La otra esperada transición
Nuestro país desde 1830 y cada cuarenta años, en promedio, ha experimentado cambios sustantivos en sus instituciones públicas y sociales, aunque la mayor de las veces asociados a hechos políticos más bien traumáticos, desconociendo las formas jurídicas y políticas. En tal sentido, creo, basta con mencionar los cañones de Lircay, las batallas de Con-con y Placilla, así como el bombardeo de La Moneda en 1973. De este modo, no es baladí advertir que el año legislativo que concluye por estos días haya dado cuenta de reformas sociales significativas, que éstas se lleven a cabo por la vía de procesos legislativos y que ocurran en un escenario de estabilidad política y económica.
Por esas mismas razones todos debemos hacer un esfuerzo para comprender tales reformas desde la perspectiva más amplia posible, para este efecto inicié esta columna con la referencia a tres momentos cruciales de la historia nacional. Es evidente que las modificaciones al sistema tributario, electoral y educacional constituyen un giro rectificador de tres componentes estructurales del modelo de relaciones sociales que tiene su origen conceptual y político en 1973. Aunque en un registro distinto, la nueva institución familiar que se inaugura con el Acuerdo de Unión Civil, que permitirá proyectos de vida afectiva diferentes tanto a homosexuales como heterosexuales, es también un signo elocuente de un triunfo sobre hegemonías culturales que hace ya varios años habían derivado en represiones inaceptables en una sociedad democrática. Para ponderar la relevancia de estos cambios basta a su vez con reparar en la resistencia que por largos años encontraron en sectores políticos de gran influencia social y política.
En un periodo de reformas como las que experimenta el país, en que indudablemente hay posiciones contrapuestas e irreductibles, el análisis crítico de las mismas debe reparar ciertamente en el contenido, en la forma en que se llevan a cabo y en los ambientes sociales y políticos en que acontecen. En lo que refiere al contenido no se trata de enumerar las materias concernidas, sino de mirar a la concepción que las inspira, claramente en contradicción con lo existente y en la búsqueda de fortalecer la democracia social. La forma tampoco incluye sólo el respeto a los procedimientos constitucionales, sino también la capacidad para articular la diversidad que siempre supone un proyecto mayoritario. Respecto del clima social y económico, que siempre constituye una condición de posibilidad en todo proceso de reformas, también cabría señalar que no obstante las distancias irreductibles que estas generan, el país se halla en plena normalidad, sin contratiempos del orden público y con indicadores económicos lejanos a provocar inestabilidad social o política.
Con la profundidad de estas reformas no llegaremos a ser un Estado de Bienestar, ni aún al nivel que han logrado países de ingreso medio. Pero, sin duda estas reformas forman parte de la otra transición, la que se esperó largamente, y que debe conducirnos a un Estado y una sociedad auténticamente democráticos, donde la libertad y la igualdad convivan respetuosamente.