Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, al Senado fue despachada ayer para cumplir con su segundo trámite constitucional el proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público

La iniciativa, que fue visada con 78 votos a favor y una abstención, otorga a contar del 1 de diciembre un reajuste general del 5% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y otras retribuciones en dinero, en virtud del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la mayoría de los sindicatos de trabadores fiscales, además de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La propuesta entrega también un aguinaldo de Navidad de $ 46.600 para aquellos trabajadores que perciban remuneraciones inferiores a $ 610.000 y de $ 24.650 para quienes perciban ingresos superiores a esa cantidad.

El proyecto además concede un aguinaldo de Fiestas Patrias de $60.000 para los empleados fiscales que a agosto de 2014 perciban remuneraciones inferiores a $610.000; mientras que para aquellos cuyas remuneraciones superen esta cifra, el aguinaldo será de $41.650.

gestión municipal

En tanto, la Cámara también aprobó durante la jornada el proyecto que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal. La iniciativa, ya visada por el Senado, considera dos componentes: el primero es de incentivo por gestión institucional, vinculado al cumplimiento eficiente y eficaz de un programa anual de mejoramiento de la gestión municipal. El segundo componente es el incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, informó que "ya está listo para ser ley el proyecto, con el cual se establece una nueva asignación para los funcionarios municipales, equivalente a la asignación que reciben los funcionarios públicos".

El senador Patricio Walker (DC) emplazó al Ejecutivo a que ponga urgencia al proyecto de ley que sanciona con cárcel el maltrato infantil en contextos extrafamiliares. "Es fundamental que el Gobierno le ponga discusión inmediata a esta iniciativa, porque los niños no pueden seguir esperando", dijo el parlamentario de la falange. El presidente de la Comisión de Constitución sostuvo que nadie puede estar en contra de esta iniciativa. "Todos debiéramos estar a favor de sancionar actos crueles de maltrato contra niños que hoy en día están en la más absoluta impunidad", advirtió.

Un importante paso dio ayer en la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, el proyecto de ley que regula la probidad en la función pública, y que apunta a prevenir los conflictos de interés de las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa fue aprobada en particular en dicha instancia parlamentaria, restando pequeños detalles que se zanjarían en la próxima sesión de la comisión, para que luego el proyecto pase a la Sala de la Cámara Alta.

"El proyecto de probidad pública, que forma parte de un conjunto de proyectos para promover la transparencia, ha tenido un gran avance", destacó el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, agregando que "el objetivo del proyecto es que Chile pueda tener instituciones que ayuden a continuar avanzando a favor de la probidad y la transparencia".

Cabe señalar que el proyecto, que continúa en segundo trámite constitucional en el Senado, refunde y regula en un solo texto los perfeccionamientos a la declaración de intereses y de patrimonio, y la obligación de ciertas autoridades públicas de constituir un mandato especial de fideicomiso ciego y de enajenar activos.

coincidencias

Entre parlamentarios de diferentes sectores que integran la comisión de Gobierno, hubo coincidencias en destacar los avances logrados.

"Pretendemos que esto sea lo más transparente posible, lo más claro, tanto para quienes están afectos a esto, como para las personas que pudieran requerir antecedentes, estén hablando sobre los mismo y no de conceptos que no corresponden", sostuvo el senador DC Hosaín, advirtiendo que con los perfeccionamientos a la iniciativa podrán "precisar dónde está realmente el conflicto de interés".

El senador PS Fulvio Rossi, por su parte, valoró que "salvo algunos matices hay mucho consenso, y lo más destacable del proyecto es que se establece un fideicomiso obligatorio para ciertas autoridades, que deben entregar a un tercero la administración de sus bienes, y eso evidentemente contribuye a evitar conflictos de interés, y superar el conflicto permanente entre el poder, la política y el dinero".

En opinión del senador UDI Jaime Orpis, en tanto, "ya el proyecto no tiene problemas para despacharse por completo y tener listo todo lo que se refiere a declaración de patrimonio, intereses y administración de los bienes de quienes ejercen funciones públicas".

"Además hay pleno acuerdo en que la Contraloría General de la República no debería para estos efectos ser fiscalizada por la Cámara de Diputados, sino por la Corte Suprema", agregó el parlamentario gremialista, destacando que "al obligar a un tercero a administrar los valores, se evita que al momento de asumir un cargo público, se genere conflicto de interés, porque se debe transparentar el patrimonio".

alcances de la ley

De ser promulgada, se esperan importantes efectos de esta ley para no desprestigiar los cargos públicos. Por ejemplo, según el senador Rossi, "para evitar casos como el fraude que afectó a la intendencia" de la V región.

Sobre este punto, Sabag precisó que "esos ya son delitos penales, claramente tipificados... esto es otro tipo de legislación, lo otro son lisa y llanamente delitos penales".

Largo camino en el Congreso

La Ley de Probidad en la función Pública ha tenido una muy larga tramitación: se envió al Parlamento en mayo del año 2011, y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno del Senado. El Ejecutivo le ha puesto 15 veces urgencia simple y 24 veces suma. Tras este extenso periodo, al fin los parlamentarios destacan que avanzará a la Sala. "No habrá problemas para despachar el proyecto la próxima sesión", aseguró el senador UDI Jaime Orpis.