Un conflicto territorial que se ha arrastrado durante más de dos años en el sector de Curaumilla (Laguna Verde) podría resolverse hoy durante la sesión que efectuará la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Valparaíso.

Se trata de la disputa por la concesión de la playa Las Gaviotas, también conocida como Caleta Grande, entre la fundación Curaumilla y las empresas dedicadas a la industria de productos del mar, Marine Farms y Costa Viva. Mientras la primera organización asegura que su lucha es por preservar las características naturales del sitio, las firmas acuícolas argumentan la innovación e investigación de sus procesos. Así, el problema se ha transformado en una aguda controversia, donde las denuncias y acusaciones cruzadas han dilatado la resolución del CRUBC.

Andrés Honorato es el precursor de la fundación Curaumilla y del homónimo centro de arte instalado en el lugar. Antes de explicar sus intereses en el disputado territorio advierte que 'Curaumilla es el far west. La ley no se cumple y nada se respeta'. Continúa afirmando que aunque la playa es de piedras, es un lugar requerido por deportistas náuticos. 'Nosotros estamos pidiendo que se proteja y que no se construya ahí (...). Estamos pidiendo la playa en concesión, para que se preserve; entonces, queremos limpiarla y habilitar un lugar para que se pueda estar ahí y que se puedan hacer deportes outdoor', afirma.

Sin embargo, el interés conservacionista de Honorato es puesto en duda por Aldo Madrid, gerente general de Marine Farms, quien afirma que la fundación Curaumilla sería una excusa para el desarrollo de un exclusivo proyecto inmobiliario en el lugar. 'Hay un especie de condominio, que la gente de Laguna Verde conoce como 'Condominio VIP'. Es una especie de Cachagua chico. Ahí hay un loteo de 11 hectáreas, de propiedad de la empresa Humanitas, de la que Andrés Honorato es dueño', sostuvo Madrid, junto con asegurar que existen denuncias contra el conjunto habitacional por el supuesto cierre peatonal a la playa.

El ejecutivo asegura que lo que pretenden concesionar para la actividad productiva acuícola es menos del 10% de la playa. 'Tenemos un proyecto para producir abalón (molusco) y tenemos un vivero de langostas que vienen de Juan Fernández', señaló Madrid, junto con afirmar que controlan sobre el 50% de las exportaciones de langosta a nivel nacional.

'Nosotros estamos ahora desarrollando un Fondo de Innovación a la Competitividad de la Universidad Católica de Valparaíso, donde el Gobierno Regional ha puesto dinero', agregó.

Al respecto y desde el lado opuesto, Andrés Honorato sostiene que 'profitan de la langosta de Juan Fernández, pues se llevan el 45% del precio de exportación. No son la única alternativa (...). Ellos representan solo el 25% de las exportaciones de langosta'.

El fundador del Centro de Arte Curaumilla acusa a Marine Farms, entre otras cosas, de entregar información falsa a la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas en el expediente de solicitud de la playa, además de haber construido sus instalaciones en una zona protegida de acantilado.

Por el otro lado, el gerente general de la citada empresa acusa a la fundación, por ejemplo, de cargar con denuncias por tala ilegal del bosque protegido y de decenas de imputaciones por impedimientos para el acceso público a la playa en disputa.

Ante el incumplimiento en que ha incurrido la inmobiliaria que está construyendo el nuevo mall de 14 Norte, desde el municipio viñamarino confirmaron que la Dirección de Obras Municipales ha cursado a lo menos tres infracciones a la empresa por continuar con las faenas y no acatar la orden de paralización dictada por dicha repartición municipal.

Tomando en cuenta la situación, el presidente de la Comisión de Obras del municipio viñamarino, concejal Andrés Celis, pedirá que 'se tome el acuerdo de citar a la comisión respectiva al director de Obras, para que nos informe en detalle cuáles son los pasos que se han dado respecto a la construcción del mall de 14 Norte y, si corresponde, también citar al representante de la inmobiliaria responsable'.

'El motivo', agregó el edil, 'es conocer qué es lo que ha pasado con esta obra que se viene arrastrando por casi catorce años, cuáles son los problemas que han surgido y, sobre todo, conocer el porqué de la pasividad municipal con que se ha tomado el incumplimiento a las normas de edificación vigentes'.

Celis estima que las multas no surten el efecto deseado, puesto que 'han sido múltiples los partes que se han cursado, provenientes tanto de Obras como de Inspección Comunal y Tránsito y que éstos no superan las 3 UTM. Ante esta perspectiva es lógico que la inmobiliaria prefiera pagarlos y no paralizar las obras que, por mínimo que sea el tiempo, le significa millones de pesos'.

Celis fue enfático en cuanto a exigir el cumplimiento de las normas. 'Basta de partes y mandar oficios donde se ordena la paralización de las faenas y que no tienen una respuesta positiva. Hay que tomar medidas más drásticas que seguir cursando multas que en definitiva son canceladas para luego continuar con la construcción. Debemos considerar seriamente llevar el caso a la justicia e incluso pensar en la intervención de la fuerza pública para hacer cumplir la resolución municipal y no seguir perjudicando a los vecinos', advirtió.

En este sentido, desde el municipio agregaron que 'ahora es el tribunal competente el que debe decretar las medidas adicionales que correspondan', a lo que se suma lo anunciado por el core Manuel Millones, quien también evalúa acudir a tribunales.