La Coalición por el Control Etico de la Fauna Urbana presentará un recurso de protección contra la Ley de Caza de Perros, la cual permite apresar a perros asilvestrados en zonas rurales con el objetivo de reducir las depredaciones de estas especies a la actividad ganadera y de corral.

La entidad, a través de su asesora legal Florencia Trujillo, alega que la legislación vulnera la Convención Internacional CITES sobre comercio de especies amenazadas, al entregar en custodia a los infractores los animales incautados.

En declaraciones a radio Cooperativa, la presidenta de la organización proanimal Huellas, Jacqueline Montero, dijo temer que las municipalidades trasladen a los canes para que sean sacrificados.

'Esto tiene un problema de muy atrás, que lamentablemente no se tomó en consideración, pero ahora ellos quieren cortar por lo sano y no es justo', sostuvo la activista.

Respecto de algunos aspectos de la nueva ley, que establece la captura de perros que se encuentren a 400 metros de una población, Montero advirtió que 'eso va a permitir que muchas municipalidades, como ya se ha hecho, puedan tomar una cantidad de perros vagos y llevarlos fuera del metraje permitido y asesinarlos. Y todo va a ser legal. Pedimos que se tomen otras normativas, porque esto va a permitir una matanza indiscriminada y no es justo'.

El viernes pasado, el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Angel Sartori, enfatizó que 'esto no es un libre albedrío de querer sacrificar a todos los perros, y quiero ser absolutamente claro: esto no tiene aplicación en los perros que deambulan en las ciudades'.