Se informa que el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar debe afrontar un déficit presupuestario de 210 millones de pesos. Esta situación de precariedad económica es general a todos los cuerpos de bomberos del país, pero es especialmente grave cuando se trata de zonas urbanas no solo extensas, sino que de gran complejidad topográfica como es el caso de Viña del Mar y también de Valparaíso.

Esta realidad hace el esforzado y arriesgado trabajo de los bomberos especialmente difícil y el desgaste del material se acentúa al verse expuesto a las exigencias del terreno.

Por otra parte, se debe considerar que los bomberos afrontan nuevos desafíos que han ido surgiendo asociados al desarrollo. Está el caso concreto de los accidentes de tránsito, donde los voluntarios cumplen una labor fundamental en el rescate de las víctimas y en la prevención de contaminación o incendios derivados del derrame de ciertos materiales.

En el caso de los incendios, materia originaria de los cuerpos de bomberos, la ocurrencia ha aumentado debido a la "carga de fuego" que afrontan antiguas construcciones con desordenadas ampliaciones y con instalaciones de energía eléctrica o gas sobrecargadas o improvisadas.

Capítulo aparte es el caso de los incendios forestales, problema de permanente ocurrencia de nuestra zona, que junto con destruir valiosas especies vegetales, en varias ocasiones han devorado viviendas situadas en entornos boscosos y resecos.

Todas estas realidades llaman a las autoridades a mirar con atención la situación económica de los cuerpos de bomberos. Al respecto, en declaraciones a este Diario, el superintendente de la institución de Viña del Mar, Fernando Recio, ha demandado la incorporación permanente en el presupuesto municipal de una partida de ayuda a la entidad. Actualmente, si bien hay un aporte municipal, éste tiene carácter de subvención eventual, no permanente, lo cual implica, más allá de la buena voluntad edilicia, una lógica incertidumbre.

Es cierto, entretanto, que los bomberos desarrollan iniciativas para allegar recursos, pero lo importante sería contar con una base económica estable que asegure y facilite su labor y sea un reconocimiento muy concreto a su esforzada e indispensable tarea.

Nos encontramos a pocas semanas de que comiencen las fiestas de Navidad y Año Nuevo, fechas que son significativas para el consumidor promedio chileno, ya que las entidades bancarias y financieras del país comienzan masivamente a ofrecer a millones de personas, a través de las formas más variadas -incluyendo desde correos electrónicos hasta cajeros automáticos-, créditos de consumo, créditos asociados a tarjetas de crédito y de casas comerciales a distintas tasas de interés, y muchas veces no informando correcta e integralmente los costos asociados o la carga anual equivalente (CAE) que oferta cada institución a sus clientes.

A pesar de la importante y destacable función fiscalizadora que cumple el Sernac Financiero, son las personas quienes de forma irresponsable no se informan adecuadamente de las condiciones y especificaciones ofrecidas por las entidades financieras.

Existe un amplio marco regulador en este tema, pero estamos en un escenario altamente negativo frente a la autorregulación de las personas, que éstas tomen consciencia de los gastos que pueden asumir y pagar cada mes, como corresponde, lo que es el eje principal para mantener la estabilidad económica de las familias.

El panorama ideal en este sentido es que las familias no destinen más de un 50% de su ingreso familiar mensual en créditos de consumo, cuentas y créditos hipotecarios. Una vez que es sobrepasada esa cifra, se cae en el peligroso sobreendeudamiento y la imposibilidad del pago de las deudas, lo que incide drásticamente en un riesgo sobre los bienes materiales e inmateriales de las personas.

Es fundamental que el consumidor siempre se fije en la tasa del CAE, que no puede ser la misma al valor de la cuota; no contratar créditos de consumo superiores a 48 cuotas, ya que mientras mayor es el número de cuotas, más alto el interés final; evitar consumir hoy y pagar en 90 días, por el peligro de tasas encubiertas que frecuentemente no son entendidas por el promedio de cliente bancario; no recurrir a "sacar" avances en efectivo desde las tarjetas de crédito, ya que es más factible pedir un crédito de consumo con tasas fijas mensuales; y no mantener su crédito hipotecario en el mismo banco que sus otros productos, tales como cuentas corrientes y tarjetas de crédito.

En estas fechas, la labor educativa puede hacer mucho, especialmente para las familias de más bajos ingresos.

Ricardo Ibáñez Villarroel

Abogado, Defensa de Deudores