A penas ha pasado un mes desde que se firmó el convenio de programación entre el Gobierno Regional (Gore) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para la radicación de los campamentos de la Región de Valparaíso, y ya se encienden las luces de alerta sobre la posibilidad de que el mismo acuerdo esté en riesgo y pueda caerse.

Así lo advirtieron consejeros regionales (cores) esta semana, luego de constatar que dentro de las diversas partidas de la Ley de Presupuesto 2014, no hay ninguna que haga mención a la entrega de recursos a favor de este convenio.

El acuerdo se firmó el 6 de diciembre en una ceremonia realizada en Viña del Mar, y fue suscrito entre el intendente Raúl Celis y el ministro Rodrigo Pérez. El convenio se denomina "Saneamiento e infraestructura para sectores vulnerables", y beneficiará a más de 3.500 familias mediante la radicación de 45 campamentos en diversas comunas de la Región. En términos de recursos, el convenio significará una inversión de $25 mil millones, de los cuales $15 mil millones aporta el Minvu y $10 mil millones el Gore Valparaíso, en una ejecución que se realizará hasta el año 2018.

Reclamo

Y si bien hasta ahora todo era sonrisas y abrazos, el panorama cambió tras la sesión del lunes del Consejo Regional, oportunidad donde el core Daniel Garrido aprovechó de preguntar al intendente Raúl Celis qué pasa que los dineros Minvu no están en la Ley de Presupuesto.

"La preocupación está planteada. El año pasado firmamos el convenio (Gore-Minvu), y nosotros estamos contentos de resolver esta problemática. Pero si uno revisa la Ley de Presupuesto de este año, en el apartado del Ministerio de Vivienda y la subsecretaría relacionada con el tema de campamentos, no aparece el convenio. Así que, formalmente hasta hoy, no están los recursos", afirmó el consejero.

Daniel Garrido dijo que, por contrapartida, "sí estarían los recursos del Gobierno Regional, ya que se resuelven dentro del presupuesto que tenemos nosotros para este año". En este contexto, reconoció estar muy preocupado.

Sobre la consulta que hizo a la máxima autoridad regional sobre qué está pasando, Garrido recordó que "el intendente quedó de enviar un oficio que le pregunte al Minvu qué ocurre con los recursos. Esa respuesta la encontré compleja porque si ni el intendente de la región sabe qué ocurre, estamos viendo que ocurren problemas".

Igual inquietud expresó el core Eduardo Pastén, quien aseveró que "el convenio está hoy en riesgo, pues las platas Minvu no aparecen en la Ley de Presupuesto. Si revisas la Ley de Presupuesto el compromiso de 16 mil millones para la erradicación de campamentos no está. Éste es un convenio, y si una parte no está, lo hace inviable, porque son dos fuentes de financiamiento que se juntan".

Y los cores de la bancada PPD, mediante un comunicado público, exigieron al "intendente y al actual ministro de Vivienda y Urbanismo aclarar mientras dura su administración la forma de financiamiento en virtud de lo aprobado en la ley de Presupuesto de la Nación ejercicio 2014 y ver la forma de reparar la omisión".

Directora de Serviu descarta problema

La directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) María Francisca Cruz afirmó que los cores estaban informados que, por el retraso en la firma del convenio, se realizaron ajustes a los flujos de recursos que entregaría el Minvu, y que esta demora impidió que se incorporaran los dineros en la Ley de Presupuesto. Sin embargo, descartó que el convenio vaya a fracasar, ya que están gestionando en el Ministerio de Hacienda una redistribución presupuestaria. "Nosotros estamos teniendo reuniones con la Dipres (Dirección de Presupuestos) y con el Ministerio de tal manera de trabajar esa modificación presupuestaria, que le permita al Minvu cumplir con su compromiso de aporte el 2014".

P

Para prevenir el hurto de energía que se ha detectado en zonas como Putaendo y San Felipe, Chilquinta Energía estableció una alianza estratégica con la empresa ALTO S. A., que se dedica a combatir el robo hormiga en diversas empresas del retail y de servicios básicos, a través de un seguimiento legal de los infractores.

La empresa recalcó que las consecuencias del hurto de energía van desde variaciones de voltaje que dañan equipos, pasando por incendios, daño a la propiedad, electrocuciones a raíz de la sobrecarga en las líneas de distribución, hasta cortes del suministro.

En el marco de la sequía que afecta a la Región de Valparaíso, Chilquinta ha descubierto que en zonas como Putaendo y San Felipe, se han producido casos de hurto de energía eléctrica para proveer energía a bombas hidráulicas que extraen agua desde las napas subterráneas, para el regadío.

De acuerdo con la empresas, muchas de las bombas han sido instaladas de manera irregular, lo que colocan en riesgo la disponibilidad del vital elemento para el resto de los agricultores de la zona, así como la integridad de todos los habitantes del sector, exponiéndolos a incendios, explosiones y electrocuciones a raíz de la sobrecarga en las líneas de distribución debido a la manipulación en forma clandestina de los medidores y redes.

Según informó Chilquinta, hasta ahora se ha logrado detener e identificar algunos casos. No obstante ello, como medida preventiva para evitar los riesgos asociados al hurto de energía, se estableció la alianza con la empresa ALTO. Además se dispondrá una mayor presencia de cuadrillas operativas.

"Es importante detectar estos casos, debido a que esta es una práctica muy peligrosa, que puede ocasionar graves daños a las personas y a la propiedad, como electrocuciones o incendios. Esperamos que con esta alianza logremos el objetivo de evitar situaciones riesgosas", afirmó el subgerente de Gestión Consumos y Pérdidas, Javier Sandoval.

En la cubierta del buque científico "Cabo de Hornos", el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, hizo entrega del Pabellón de Combate al comandante de la unidad, capitán de fragata Gastón Ramírez.

La actividad fue presidida por el comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Julio Leiva, y tuvo la asistencia de altas autoridades civiles y navales.

En la oportunidad, el subsecretario Galilea expuso que para "la Subsecretaría de Pesca, que tiene una relación tan íntima de trabajo con la Armada de Chile, entregar el Pabellón de Combate del buque de investigación pesquero que va a estar en custodia de la Armada, es un tremendo honor y un orgullo". Y agregó que "creemos que este buque, que es del Estado de Chile, administrado por la Armada significará que la sustentabilidad de los recursos pesqueros en nuestro país será posible porque vamos a contar con la más moderna investigación, ya que es un buque que está entre los más tecnológicos del mundo y nos permitirá, entre nuestros más de 4.000 km de costa, poder hacer investigación pesquera y oceanográfica".

El AGS-61 "Cabo de Hornos" fue construido por los Astilleros de ASMAR, en el marco del proyecto "Medusa", con el objeto de mantener las capacidades de investigación científica marina.