El diputado del PS Juan Luis Castro criticó ayer el debate en torno al proyecto de ley presentado por el Gobierno para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y violación.

El parlamentario, quien asumirá la presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara, juzgó el tenor de la discusión, a propósito de los dichos cruzados entre legisladores oficialistas y de oposición.

'Durante estos días hemos visto, francamente, una guerra santa. Aquí hay gente que, en base a la descalificación, le ha adjudicado a los que son partidarios del aborto terapéutico la calidad de criminales, y a quienes son opositores la calidad de medievales', criticó Castro.

'Se ha polarizado esta discusión y, a mi juicio, la Cámara de Diputados es el lugar privilegiado para que se discuta en el rango que corresponde para que la ciudadanía sepa que en Chile es posible legislar no sobre la base de una caricatura, no sobre la base de colocar epítetos y descalificaciones a todo aquel que opina de una manera u otra, sino, racionalmente, ver de qué forma se puede avanzar en una realidad que Chile tuvo durante más de 50 años, que era la posibilidad de interrumpir terapéuticamente el embarazo. Esa es una situación que aquí tiene que abordarse', señaló.

'Lo que el proyecto de ley requiere es un diálogo de verdad y definiciones que permitan recoger el porqué más de 30 mil mujeres al año deben enfrentarse a la realidad de la interrupción terapéutica', añadió el ex presidente del Colegio Médico.

Respecto del debate de las objeciones, Castro señaló que 'es cada médico el que cruza en su conciencia la decisión, pero esa decisión se comunica personalmente y se hace antes de que llegue una mujer a pedirle auxilio'.

lorenzini 'se burló'

La vocera de la ONG Miles Chile, Claudia Dides, se refirió ayer a los dichos del diputado DC Pablo Lorenzini, quien afirmó que 'hay miles de casos de mujeres que tienen relaciones porque, a lo mejor, tomaron un traguito de más o estaban apenadas'.

'Es una forma de burlarse de un drama que viven mujeres, niñas y adolescentes (...) Cuando él dice que muchas de ellas pudieron haber tomado alcohol y se dejaron violar, me parece de una ignorancia que sobrepasa cualquier límite de machismo en este país', remarcó Dides.

El diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards anunció ayer acciones legales por un presunto 'tráfico de influencias' en contra del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y de su esposa, Natalia Compagnon.

Según un reportaje de la revista Qué Pasa publicado el viernes, la empresa Sociedad Caval Ltda., cuyo 50% pertenece a Compagnon, obtuvo un crédito bancario que asciende a $6.500 millones para comprar tres terrenos en Machalí.

De acuerdo con la Alianza, se habría utilizado información privilegiada en la transacción, ya que el plan regulador intercomunal de la VI Región no ha sido actualizado y los terrenos serían vendidos a un mayor valor al adquirido una vez que se haga el cambio de uso de suelo.

Edwards insistió en que este hecho debe ser investigado. 'Me preguntó dónde está la igualdad de la Nueva Mayoría. Qué pyme en Chile puede conseguir una reunión con el dueño del Banco de Chile para que se le acepte un crédito que es mil veces la cantidad de recursos que tiene de patrimonio la compañía, sin tener flujos y entregando como garantía los terrenos que se compran con el crédito que se entrega', acusó .

Por esta razón, Edwards anunció que 'los parlamentarios de la Alianza estamos evaluando cuáles van a ser las acciones legales que vamos a presentar para que se investigue al hijo de la Presidenta Bachelet y a su nuera por tráfico de influencias. Y le vamos a pedir a la Superintendencia de Bancos que nos diga si aquí hubo o no tráfico de influencias y que nos dé la información de cómo se otorgó el crédito más grande en la historia de Chile para una pyme con capital de $6 millones'.

patrimonio e intereses

El diputado también sostuvo que Compagnon tiene una orden de pago dictada por la jueza María Eugenia Campa Alcayaga, titular del 30º Juzgado Civil de Santiago, por el no pago más de $ 5 millones que le adeuda a una clínica en Santiago.

Asimismo, señaló que 'le vamos a exigir al hijo de Bachelet que de una vez por todas entregue su declaración de patrimonio e intereses, cosa que aún no ha hecho. Quizás cuántos negocios más tiene y que no sabemos porque no conocemos sus intereses'.