El Pentágono notificó al Congreso su intención de transferir a seis reos de la base militar en la Bahía de Guantánamo a Uruguay, según información entregada por funcionarios del Gobierno del Presidente Barack Obama.

El Mandatario uruguayo José Mujica se ha opuesto a la manera en que son tratados los detenidos en la base ubicada en territorio cubano y sostuvo que él los recibiría en su país, pero que luego serían libres de marcharse.

Los funcionarios, quienes según la agencia AP pidieron no ser identificados, señalaron que el Pentágono alertó al Congreso sobre el plan la semana pasada.

En la práctica, la transferencia no ocurriría antes de cuando menos 30 días de que el Congreso haya hecho la notificación.

Sería la primera transferencia de detenidos de la Bahía de Guantánamo desde que cinco excomandantes talibanes fueron intercambiados en mayo por Bowe Bergdahl, el sargento del Ejército estadounidense retenido por los talibanes durante cinco años.

La liberación de los cinco hombres por Bergdahl irritó al Congreso, porque no se dio la requerida notificación con 30 días de anticipación.

El New York Times, el primer medio en reportar el plan de liberar a los seis detenidos, indicó que el grupo incluye a cuatro sirios, un palestino y un tunecino.

Estadounidenses y uruguayos negociaron recientemente respecto a los términos bajo los cuales Uruguay permitiría que un número de prisioneros de Guantánamo se establezcan en su territorio.

El Presidente uruguayo se reunió con Obama en la Casa Blanca el 12 de mayo. En sus declaraciones públicas, ningún líder mencionó el acuerdo sobre los prisioneros de la Bahía de Guantánamo.

No está claro qué obtendría Montevideo a cambio, más allá de avanzar en la causa de cerrar con el tiempo la prisión de la bahía cubana.

Varios líderes latinoamericanos han criticado el centro de detención de Estados Unidos en la isla caribeña. Hay actualmente 149 presos en Guantánamo.

En el marco de la crisis en Ucrania, Estados Unidos impuso ahora sanciones contra grandes bancos rusos así como contra empresas de energía y armamento, según se desprende de un documento del Departamento del Tesoro conocido ayer.

A partir de estas sanciones el acceso al mercado estadounidense quedará claramente restringido para las compañías afectadas. Entre las empresas figuran el gigante petrolero Rosneft y el banco Gazprom de la firma monopólica de gas del mismo nombre.

También fueron colocados en la lista de sanciones de Washington las 'repúblicas populares' no reconocidas de Lugansk y Donetsk y su autoproclamado primer ministro Alexander Boroda.

'Estas sanciones son significativas, pero también tienen un objetivo determinado', dijo el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Los efectos colaterales para empresas estadounidenses y aliados buscarán evitarse, añadió.

'Ya hemos subrayado nuestra preferencia a solucionar este asunto de manera diplomática', sostuvo. Sin embargo, Rusia no tomó las medidas solicitadas para desactivar la crisis, entre ellas, impedir que lleguen armas a Ucrania, liberar a prisioneros e iniciar conversaciones. 'Las acciones tienen consecuencias', dijo Obama.

Se trata de las sanciones más duras desde la intervención rusa en la vecina Ucrania, apuntaron funcionarios gubernamentales no identificados según un reporte del diario 'The New York Times' en su edición de este miércoles.

De todas maneras no apuntan contra sectores enteros de la economía rusa, como había amenazado anteriormente varias veces Obama.

Hasta ahora Washington había ejercido presión contra Moscú sobre todo con prohibiciones de ingreso y cierres de cuentas de decenas de rusos y ucranianos prorrusos.

También la Unión Europea (UE) anunció que endurecerá fuertemente sus sanciones contra Rusia, ampliándolas a empresas que aporten a la desestabilización de Ucrania, que serán colocadas en una lista negra, según indicaron diplomáticos.

Las nuevas sanciones de Washington apuntan además de contra Gazprom contra el Vnesheconombank estatal. En el sector energético, fueron sancionados el gigante petrolero Rosneft y el productor independiente de gas Novatek.

A los ciudadanos estadounidenses se les prohibe realizar negocios financieros con cualquiera de estas cuatro empresas, financiarlas o otorgarles préstamos por más de 90 días.