El Consejo Regional de Valparaíso aprobó extender el plazo de investigación solicitado por la subcomisión Fraude al Fisco por un mes, por lo cual podría entregar sus conclusiones y recomendaciones el 20 de febrero.

El presidente de la subcomisión, el core Nelson Contador, explicó que la ampliación se solicitó "puesto que su etapa investigativa así lo amerita. Hemos recabado diversos antecedentes; nos han entregado la información pero esa información el digerirla es demasiado y, por lo tanto, los espacios de tiempo se nos estaban acercando al fin y no íbamos a ser capaces de entregar un informe como corresponde"

Con los antecedentes que maneja, Contador dijo que "creemos que no solo hay algunas irregularidades, sino que también creemos que es tremendamente importante entregar un documento que permita que el futuro Gobierno Regional, con los nuevos consejeros, le quede un elemento de base para evitar, en lo posible, estas irregularidades que hoy hemos detectado".

A su vez el consejero regional Antonio Ayala, presidente de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización del Core, dijo que "cabe recordar que el primer informe, del primer fraude que hubo en el Gobierno Regional se entregaron todos los antecedentes de lo que debía hacerse. Pese a eso no se tomaron las medidas de forma oportuna por parte del ejecutivo y ocurrió lo que sucedió con el segundo fraude; y a fin de evitar esto, otro próximo fraude que pudiera originarse, es que los antecedentes que se están recopilando van a precisar con claridad lo que se debe hacer".

Cores atentos

En otra materia, en la sesión del pleno del Consejo Regional el core Eduardo León hizo pública su inquietud por una información publicada por el portal web El Aconcagua, donde se advierte que la construcción de la nueva ruta CH 60 haría desaparecer tramo del famoso Canalón para llevar agua a Quillota.

León manifestó que el Canalón desaparecería con el inició de obras de la nueva vía carretera entre San Felipe y Panquehue, situación que ya se ha planteado a los representantes del Ministerio de Obras Públicas en la región, sin tener una respuesta todavía.

Y otro tema que está en el ojo de los consejeros regionales es qué pasará con el Convenio de Programación para Campamentos, pues dicen que no están asegurados los fondos del Ministerio de Vivienda.

Los antecedentes para que investiguen la veracidad de los documentos otorgados por una familia que ocupó una parte de los terrenos de la playa La Boca I y que hoy realiza cobros de estacionamientos sin permisos municipales entregó Carabineros a la Fiscalía. El jueves de la semana pasada, la familia Contreras López se instaló en la playa, cerrando con candado el acceso al balneario y cobrando por estacionar en un lugar que requiere permisos municipales para ello.

Aunque dichos terrenos corresponden a una parte de la disputa entablada por la Sucesión Borgoño, fueron arrendados a un privado que hace varios años le dio un giro comercial al sector. Sin embargo, la semana pasada, cuando llegó la familia Contreras López, presentó documentos que, de acuerdo a Carabineros, acreditarían en primera instancia que los terrenos eran arrendados a ellos.

Denuncia y querella

Por esto, el arrendatario Rodrigo Fajardo presentó una denuncia ante Carabineros, además de una querella criminal por el caso, sosteniendo que "hay dos medidas, la primera es por parte de los propietarios querella criminal, porque ya fue desalojado por la fuerza pública y un receptor judicial en 2009, por orden de un juez; es un delito no solo por el acto, sino también por desobedecer la sentencia del juez. En segunda instancia se tiene que desarchivar la causa de desalojo para pedir al juez que rápidamente ordene que se desocupen los terrenos comerciales y luego hacer los pasos legales personales, que serán contra Carabineros y para investigar a la autoridad por la implicancias que le competen al alcalde de Concón, porque los sujetos de la usurpación siguen sosteniendo que él los instigó a realizar la acción".

Pérdidas millonarias

Fajardo contó que diariamente pierde entre un millón y un millón y medio de pesos y que "la gente no sabe es que hay una serie de requerimientos que hay que cumplir para poder operar, además que el mantenimiento de todo lo que implica la concesión de estacionamientos tienen una inversión muy alta, es fácil hacerse del negocio del otro cuanto ha habido un esfuerzo de millones de pesos y cerca de cinco años".

En este contexto, explicó que para el cobro por estacionamientos requieren "primero que todo un estudio de impacto vial, que dice y ordena todo lo que tiene que hacer un estacionamiento para funcionar como tal: accesos, veredas y señalización. Solamente el proyecto de estudio de las medidas costó 14 millones de pesos, más allá de la misma infraestructura, que costó otros 30 millones; además obviamente de la mantención que en los suelos fueron 7 millones para ambos estacionamientos, el usurpado y el más pequeño".

"Se pidió acuerdo"

El capitán de Carabineros de Concón, David Cortés, precisó sobre lo sucedido que "unas personas querían tomarse los terrenos este jueves. Se pidió documentación y unas personas presentaron documentos del conservador de bienes raíces del año 2013 y otro presentó un contrato de arriendo. Por eso los carabineros le dijeron que mejor no se instalaran y aclararan el asunto del terreno que estaba a su nombre entre las partes, pero sí se dejó una constancia de esta solicitud de acuerdo, la cual no cumplieron pues se instalaron igual".

Antecedentes en fiscalía

El capitán agregó que "después esas personas recurrieron a la comisaría y se acogió una denuncia por usurpación no violenta de bienes inmuebles, y ahora queda en manos de la Fiscalía el tema para evaluar si hay antecedentes de que las personas son dueñas de la propiedad o no. Si no lo son, se deberá pedir orden de desalojo".

Al ser consultado el municipio respecto a los dichos sobre el alcalde de Concón, respondió que "este es un problema entre privados y, por lo tanto, la Municipalidad no tiene ninguna injerencia".