La Presidenta Michelle Bachelet envió ayer al Congreso una indicación para que sea considerada en el proyecto de ley que busca modificar el Multirut de las empresas.
La gestión tiene como objetivo, dijo, transparentar las prácticas de las organizaciones en materia contractual y de entrega de beneficios, entre otros propósitos, destacando el tópico que norma el utilizar solo una razón social para las entidades que registren un domicilio.
"Esta es una injusticia inadmisible. Debemos trasparentar la forma en que se organizan jurídicamente las empresas para resguardar los derechos de los trabajadores", explicó la Mandataria, y enfatizó que es primordial fiscalizar las responsabilidades legales de las empresas.
En la instancia, la Presidenta mencionó a las casas comerciales, señalando que éstas muchas veces generan lazos contractuales con los trabajadores que hacen que estos "pierdan legítimos pagos de gratificaciones, obtención de feriados o derechos de sala cuna".
"Un país no solo es grande por sus cifras, sino por los derechos que garantiza y por la manera en que asegura la justicia", añadió Bachelet.
La Presidenta enfatizó que la modificación a los estatutos del Multirut cuenta con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y que fue discutida con distintos sindicatos.
"Sé que los empresarios del país comprenden la necesidad que tenemos de evitar malas interpretaciones que a menudo pueden desembocar en malas practicas o en abusos", puntualizó, y destacó que con este trámite se da cumplimiento a la medida 18 para los primeros cien días de Gobierno.
Uno de los cambios que introduce la indicación es que se establece que las obligaciones que derivan de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores recaen sobre la figura del empleador y no sobre la figura de la empresa, como era hasta ahora.
Además, los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos o mantener sus organizaciones existentes, pudiendo negociar con todas las empresas o con cada una de ellas. La opción para negociar recaerá en los trabajadores y sus sindicatos.
Finalmente, se establecerá que son los Tribunales de Justicia los llamados a dirimir controversias sobre la identidad del empleador real en los casos en que se requiera. El juez tendrá la libertad necesaria para obtener todos los elementos de juicio que permitan su determinación y contará con un informe de la Dirección del Trabajo, junto con la facultad de solicitar los informes que estime necesario.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, reaccionó al envío de la indicación asegurando que ésta recoge los planteamientos de la multisindical y es un avance en el refortalecimiento del sindicalismo.
La CPC analizará la indicación
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, dijo que los empresarios analizarán la indicación, pero que no ven que la iniciativa signifique "mayor presión" para el empresariado. "No conocemos la indicación y queremos analizarla", dijo.
