Elección popular de los intendentes
Como una iniciativa encaminada a reforzar la regionalización del país, fue calificado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el proyecto de reforma constitucional que implantará la elección popular de los intendentes. El mensaje respectivo fue firmado por la Primera Mandataria, en una ceremonia realizada en Puerto Montt, y contempla además la creación de una nueva autoridad que se denominará Gobernador Regional, y que será el representante a nivel nacional en el respectivo territorio regional.
La elección directa por parte de la ciudadanía de quien regirá los destinos de cada región, vendrá a sumarse a la reciente modificación para al elección popular de los consejeros regionales, que antes eran designados por los concejales, en un tipo de elección de segundo grado, los que están aguardando el traspaso de competencias y de servicios a los gobiernos regionales. Es de esperar que los proyectos gubernamentales sobre los intendentes sean enriquecidos durante su tramitación en el Congreso Nacional. Los primeros intendentes regionales electos en la historia de nuestro país, deberían asumir en el año 2017, si es que no se llega a un acuerdo político para modificar la fecha.
Concordamos con quienes estiman que la figura del intendente regional, con un respaldo electoral importante, ya que se requerirá la mayoría absoluta de votos para su elección, salvo una segunda vuelta en caso contrario, debe constituirse en un importante aporte a la denominada agenda descentralizadora del Gobierno, que ya tiene en su poder las conclusiones y recomendaciones de la comisión presidencial, que fue convocada por la Presidenta de la República, con el objeto de escuchar la voz de los expertos como también de los representantes de las regiones del país.
Es indiscutible que en estas elecciones participarán los mejores representantes de los diversos pensamientos políticos, que cuenten con un profundo arraigo en cada región y que sean poseedores de las mejores condiciones para llevar adelante la tarea, como presidente del Consejo Regional, cumpliendo con las debidas coordinaciones con el gobierno central y los servicios públicos de la región, que deberán ser determinados por las normativas que se dictarán sobre esta trascendental materia.