La aerolínea LAN recurrió ayer ante la justicia argentina la orden de desalojo de un hangar en un aeropuerto de Buenos Aires dictada por el Gobierno de Cristina Fernández, mientras que sindicatos aeronáuticos anunciaron una huelga si se confirma la expulsión.

"Sin el hangar la actividad de la compañía es inviable operativamente", justificó el director de Asuntos Corporativos de LAN Argentina, Agustín Agraz, al presentar el recurso de amparo ante un juzgado federal de Buenos Aires.

Según Agraz, la orden de expulsión del hangar del Aeroparque Jorge Newbery, destinado a vuelos nacionales y regionales, es el "más grave de una serie de embates" contra LAN en Argentina, entre los que citó la prohibición de llevar aviones, el cierre de rutas o la discriminación de pasajeros.

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) comunicó la semana pasada a la aerolínea que tenía 10 días para abandonar el hangar que ocupa en el segundo aeropuerto porteño, desde el que LAN opera 14 vuelos domésticos.

El ORSNA, dependiente de la Secretaría de Transporte argentina, argumenta que la medida, anunciada en noviembre, afecta también a otras compañías y tiene como objetivo reorganizar el espacio aeroportuario.

LAN confía en que la justicia argentina dicte antes del jueves una medida cautelar que frene la expulsión, tras el precedente favorable logrado por las empresas de taxis aéreos Mac Air y Tango el pasado viernes.

Un juez federal dejó en suspenso el desalojo de ambas empresas hasta que haya un fallo sobre sus recursos de amparo contra la expulsión.

anuncio de huelga

A la espera de la resolución en los tribunales, los trabajadores de LAN Argentina protestaron en el aeropuerto y cortaron algunas calles adyacentes al Aeroparque en defensa de los 3.000 puestos de trabajo de la compañía. Los sindicatos de personal técnico aeronáutico (APTA) y de tripulantes de cabina (ATCPEA) se pronunciaron a favor del mantenimiento de LAN en el hangar aeroportuario y anunciaron que, de confirmarse la expulsión, realizarán "un paro total de actividades desde el momento en que se inicie el desalojo".

El ministro de Economía, Félix de Vicente, reconoció que el tema "preocupa" y pidió que se garantice la no discriminación de las inversiones.

El abogado de Barrick Gold, José Antonio Urrutia, explicó que la firma espera que se confirme el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó del 15 de julio, el que resolvió paralizar las obras del proyecto, hasta que se adopten todas las medidas contempladas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

"La empresa ha reconocido que ha cometido infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por lo tanto, creemos que el fallo se ajusta a derecho", explicó.

Añadió que "como empresa esperamos ahora hacer las cosas bien. Estamos cumpliendo con todo lo que nos dice la autoridad, con todos los requerimientos y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que este proyecto se haga con pleno cumplimiento y apego a la legislación vigente y a las resoluciones administrativas y a lo que disponga la autoridad y las comunidades vecinas".

De acuerdo a la resolución, Barrick debe trabajar en el funcionamiento del sistema de manejo de aguas y adoptar medidas ordenadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

Las declaraciones surgieron ayer en los alegatos en la Tercera Sala de la Corte Suprema respecto del proyecto minero Pascua Lama, impulsado por la firma canadiense.