Para el 22 de agosto en su oficina central, en Valparaíso, la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) convocó a una junta extraordinaria de accionistas en la cual se dará un paso clave para la concreción de la fusión de la naviera regional, en lo que respecta a su negocio de portacontenedores, con la alemana Hapag Lloyd.

En la cita se pretende aprobar un aumento de capital por un monto de hasta US$ 400 millones o lo que determine la junta en la reunión.

Los recursos recaudados se destinarán principalmente a suscribir el monto comprometido por CSAV en el primer aumento de capital de Hapag-Lloyd tras la fusión -259 millones de euros, equivalentes al 70% del total que la firma germana buscará reunir en esta capitalización-, mediante el cual la naviera nacional aumentará su participación en Hapag-Lloyd de 30% inicial a un 34%.

El remanente será utilizado para cubrir gastos de la operación.

En tanto, en la jornada de hoy comenzará el segundo periodo de opción preferente del aumento de capital por US$ 202 millones que CSAV impulsa actualmente con el objetivo de recaudar los recursos necesarios para completar el financiamiento de las siete nuevas naves con capacidad para transportar 9.300 Teus, que fueron encargadas al astillero coreano Samsung Heavy Industries (SHI).

Esto permitirá cumplir con algunas condiciones para el cierre de una eventual fusión del negocio portacontenedores con su par germana. De acuerdo al cronograma de la operación, esta etapa se extenderá hasta el próximo miércoles 13 de agosto.

En el primer período de opción preferente, la compañía recaudó US$ 108 millones. En esta instancia, el grupo controlador de la empresa, Quiñenco, aumentó su participación en CSAV de 46,0% a 50,9%.

Las nuevas naves, que se recibirán a partir de fines de 2014, cuentan con tecnología de punta, lo que permitirá a CSAV reducir significativamente los costos por consumo de combustible.

Su incorporación permitirá, además, reemplazar parte de los barcos que la compañía arrienda, y contar a fines de 2015, con cerca del 50% de flota propia, la que además será una de las más modernas y eficientes de la industria.

Hasta la comisión investigadora que indaga las responsabilidades políticas en el fraude que afectó al gobierno regional bajo la administración de Raúl Celis, llegó ayer el intendente Ricardo Bravo para exponer las medidas que se implementan para evitar nuevos casos de corrupción.

Entre ellas destacó algunas como el fortalecimiento de la unidad de fiscalización, un nuevo reglamento en el proceso de los concursos del 6% de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana y la disminución en la cantidad del monto máximo a dar, de $40 a $20 millones.

'Siempre hay gente que va a intentar burlar el sistema y no quiero generar una expectativa de que esto nunca va a ocurrir. Lo que sí uno tiene que hacer responsablemente como autoridad es ocupar todos los recursos que están a nuestra disposición para tratar de evitar en lo posible que se produzca', manifestó el jefe regional quien también informó a los diputados de la comisión que se hará una auditoría de riesgo -actualmente en licitación- que dará nuevas luces sobre las debilidades del sistema.

Respecto a la posibilidad de hacer un acuerdo político para que estas acciones no ocurran, lo descartó. 'Lo que no puede ocurrir en términos de probidad es un acuerdo político, la autoridad simplemente debe hacer cumplir la ley por eso no he querido convocar a nadie', subrayó.

También se refirió a las responsabilidades políticas enfatizando que siempre existen. 'Si me llegara a ocurrir una situación así con un colaborador tengo responsabilidad política', sentenció.

El presidente de la comisión, Marcelo Schilling (PS), se mostró conforme con las medidas criticando que no se hayan tomado en la administración anterior. 'Uno tiene la impresión de que hace cinco años atrás cuando se firmó un acuerdo por la probidad nos llevaron a una tomadura de pelo porque todas las medidas que debieron haberse adoptado no se implementaron', manifestó el diputado.

'Hemos descubierto lo frágil que estaba la situación del gobierno regional', agregó.

En tanto Osvaldo Urrutia (UDI) señaló que las disposiciones constituyen un avance pero que aún es insuficiente. 'Faltan varias medidas adicionales para poder ordenar el tema del gobierno regional, no nos podemos olvidar que este es el cuarto hecho de este tipo que ocurre en el Gore', deslizó.

Sobre las críticas a la administración Celis manifestó que a diferencia de ese periodo, ahora existen las condiciones para prevenir estos hechos.

'Pienso que para el exintendente Celis era más difícil tomar algunas medidas porque no tenía la mayoría en el Core, la situación de Bravo es distinta y en ese sentido es más fácil poder manejarlo', agregó el parlamentario gremialista, para quien existe 'una cultura de un manejo poco prolijo de los recursos públicos y erradicar eso no es fácil, entonces creo que faltan otras medidas'.

Marco Antonio Núñez (PPD) opinó que tomar medidas efectivas en esta circunstancia es un aspecto clave. 'El gobierno regional no soporta otro escándalo de corrupción administrativa que siga dañando la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales, es necesario que este intendente inicie un proceso de buena administración de los recursos públicos, de capacidad de inversión, de distribución equitativa entre las distintas provincias y de prevenir cualquier hecho que revista carácter de delito', dijo el exintendente.

'Para el exintendente Celis era más difícil tomar algunas medidas porque no tenía la mayoría en el Core, la situación de Bravo es distinta'

'Tengo la impresión de que hace cinco años, cuando se firmó un acuerdo por la probidad, nos llevaron a una tomadura de pelo'