Agobiada por las deudas que originan los gastos en el sistema educacional que debe administrar, la Municipalidad de Valparaíso continúa enajenando parte de su patrimonio. Esta vez se trata del Palacio Lyon de la calle Condell, entregado actualmente en comodato a la Dibam para albergar el Museo de Historia Natural. Anteriormente la corporación había traspasado al Fisco el recinto ferial de Barón, los terrenos de la excárcel, el estadio Playa Ancha y el local de una antigua escuela del Barrio Puerto.

El problema de fondo es que la Corporación Municipal de Educación adeuda 30 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil millones corresponden a cotizaciones previsionales, situación que afecta gravemente al personal docente y administrativo, especialmente al momento de jubilar. La deuda previsional genera otro problema, ya que el Ministerio de Educación, en una suerte de 'castigo', retiene al municipio deudor las subvenciones correspondientes.

La deuda se ha ido pagando parcialmente, pero crece, al tratarse de cotizaciones que se deben cancelar mes a mes. La Municipalidad gasta 500 millones mensuales para mantener en funcionamiento su estructura educacional compuesta por 55 escuelas, 22 mil alumnos y 1.400 profesores.

Por otro lado, los ingresos municipales son insuficientes, pues además de educación, debe atender salud y servicios tradicionales, entre ellos los muy importantes de aseo y ornato. En el caso puntual del aseo, un alto porcentaje de las propiedades de la ciudad no cancela el derecho correspondiente debido a su bajo avalúo como tampoco contribuciones de bienes raíces. En cifras globales, el déficit municipal alcanza a 40 mil millones de pesos y los ingresos propios totalizan solo 22 mil millones.

Este alarmante cuadro presupuestario, común a muchas municipalidades del país, ha llevado a la corporación porteña a las ventas señaladas, a la cual se suma ahora el Palacio Lyon, avaluado en 1.600 millones de pesos. Si bien el traspaso al actual usuario, la Dibam, organismo del Ministerio de Educación, supone que el inmueble sigue siendo de propiedad pública, la realidad es que se pierde un patrimonio propio de la ciudad.

Lamentablemente, el ingreso por esta operación no resuelve el alto déficit, como tampoco el eventual abandono municipal de la función educacional. Así, esta realidad obliga a definir políticas generales que aseguren el financiamiento de las municipalidades para que puedan acometer efectivas y consistentes acciones en beneficio de las ciudades a su cargo y de sus habitantes.