El Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar fue el escenario de la junta constitutiva de las decenas de acreedores que buscan recuperar millonarios montos adeudados por la quebrada Universidad del Mar (UDM).

La cita fue encabezada por Cristián Herrera, el síndico que ha llevado adelante la quiebra de la corporación que controlaba el plantel. Él dio cuenta del trabajo realizado hasta ahora y promovió la discusión sobre una serie de aspectos.

De esta forma, como primer punto, los abogados que representan a los acreedores ratificaron por unanimidad el nombramiento del síndico, ejercicio que se repitió de igual manera con la aceptación a la continuidad del giro de la casa de estudios superiores, lo que permitirá que cerca de tres mil alumnos puedan terminar sus procesos académicos y mantener cobros de letras impagas de los estudiantes.

Hasta ahora suman 68 los créditos reclamados por los acreedores, que en total ascienden a $15 mil 482 millones 195 mil 551. Sin embargo, se estima que tal cifra irá creciendo a medida que más personas o instituciones se sumen a la quiebra.

Durante la junta, el síndico explicó a los presentes que de la totalidad de inmuebles que la UDM utilizaba en todo el país, solo cuatro son de propiedad de la corporación demandada: Antofagasta, La Serena, Viña del Mar y Curicó. El resto era alquilado por el plantel, por lo que algunos de esos inmuebles cesarán sus contratos de arrendamiento.

De esta forma, la estimación hecha por Herrera respecto a lo que se podría recaudar con el remate de los edificios de la universidad, alcanza una cifra que supera las UF 2.000 (unos $ 4 mil 800 millones). Así, la única manera de aumentar los activos de la quiebra será a través de las letras adeudadas por los estudiantes.

'La universidad tiene un registro de quienes son sus alumnos y también hay letras de cambio firmadas por los alumnos o los apoderados, y esas son las que hay que determinar cuáles son, dónde están, si están en poder de la universidad o de los bancos', señaló el síndico de quiebras Cristián Herrera al término de la junta de acreedores.

LOS TRABAJADORES

El abogado Guillermo Claverie, en representación de un numeroso grupo de funcionarios de la universidad, solicitó la quiebra de la corporación y ahora puja por conseguir que ellos recuperen parte del dinero que se les debe. 'Veo buenas perspectivas en orden a cobrar una proporción importante de lo que se les debe. (...) Me atrevo a aventurar que podría alcanzar una cifra cercana a los $ 2 mil millones', dijo.

En los próximos días se iniciarán los pagos administrativos a los trabajadores.

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