El canciller mexicano, José Antonio Meade, descartó una deportación inmediata del ciudadano chileno, de 47 años, Laurence Maxwell, detenido el pasado 20 de noviembre en medio de los disturbios en Ciudad de México, en una manifestación por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

El canciller mexicano, que se encontraba por coincidencia de visita en Chile, rechazó que pudiera ser viable una salida administrativa o diplomática, puesto que el caso ya estaba en manos de la justicia. "El asunto ya está frente a un juez desde el principio y por lo tanto es en esa instancia jurisdiccional donde deberá resolverse con la mejor de las voluntades", dijo Meade.

Las gestiones bilaterales fueron admitidas también por canciller Heraldo Múñoz. "Hemos estado conversando con el gobierno mexicano al más alto nivel y yo, personalmente, con el propio canciller", agregó.

"No voy a decir nada más, porque la diplomacia es reservada, y estas cuestiones hay que hacerlas por conducto regular y de la manera en que pueda ojalá terminar con éxito", añadió el secretario de Estado.

La familia de Maxwell denunció irregularidades en su detención. "No le dejaron tener un abogado personal (...) le pusieron uno de oficio que más bien ha interferido cualquier comunicación con él", reclamó ayer su padre, Alberto Maxwell.

Un cuartel de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana, fue atacado ayer con bombas molotov. Como resultado del ataque, tres detectives resultaron lesionados y tres vehículos con serios daños.

El ataque se produjo hacia las 13.30 horas, cuando un grupo de unos diez individuos vestidos con overoles blancos salió desde una vecina sede de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano hacia la calle Condell, donde se encuentra el cuartel de Investigaciones.

Según informó el mayor de Carabineros Eduardo Youssef, los individuos cerraron las puertas del cuartel con cadenas y luego lanzaron cinco bombas molotov al interior del lugar. Producto de ese hecho el auto de un detective resultó quemado y otros dos institucionales también quedaron dañados.

Como los efectivos no podían salir del lugar a enfrentar a los encapuchados, porque las puertas estaban encadenadas, comenzaron a disparar con escopetas antimotines y lanzaron bombas lacrimógenas.

"Este es un hecho de extrema gravedad (...) Fue un hecho organizado (...) El ataque tiene un nivel de preparación que no hemos visto antes", dijo el intendente de Santiago, Claudio Orrego, quien acudió al lugar.

La autoridad regional informó que se realizará una investigación del actuar de los efectivos de la PDI, luego de que estudiantes del recinto educacional del que salieron los encapuchados aseguraran que los funcionarios dispararon hacia la universidad sin medir las consecuencias que eso podría tener.

Hasta el lugar también llegaron efectivos del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de la PDI y de Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros, para colaborar con los trabajos.

Por su parte, el fiscal de la zona metropolitana Oriente Ricardo Jara, afirmó que podría tratarse de un delito terrorista por el contexto en el que ocurrieron los hechos.

Esto porque los delincuentes llegaron con cadenas y candados al lugar, para encerrar a los efectivos en el interior y lanzarles bombas molotov. "Estamos en presencia de un acto organizado, que es bastante más que el simple lanzamiento de un artefacto explosivo", dijo el persecutor, quien indicó que se acusaría por los delitos de porte de artefacto incendiario, ataque incendiario e incendio.

Tras las denuncias de los estudiantes, la PDI descartó que se haya atacado a los universitarios .