La presencia en la zona de una ministra de la Corte Suprema que busca conocer en terreno las realidades de la administración de justicia, los problemas y necesidades locales del Poder Judicial y su relación con la comunidad, es un aporte valioso para mejorar el trabajo de ese poder del Estado.

En declaraciones a este Diario la magistrada, Gloria Ana Chevesich, de connotada actuación en un proceso de alcances políticos, destacó que uno de los objetivos de su visita es "recabar qué medidas o políticas se pueden implementar en el mediano o largo plazo para mejorar la gestión de los tribunales, para entregar una expedita y pronta administración de justicia".

Así este tipo de visitas -realizadas también a otras zonas del país- permiten al máximo tribunal del país y a los organismos administrativos de su dependencia dinamizar sus funciones y captar en el terreno tanto requerimientos internos como las inquietudes sociales sobre la actuación de la justicia.

Es un hecho que la calificación pública de muchas decisiones judiciales es baja por la prolongación de procesos civiles y penales y también en cuanto a fallos relativos a la comisión de delitos.

En ese sentido, también es un hecho que faltan magistrados y que los medios de trabajo son limitados lo cual se traduce en una recarga en tribunales civiles, del trabajo, en aquellos que conocen causas penales y en las fiscalías.

Con todo, son importante los esfuerzos para la formación y capacitación de los magistrados en la Academia Judicial, labor que destaca la ministra Chevesich.

Si bien el tema de la recarga de trabajo toca la cuestión económica, pues el Poder Judicial opera con un presupuesto limitado, siempre es posible racionalizar los procedimientos dentro de las normativas vigentes. Desde ese punto de vista es decisiva la información que está recogiendo la magistrada.

En el Poder Judicial pesa la tradición, a veces los formalismos y, más que en otros poderes del Estado, un estricto apego a la ley. Ello se debe compatibilizar con la modernidad y con las exigencias de expedición, prolijidad y transparencia que la sociedad exige de los poderes del Estado y de la Administración Pública en general.