La Moneda debió salir ayer a negar que estén trabajando en un proyecto de ley que permita a los presos votar cuando no han sido condenados o no tienen penas que le quiten la ciudadanía, como se lo exigió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que acusaba al Estado de violar un derecho consagrado en la Constitución al impedir el sufragio.
La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, desmintió al mediodía incluso a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, quien había afirmado en la mañana que la supuesta iniciativa no consagraría ningún nuevo derecho, sino que se trataba de un mecanismo que adecuaría la situación a lo que establece la Carta Magna.
El comando de la candidata presidencial oficialista, Evelyn Matthei, había expresado su rechazo a una iniciativa de este tipo, lo que ayer reiteró.
"Lamentamos la confusión, pero nunca ha estado en la mente del Gobierno mandar un proyecto de ley que permita que estas personas, que ya cuentan con el derecho constitucional para votar, lo puedan ejercer vía un mecanismo de procedimiento que le correspondería implementar al Servel", dijo Cecilia Pérez.
"Los ministros podemos tener muchas opiniones, pero quien resuelve es el Presidente y él nunca ha tenido la idea de mandar un proyecto así", aseguró.
El tema había sido planteado recientemente en una reunión entre el Ejecutivo y el INDH, que advirtió que la vigencia de la inscripción automática y el voto voluntario habían implicado un cambio que obligaba al Estado a garantizar que existieran las condiciones para que todas las personas pudieran sufragar si lo deseaban, ya sea si estaban encarcelados u hospitalizados.
Patricia Pérez había recordado en la víspera que la Constitución establece que los imputados que están en prisión preventiva y que no han sido acusados por un delito que no merezca pena aflictiva, es decir, de tres años y un día hacia arriba, mantenían el derecho a voto. Lo mismo correría para personas que arriesgaban condenas inferiores a esos años.
no es prioridad
La ministra aseguró que garantizarles ese derecho no se lograba subsanar a través de una medida administrativa del Servicio Electoral (Servel), por lo que se requería un proyecto de ley, que La Moneda discutiría.
La idea fue duramente criticada durante el fin de semana por la candidata Evelyn Matthei. Cecilia Pérez ayer la justificó. "Probablemente no tenía toda la información del caso, pero dio a conocer la misma opinión que tiene el Presidente de la República", aseguró la ministra.
El comando de la candidata ayer insistió en sus críticas. Su vocera, Lily Pérez, dijo que esta materia no estaba dentro de las "prioridades", mientras que el miembro del comité estratégico, Juan Antonio Coloma, agregó que "que los reclusos puedan votar nos parece una señal confusa en cuanto a cómo enfrentar la delincuencia".
El asunto también fue discutido en la reunión de comité político del Gobierno. El secretario general de RN, Mario Desborde, dijo que le "preocupan harto más" los gendarmes que no pueden votar, que los reos.
El presidente de la UDI, Patricio Melero, aseguró que ésta era una "mala propuesta del INDH (...) y me alegro que el Gobierno haya resuelto no darle respaldo. La opinión pública no lo entendería".
Enterada del anuncio oficialista, la candidata Matthei afirmó que estaba "feliz de la vida" por el freno, porque ella no estaba "para nada de acuerdo con que se den facilidades a los reos".
"DECISIÓN ELECTORAL"
La presidenta del INDH, Lorena Fries, calificó la decisión del Ejecutivo como "pésima". A su juicio, el rechazo obedece más bien "a un contexto electoral" que al fondo del asunto.
La autoridad advirtió que si no se realiza una modificación que garantice el sufragio, "lo lógico sería reformar la Constitución".
Fries explicó que hasta la vigencia del voto voluntario, los chilenos solían apelar a excusas para no sufragar, siendo la más habitual encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de inscripción. Según el instituto, la eliminación de los subterfugios obligan al Estado a ofrecer las condiciones para que todos puedan ejercer ese derecho si lo desean, agregando que con ello se incluye a los presos, los enfermos postrados, hospitalizados y a quienes viven en zonas apartadas.
Para resolver lo que llamó una "grave infracción a los derechos humanos", propuso un sistema que les permita sufragar anticipadamente para que sus votos lleguen y se contabilicen en sus domicilios electorales.
Gendarmes critican la falta de debate
La Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile coincidió en que el Estado debe crear un mecanismo "para que las personas privadas de libertad ejerzan este derecho" consagrado en la Constitución. El gremio lamentó "profundamente que tanto el Gobierno, políticos y sociedad en general sólo emitan su opinión respecto al problema carcelario frente a tragedias o conveniencia mediática, como es hoy el caso", pero no "instale un debate serio, ya que hablar de la cárcel no es popular ni otorga dividendos electorales".
algunos antecedentes de la discusión
Constitución La Carta Magna establece que para perder derechos ciudadanos hay que estar condenado a una pena aflictiva, es decir, que supere los tres años y un día.
La observación El Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió que este derecho se estaba vulnerando tanto en los condenados como en quienes están presos como imputados.
Negociaciones El Ejecutivo comenzó una ronda de conversaciones para cambiar la situación, lo que según la ministra de Justicia requería un proyecto de ley. Ayer La Moneda desechó la idea.
