En prisión preventiva dos imputados en caso fraude en la Intendencia Regional
Valparaíso. Cautelar fue impuesta a Enrique Kittsteiner, abogado y exjefe de gabinete del intendente Raúl Celis, y al exjefe del Departamento de Administración y Finanzas, Sergio Núñez.
En prisión preventiva "por constituir un peligro para la sociedad" quedaron ayer dos de los tres imputados en el caso de malversación de caudales públicos en la Intendencia de Valparaíso: Enrique Kittsteiner y Sergio Núñez.
Los imputados fueron formalizados por cinco delitos supuestamente cometidos durante el año 2012, en Valparaíso, y en los que habrían defraudado más de 147 millones de pesos. El tercer imputado en este caso, Claudio Uribe, no se presentó a la audiencia, por lo que fue fijada una nueva para el 2 de diciembre.
Durante la jornada de ayer, el fiscal José Uribe recordó a la jueza Cristina Cabello que el imputado Sergio Núñez ya había sido formalizado en mayo pasado por la falsificación de su título profesional de ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María.
El persecutor precisó al tribunal que fue dicho documento falso el que le permitió a Núñez ser contratado como jefe del Departamento de Administración y Finanzas (DAF), cargo de confianza del actual intendente, Raúl Celis, y por recomendación del diputado Joaquín Godoy.
proyectos no ejecutados
Siguiendo con la formalización, el persecutor reveló antecedentes del segundo caso investigado y por el que se financiaron cuatro proyectos -no ejecutados- por un monto de 134 millones de pesos.
En la ocasión sostuvo que a mediados del año 2012, Núñez, en su cargo de jefe del Departamento de Administración y Finanzas, Enrique Kittsteiner y Claudio Uribe, sustrajeron dineros correspondientes al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es para los ítems de cultura, deporte y seguridad ciudadana.
De acuerdo con los antecedentes entregados en la audiencia, Sergio Núñez, compareciendo como jefe de la DAF y en su calidad de encargado del concurso de subvenciones destinadas a dichos proyectos, participó en la asignación directa -omitiendo el procedimiento concursal- de fondos del presupuesto 2012.
Entre las entidades beneficiadas con este procedimiento ilegal se encontró la organización "Valparaíso Joven", a la que se le adjudicaron cuatro proyectos denominados "Enfoques", por 24 millones 700 mil pesos; "Capacitación de los Vecinos para Seguridad de los barrios de Viña del Mar, por $40 millones; "Capacitación de los Vecinos para Seguridad de los barrios de Valparaíso", por 30 millones de pesos y "Campeonato Intervecinal de Fútbol Hombre y Mujeres, $ 40 millones más.
Uribe reiteró al tribunal que ninguno de los proyectos adjudicados entre octubre y noviembre del año 2012 se ejecutaron y que los dineros asignados a dichos proyectos fueron sustraídos por los querellantes.
La organización "Valparaíso Joven", a través de su representante legal, Claudio Uribe -exfuncionario del Gobierno Regional-, en el marco de la rendición de cuenta que dicha entidad realizó ante el Gobierno Regional, correspondiente a los fondos adjudicados en los proyectos antes mencionados de seguridad y deporte, presentó diversas facturas de la sociedad denominada "Asesorías Proyectos y Capacitación Ltda.".
Sin embargo, de acuerdo con la declaración prestada por César Mellado Muñoz, representante de dicha sociedad, "dichas facturas fueron emitidas por servicios inexistentes, con el único fin de justificar o aparentar la legitimidad de los dineros percibidos por "Valparaíso Joven"".
El monto total de las facturas asciende a 109 millones 349 mil 410 pesos, todas emitidas a Valparaíso Joven.
José Uribe precisó que de acuerdo a lo declarado por Mellado, esas facturas fueron entregadas por él a expresa petición del abogado Enrique Kittsteiner, administrador del Gobierno Regional y jefe de gabinete del Gobierno Regional, quien habría confeccionado las facturas y entregado a Claudio Uribe.
Puerto de ideas
En la rendición de cuentas que "Valparaíso Joven" realizó ante el Gobierno Regional, Claudio Uribe habría presentado facturas y boletas de ventas y servicios por la suma de 11 millones 211 mil pesos, que reflejan ventas y servicios prestados a la "Fundación Puerto de Ideas Festival de Valparaíso".
Dichos documentos fueron pagados con dineros traspasados por la organización "Valparaíso Joven" a la Fundación "Puerto de Ideas Festival de Valparaíso" a través de un depósito realizado por 15 millones de pesos en la cuenta de dicha Fundación.
El fiscal José Uribe comentó que la persona que gestionó dicho dinero y dio instrucciones de cómo debía efectuarse la rendición de los mismos fue Enrique Kittsteiner.
centro cultural
Otros antecedentes que reveló el fiscal Uribe fue que la organización "Centro Cultural Arte y Música Reñaca", a través de su representante Juan Carlos Toledo de la Maza y su hijo Carlos Toledo Herrera, también recibió 8 millones de pesos.
Por instrucciones del imputado Kittsteiner, Toledo de la Maza y Toledo Herrera colocaron en la factura como glosa "Participación en proyecto Capacitación de los vecinos para la seguridad de los barrios de Viña del Mar".
Ante dicho caso, el fiscal Uribe reveló al tribunal que Toledo de la Maza se reunió en cuatro ocasiones en un café con los imputados. Precisó, además, que en dos ocasiones prestó declaración en la investigación. En la segunda puntualizó que en la primera declaración dio una versión dirigida por Kittsteiner y que fue el intendente Celis quien le manifestó que revelara la verdad de cómo se habían desarrollado los hechos.
Financiamiento de revista
Otro caso por los que fueron formalizados ayer Núñez y Kittsteiner fue el denunciado por el Círculo de la Prensa.
Durante el año 2012, esa organización postuló al Fondo de Cultura la publicación de una revista por 8 millones de pesos, proyecto que fue rechazado. Luego Kittsteiner se comunicó con el representante de del organismo a quien le planteó la posibilidad de financiar la revista con un fondo de seguridad, por lo que el proyecto fue modificado y aprobado.
Una vez lista la adjudicación, el jefe de Gabinete de la Intendencia le habría indicado que el proyecto aprobado era de 21 millones de pesos, por lo que la diferencia la devolvieran en un cheque al portador y los fondos serían usados en otros proyectos que fueron rechazados en la primera postulación.
Fue así como se le entregó un cheque por 13 millones de pesos a Claudio Uribe, quien el mismo día cobró por caja en el Banco Santander.
Uribe reveló al tribunal en forma detallada las transferencias electrónicas de los proyectos adjudicados. Dos se realizaron el 18 de octubre por 70 millones de pesos, otra el 23 de octubre por 24 millones de pesos y el 22 de noviembre por 40 millones de pesos.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el persecutor, el que realizaba los cobros en el banco era Claudio Uribe, quien luego se dirigía hasta la Intendencia donde le entregaba supuestamente los dineros a Kittsteiner.
En tanto, los abogados del Consejo de Defensa del Estado adhirieron a la solicitud de la prisión preventiva para ambos imputados, insistiendo en que se trataba de funcionarios públicos que tenían el resguardo de los fondos públicos.
Además, advirtieron que Sergio Núñez traspasó su casa cuatro días antes de la formalización por la falsificación del título.
Peligro para la sociedad
Finalmente, la magistrada Cristina Cabello tras escuchar las intervenciones de todos las partes, estimó que los imputados constituían un peligro para la sociedad y accedió a la prisión preventiva.
"Acá el bien jurídico protegido es la fe pública. La organización social se basa en la fe pública. Este tipo de ilícito afecta una de las bases más importantes de la organización. Si bien pudiere parecer que es más peligroso un cliente de la Montedónico, profesionales que tienen las más altas posibilidades de organizarse y que tienen claro cómo se organiza la sociedad, también son peligrosos".
El fiscal Uribe se mostró conforme con la decisión del tribunal y adelantó nuevas formalizaciones de otros funcionarios públicos.
Crean comisión investigadora
Por unanimidad la Cámara aprobó ayer la creación de una comisión investigadora en torno al caso. "Debemos establecer cuáles son las responsabilidades políticas", advirtió el diputado Marcelo Schilling (PS), quien fue el encargado de reunir las firmas para solicitar la formación de la instancia que ya podría constituirse la próxima semana. "Tenemos que erradicar la corrupción", agregó. En tanto, Joaquín Godoy (RN) destacó que la intervención del intendente Raúl Celis en este caso da tranquilidad, pero recalcó que "no se va a proteger a nadie".
"En los próximos días vamos a solicitar nuevas formalizaciones para. Todos los días nos están apareciendo nuevos casos para investigar"
José Uribe
fiscal adjunto