En febrero se cumplirán 10 meses del incendio de Valparaíso.

Hoy, frente al nuevo repoblamiento informal de las quebradas, en donde se observa la incubación de todos los elementos de la siniestra ecuación configurada el día de la catástrofe, se vuelve necesario reflexionar sobre la conducción de la reconstrucción.

El principal desafío para la reconstrucción de Valparaíso en la actualidad, descansa en dos frentes: el primero, se compone de la necesidad de levantar un conjunto de obras públicas inteligentemente proyectadas y de alto impacto social, que incluyen los espacios públicos, las obras de ingeniería y la infraestructura.

El segundo, en tanto, lo representa un renovado programa asociado a soluciones habitacionales que ofrezcan desde una dimensión reivindicativa, un mejoramiento del estándar de calidad de vida para sus ocupantes, que complemente el engorroso programa de subsidios actualmente en operación.

Claramente los objetivos de ambos lineamientos deben ser congruentes y no paralelos, de modo que las decisiones en uno y otro frente, sean simbióticas y no disuasorias.

Teniendo en cuenta que, por décadas, el Estado ha sido un activo promotor de los asentamientos informales, a través de un conjunto de leyes que colocaron el foco en la asignación de la propiedad privada, eludiendo la responsabilidad de urbanizar y posponiendo aspectos tales como la vialidad o el equipamiento, el objetivo principal de la Reconstrucción debe orientarse a generar un proceso de reconfiguración urbana en el área siniestrada, que en otros países vecinos se conoce como el 'reajuste de suelo'.

Para esto, resulta clave que el Estado obtenga el control del suelo afectado, por medio de instrumento denominado 'Banco de Tierras'. Esto permite -básicamente- el rediseño de la estructura predial directamente involucrada en la acometida de una obra pública importante (hidráulica, vial, de conectividad, equipamiento, etc.), de tal manera que los propietarios y habitantes puedan disponer de una nueva distribución dentro del mismo perímetro o sector en cuestión, mediante la compra y expropiación, permitiéndose una relocalización de los habitantes -de aquel barrio antes malogrado-, esta vez mejorada, segura, con nueva accesibilidad, servicios, equipamiento, espacio público y recuperación ambiental.

Esta operación, donde todos ganan, se sintetiza conceptualmente como 'la relocalización con arraigo', la cual simplemente responde al bien común.

Producto que las familias del área siniestrada, mantienen una relación económica con el sector del Almendral, basada en los bajos costos de acceso a las áreas de empleo y abastecimiento, la necesidad de mantener el arraigo barrial, trasciende la dimensión cultural, representando un aspecto fundamental de la equidad territorial.

Por este motivo, la oferta de traslado de las nuevas viviendas, hacia comunas del interior del Gran Valparaíso genera un enorme impacto en la economía familiar, incrementando los costos de transporte.

En el fondo, se trata de un modelo de gestión barrial que vincula la génesis del diseño urbano como detonante para la generación de oferta de espacio público, equipamiento y vivienda, incorporando soluciones ingenieriles creativas, basadas en la realidad territorial, sin dogmas econométricos, en sintonía con el habitante con nombre y apellido y su realidad, sus anhelos y motivaciones. Por lo tanto, es una operación focalizada en los problemas de la 'ciudad existente' y no en la macro planificación en abstracto del territorio, lo cual finalmente sirve de soporte a la especulación de suelo y a descontextualizados proyectos viales.

Es evidente que estas operaciones deben considerarse soluciones para la densificación equilibrada y la autoconstrucción de viviendas, en algunos casos específicos. El abanico de complejidades en la solución responde a la complejidad del problema, dado que es la morfología social la que plantea siempre una cultura asociada al territorio, más o menos patrimonial, dependiendo de la data del asentamiento barrial en cuestión.

El gran desafío es multi-escalar; se requiere la socialización comunitaria para el aterrizaje de estos grandes proyectos concebidos desde el nivel central, en el marco de una gestión local que debiera liderar el municipio. Si los recursos están, sólo faltaría la articulación correcta de los procesos para que esto ocurra.

Por el contrario, destinar los recursos en la construcción de infraestructura vial, en cotas superiores (como lo es el Camino del Agua), sólo ampliará la periferia, reproduciendo los factores que detonan la segregación urbana, a la vez que se altera brutalmente el territorio virgen, bloqueándose la necesaria de restitución del bosque nativo.

El 2015 es clave para el diseño de políticas públicas que permitan lo primero y eviten lo segundo, sobre todo si consideramos el efecto colateral que suponen las próximas elecciones municipales, en el período de plena ejecución de estos proyectos.