El comandante en jefe (s) de la Armada, vicealmirante Cristián de La Maza, se manifestó ayer contrario al traslado de la dirección de Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada) desde Valparaíso a Talcahuano.

En el marco de la comisión de Defensa que discute el proyecto de ley que impulsa el cambio, el alto oficial expuso su punto de vista ante los parlamentarios. 'No es un tema de región, sino que se trata de buscar la eficiencia desde el punto de vista de lo que es mejor para el país(...) siendo responsable de la administración estratégica tiene que quedarse acá (en Valparaíso)', comentó.

UBICACIÓN APROPIADA

En su exposición, manifestó que la dirección de Asmar hoy está situada en una ubicación apropiada conforme a las funciones que desarrolla y en relación con las organizaciones con las cuales interactúa.

Además, se recalcó que la dirección cumple una función de conducción y administración superior, distinta a la función operativa y control de producción que corresponde a las plantas reparadoras, que son tres en el país: Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Burgos, manifestó ante la comisión que hay que cuidar a las regiones y que, en este caso puntual, no se trata de sacar algo de Santiago, sino que de Valparaíso 'cuyo 'ethos' es la Armada de Chile'.

'Creemos que es bueno mantener la sede en Valparaíso y el impulso industrial en Talcahuano', manifestó el secretario de Estado.

En tanto el diputado Jorge Ulloa (UDI), impulsor de la iniciativa, resaltó que lo que plantea el proyecto responde específicamente a un tema de gestión. 'Desde ese punto de vista lo normal y lo lógico es que la dirección esté en Talcahuano', enfatizó el parlamentario recordando que en la Octava Región radica cerca del 90% de las dependencias y fuerza laboral de la empresa.

En tanto, la votación en la instancia se pospuso 15 días a la espera que la Armada haga llegar un informe relativo, entre otros puntos, a los costos del traslado.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Lobby (20.730), a contar del próximo 29 de septiembre, diversas autoridades de la región deberán transparentar su agenda y llevar un registro público de sus reuniones. La iniciativa busca regular y hacer visible la actividad de personas que tratan de influir en las decisiones de las autoridades en favor de intereses particulares o empresariales.

La normativa incluye a una serie de autoridades, entre las que se cuentan el intendente, gobernador, seremis, jefes de servicio, alcaldes y concejales, los cuales estarán obligados a mantener un 'registro de agenda pública', para transparentar reuniones o conversaciones con personas que realizan gestiones de intereses en forma remunerada (lobbistas de empresas) o sin remuneración directa (sindicatos, gremios, federaciones).

Catherina Valdevenito, asesora jurídica de la Intendencia Regional, resaltó que la ley establece una serie de requisitos nuevos con el fin de 'transparentar la manera en que las personas solicitan cierto tipo de acciones, ya sea que se agilice un procedimiento, que se deje sin efecto o que en determinada materia se tome una decisión es desmedro de otra'.

Con la nueva normativa, todas las personas que dentro de las reparticiones públicas tengan la toma de decisiones importantes, cualquier ente distinto a la administración que solicite algún tipo de gestión deberá quedar registro de ello.

Se trata de un registro público, muy similar al que se realiza con la Ley de Transparencia, tanto de las citas, reuniones o comunicaciones que se hagan con las autoridades, en el uso de sus funciones o cargos.

La Intendencia Regional ya abrió su libro de registros, producto de la instalación de la Comisión Regional de Seguimiento de la Inversión Privada, instancia que busca la reactivación económica de la región, pero en la cual se busca transparentar todas las acciones realizadas.

Con la aplicación de esta normativa, se busca mantener un registro de quienes solicitan a la autoridad y qué es lo que están pidiendo en las reuniones que se sostengan. 'En el fondo, lo que se busca es que nunca más se diga que 'esto se realizó en pasillo' o que existe una presión de cierto sector o un cierto grupo. En los registros deberá quedar establecido claramente quién vino, qué solicitó y cuál fue mi decisión al respecto', acotó la asesora jurídica de la intendencia.

La norma no solo obligará a ministros, subsecretarios, intendentes y parlamentarios, también se incluye a los jefes de las FF.AA., fiscales, cores y jefes de gabinete, entre otros.

Se estima que, en total, a nivel nacional serán alrededor de 4.757 autoridades o servidores públicos que deberán someterse a la Ley de Lobby.

Respecto a la implementación de la normativa, el intendente Ricardo Bravo mostró su especial preocupación por transparentar todas las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios, pero que ello no se transforme en una traba para la inversión privada en la región. 'Estamos proyectando la entrada en vigencia de esta nueva ley, en la cual las personas que tienen un interés particular en generar una petición a personas de los servicios del Estado, tengan también un mecanismo para canalizarlas, sin que ello implique hacer una gestión indebida', acotó.