Interchile S.A. proyecta pasar un trazado de torres de alta tensión por las comunas de Olmué, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Quintero, Puchuncaví y Zapallar para comunicar Santiago con Copiapó. La posición de la empresa es: 'Nosotros elegimos por dónde pasar con nuestras líneas de alta tensión'. No tienen decisión las seremis de la Región de Valparaíso por ser un proyecto interregional que se decide en Santiago.

En los países desarrollados se solicita a las empresas trazados alternativos para demostrar que el proyecto elegido es el de mínimo impacto. En los países subdesarrollados, y probablemente en Colombia, de donde son los dueños del proyecto, las transnacionales imponen trazados diseñados por sus ingenieros y usan fuertemente el 'lobby' ante las autoridades para imponer trazados de mínimo costo para las empresas. Esperamos que en el Chile actual esto no funcione así.

El trazado afecta el corazón turístico de la región, al embalse Los Aromos y su entorno, fuente de agua para incendios, recurso cada vez más escaso según los pronósticos del cambio climático. Daña irreversiblemente el paisaje de la zona, impactando a múltiples familias que han comprado con mucho esfuerzo parcelas y sitios para establecerse en un ambiente libre de contaminación.

¿Se imagina usted que se impusiera un trazado sobre el embalse Rapel o sobre los lagos del sur de Chile? ¿Qué dirían las autoridades de esas regiones? La técnica dice que es menor el impacto cuando hay menos superficie alterada por un proyecto. El impacto sobre paisajes con torres de 70 metros de altura será brutal.

En Villa Alemana atraviesa la Viña Cánepa, única viña orgánica de la zona. En Olmué, Limache y Quilpué afecta terrenos en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera La Campana (Unesco) y zonas con bosques nativos valiosos de La Dormida y Colliguay.

El Ordenamiento Territorial de la Agenda de Energía no está operando, pero debiera existir la voluntad del Gobierno para buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde. Decisiones apresuradas fabrican conflictos, nuestra Quinta Región tiene muchos. 'El nuevo contexto de nuestro país, marcado por un creciente y positivo empoderamiento de los ciudadanos, nos llama a desarrollar un diálogo más profundo con la sociedad en relación a los usos del territorio y a la planificación energética', párrafo de la Agenda de Energía que ojalá no quede solo en palabras.

El superintendente de Casinos de Juego, Renato Hamel, ha entregado algunas precisiones sobre las anunciadas modificaciones legales que permitirán la subsistencia de las siete casas de juego municipales que operan en el país.

Ha puntualizado que se debe establecer una norma a largo plazo para esos establecimientos, es decir, aquellos que operan en Viña del Mar, Arica, Iquique, Coquimbo, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales. Otra disposición, más corta, estaría destinada a prorrogar la explotación de esos recintos por sus actuales operadores privados, para evitar 'baches' en la transición entre el régimen vigente, que vence a fines del próximo año, y la puesta en marcha de las anunciadas iniciativas. Todo lo anterior se refiere a la modificación a la ley 19.995, de 2005, Ley de Casinos, que ponía fin al antiguo sistema de casinos municipales, que en el caso de Viña del Mar data de 1928.

Resulta difícil de explicar cómo pasó a ser ley una norma que extinguía un derecho adquirido de las municipalidades mencionadas que se traducía en altos porcentajes de los ingresos de cada una de esas comunas. En el caso de Viña, de un presupuesto anual de 32 mil millones de pesos, 25 mil proceden del Casino.

Al acercarse el plazo fatal en que se daba fin a esos establecimientos, las municipalidades afectadas reiteraron en una acción conjunta la necesidad de obtener del Ejecutivo una iniciativa legal que mantuviera ese derecho que tantos beneficios ha aportado a cada una de esas comunas y a las regiones donde se ubican. Acogida esa demanda, actualmente se trabaja en borradores de la modificación, que si bien mantienen la titularidad municipal, establecerían cambios en los sistemas de entrega de explotación de esos establecimientos, hasta ahora resorte de cada corporación.

Con estas definiciones se están dando pasos importantes para terminar con una incertidumbre que afectaba transversalmente a los sectores público y privado de esas comunas y sus zonas aledañas, ya que los ingresos de esos establecimientos suponen inversiones de beneficio social, fuentes de empleo directo y desarrollo turístico en escenarios cada vez más competitivos en cuanto a la atracción de visitantes. Es importante que la iniciativa legal que se presente al Congreso se formule y se tramite con prolijidad, transparencia y visión de futuro para conjurar situaciones de incertidumbre como aquellas que generaron la Ley de Casinos de 2005, que, junto con abrir la explotación del juego legal a operadores privados a lo largo del país, lo cual es positivo, daba término al funcionamiento de casas de juego municipales que por años beneficiaron a amplias zonas del país.