La Presidenta Michelle Bachelet finalizó la semana, que comenzó con la aprobación del Acuerdo de Unión Civil (AUC), con la firma del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos.
De acuerdo al texto despachado por el Ejecutivo, se trata de eliminar las sanciones penales en caso de riesgo vital presente o futuro de la madre, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina o que el embarazo sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. En el caso que se trate de una menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 18 semanas de gestación.
En un acto en el Salón Montt de La Moneda y en presencia de los ministros de Justicia, José Antonio Gómez; Sernam, Claudia Pascual y Salud, Carmen Castillo, la Mandataria afirmó que 'se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro'.
'La normativa vigente no responde al trato digno que el Estado debe otorgar a sus ciudadanas', agregó la Jefa de Estado
medidas concretas
El proyecto de ley señala que la manifestación de la voluntad debe ser expresa, previa y escrita ante el médico tratante.
'Son capaces para expresar su voluntad las mujeres mayores de 18 años. En el caso de jóvenes entre 14 y 18, se debe informar a los padres. Las menores de 14 años podrían interrumpir el embarazo en las tres causales si actúan con la autorización de su representante legal, sea su padre o madre. Si el representante no está, podrá acudir a otro adulto responsable. En caso de que no exista autorización y sea la voluntad de la menor, podrá acudir junto a un integrante del equipo de salud ante un juez de familia para que este otorgue la autorización respectiva', afirma una minuta de La Moneda respecto de la normativa.
Para las dos primeras causales será necesario el diagnóstico de un médico cirujano y su ratificación por otro profesional de iguales características, aunque podrá prescindirse de esta en caso que se requiera realizar una atención médica inmediata e impostergable.
Para el caso de una violación, un equipo de salud deberá evaluar e informar la concurrencia de los hechos de la causal asegurando un trato digno y respetuoso a la mujer.
La propuesta contempla que el prestador de salud debe entregar información objetiva a la mujer sobre los efectos de interrumpir el embarazo, y las alternativas disponibles.
En cuanto a los especialistas médicos, el proyecto regula la objeción de conciencia, la que es individual y debe ser previa y por escrito. Si la interrupción se hace necesaria de forma inmediata e impostergable, como en casos de zonas aisladas o extremas donde sea el único especialista, el médico no puede excusarse. Las instituciones de salud, púbicas y privadas, no pueden hacer la objeción de conciencia como tales.
Entre 1931 y 1989 el ordenamiento jurídico contemplaba la posibilidad e interrumpir legalmente un embarazo. Actualmente, todo tipo de interrupción del embarazo está penalizado, tanto para la madre como para el médico.
El diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, (PPD) Marco Antonio Núñez, afirmó que 'para nadie es desconocido este proyecto y tengo la certeza que será respaldado no solo por los parlamentarios de la Nueva Mayoría, sino también, por muchos de la oposición'.
El senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, dijo que su tienda -donde persisten diferencias respecto de aprobar esta normativa en todas sus causales- 'tratará de conciliar los principios que postulamos como válidos o verdaderos con la realidad social'.