de evitar que este tipo de situaciones de colusión, que perjudican claramente a los ciudadanos chilenos, vuelvan a repetirse. También se han aprobado condiciones que implican que los imputados deben reparar a la sociedad chilena por los delitos cometidos", explicó el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes.

Entre las donaciones figuran algunas a la corporación Nacional del Cáncer, a la Liga Chilena contra la Epilepsia, la Cruz Roja y Coaniquem. "De esa forma, vemos una parte de la reparación necesaria por este ilícito", sostuvo Montes.

En este proceso están imputados Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Farmacias Ahumada; Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde; Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand, y Mario Zemelman, de Laboratorio Medipharm.

Mayores montos

Entre los ejecutivos que deberán donar los mayores montos fijados por la justicia están Ricardo Valdivia, que deberá entregar $ 30 millones en productos farmacéuticos a Coaniquem, y Sergio Purcell , que se le exigió donar $ 26 millones a la Liga Chilena contra la Epilepsia, $ 26 millones a la Corporación Nacional del Cáncer y $ 5 millones a Coaniquem.

Las condiciones fijadas ayer se suman a las penas establecidas por el Tribunal de Defensa a la Libre Competencia (TDLC), que en septiembre del año pasado aplicó multas de US$ 19 millones a Salcobrand y Cruz Verde.

El caso tuvo su origen en diciembre de 2008, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) demandó ante el TDLC a las tres principales cadenas de farmacias del país -Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand- acusándolas de haber subido concertadamente los precios de más de 200 medicamentos dede diciembre de 2007, asegurando tener "pruebas serias" de dicha colusión.

En marzo de 2009 se hizo público un acuerdo conciliatorio entre FASA (Farmacias Ahumada) y la FNE, en el cual la cadena confesó haber incurrido en actos contrarios a la libre competencia junto con Cruz Verde y Salcobrand.

El caso provocó fuerte impacto público e incluso marcó por algunas semanas el debate en medio de la campaña presidencial de 2009, luego de que se revelara que Sebastián Piñera era accionista de FASA.

Fiscal critica las sanciones

El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, aseguró que la legislación existente hoy en Chile "es insuficiente para hacerse cargo de la colusión como un fenómeno delictivo que afecta a los chilenos". "Este delito es grave y debe ser sancionado drásticamente", dijo Montes. El senador del PPD Guido Girardi informó ayer que se presentó un proyecto de ley en el Congreso que busca modificar las sanciones establecidas en el Código Penal para estos delitos.