El ministro secretario general de Gobierno (S) José Antonio Gómez, salió a responder ayer al ex Presidente de Bolivia Carlos Mesa, quien criticó la decisión del canciller Heraldo Muñoz de no recibirlo durante su próxima visita a Chile.

"El Gobierno de Chile tiene una actitud dialogante con todos aquellas personas que quieran dialogar con el gobierno, sean del país o del exterior. Pero es distinto cuando viene aquí una persona a establecer criterios y a conversar sobre criterios de una demanda respecto de la cual nosotros consideramos que no tiene ningún asidero desde el punto de vista legal", dijo el vocero (s).

Esto luego de que el ex Mandatario boliviano y actual vocero de la causa interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia, dijera que considera "contradictorio" que el Ejecutivo chileno haya decidido no recibirlo.

"Me parece importante es la posibilidad de entender que si la Presidenta Bachelet abre un espacio de diálogo con el presidente Morales, que de manera tan tajante se establezca que no habrá ningún contacto con una visita mía, me parece contradictorio con lo que la Presidenta Bachelet planteó en una reapertura de diálogo entre ambos países", dijo ayer Mesa en entrevista con Cooperativa.

Pese a esto, Mesa afirmó que "lo importante es mantener la mayor cantidad de encuentros".

En ese sentido el ministro Gómez reafirmó que las autoridades de La Moneda no se reunirán con el ex Mandatario. "Eso es lo que ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores, que las autoridades políticas del Gobierno no se van a reunir con el señor Mesa" dijo. "Eso no obsta a que otras instancias políticas lo quieran hacer. Para eso Chile es un país libre, hay libertad de tránsito y reunión, y se va a respetar a quien venga al país", agregó.

En tanto, Carlos Mesa afirmó que todavía está realizando algunos ajustes a su agenda para poder definir la fecha exacta de su llegada a Chile.

"Esos ajustes me hacen pensar que podré estar la segunda semana de marzo. No está totalmente confirmado pero asumo que será en el mes de marzo, no sé precisar específicamente", señaló el representante boliviano.

En prisión preventiva quedó Diego Ríos por decisión del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. El joven, que se encontraba prófugo desde 2009 y que estaría implicado en el llamado "caso bombas", fue formalizado ayer por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur por los delitos de tenencia de elementos explosivos y por posesión de elementos para la fabricación de artefactos explosivos.

Los artefactos mencionados fueron encontrados en su domicilio el 24 de junio de 2009, luego que su propia madre alertara a la policía sobre la presencia de los elementos en su casa.

Según informó el Ministerio Público, en ese entonces se realizó el allanamiento en el que se encontraron casi cuatro kilos de pólvora negra, un detonador eléctrico, nitrato y otros artefactos para la fabricación de bombas, elementos que serían similares a los que detonaron en 2008 en una farmacia, en el arzobispado castrense y en la sede de la Sofofa.

Según los antecedentes presentados por el fiscal sur, Francisco Bravo, la información de los artefactos encontrados en la casa de Ríos, quedaron consignados en los informes de Labocar, del Gope de Carabineros.

De ahí que uno de los focos principales de la investigación será determinar si el acusado tuvo una participación en los atentados mencionados o si solamente estuvo vinculado en la fabricación de los artefactos explosivos.

El fiscal Bravo, solicitó al tribunal la medida preventiva debido al "inminente peligro de fuga".

"El imputado ha mantenido una conducta renuente y refractaria a la acción de la justicia, efectuando incluso comunicados burlándose de la búsqueda que ha efectuado la policía", argumentó el persecutor ante el juzgado que otorgó la prisión preventiva.

Durante la audiencia de formalización el fiscal Bravo además descartó que existan antecedentes que vinculen a Ríos con los atentados explosivos que ocurrieron en Santiago entre julio y septiembre del año pasado, aclarando que los hechos que acontecieron en 2014 no tienen similitudes con los descritos, ocurridos en 2008.

Ríos fue detenido el sábado en La Ligua, luego de permanecer por cinco años como prófugo de la justicia. Según informó la fiscalía, el joven no salió de Chile durante ese tiempo.

En tanto, el juez Daniel Aravena otorgó 30 días al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación.

El debate en torno al proyecto de aborto en tres casos enviado por el Gobierno al Congreso continúa. Ayer se divulgaron los resultados de una encuesta de Plaza Pública Cadem sobre el tema, que reveló un amplio apoyo al proyecto anunciado por el Ejecutivo y un desacuerdo con la postura planteada sobre este asunto por el rector de la UC, Ignacio Sánchez.

La semana pasada, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, señaló que en la red UC Christus no se harán abortos y que los médicos que deseen practicar este procedimiento tendrán que hacerlo en otro lugar.

La encuesta reveló que un 62% de los consultados está en desacuerdo con lo planteado por el rector de la UC. Ante la pregunta "¿Ud. estaría de acuerdo o en desacuerdo con que los centros de salud que pertenecen a la Universidad Católica se nieguen a practicar un aborto aunque este sea una ley?", un 32% de los consultados señaló estar de acuerdo.

Con respecto a si una mujer tiene derecho a realizarse un aborto, un 60% de las personas consultadas respondió que está de acuerdo sólo bajo algunas circunstancias, un 19% señaló que bajo ninguna circunstancia y un 19% dijo que lo apoya bajo cualquier circunstancia.

Al ser consultados sobre los casos en particular que podrían motivar un aborto, un 76% de los encuestados se mostró a favor en caso de que la salud de la madre está en riesgo por el embarazo; un 75% si la mujer ha quedado embarazada debido a una violación; y un 72% en el caso de que existe una alta o total probabilidad que el feto no sobreviva. Esos tres casos son los que plantea el proyecto enviado por el Gobierno.

Con respecto a esa iniciativa del Ejecutivo, un 71 % de las personas encuestadas señaló estar de acuerdo con el proyecto de Gobierno que despenaliza el aborto bajo las tres circunstancias mencionadas: inviabilidad del feto, riesgo de salud de la madre y en caso de que haya ocurrido producto de una violación. En tanto, un 23% se mostró en desacuerdo.

Cuando se trata de quién es la persona que puede tomar la decisión de practicar un aborto, el sondeo mostró que un 66% piensa que la deben tomar ambos padres, mientras que un 29% de las personas que participaron de la encuesta cree que sólo debe decidirlo la madre.

"Las encuestas de opinión pública han dado invariablemente este resultado", comentó Sergio Micco, presidente del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y miembro de la Democracia Cristiana que junto con Eduardo Saffirio redactó el documento que rechaza que los parlamentarios falangistas se aparten de la línea partidaria que rechaza el aborto terapéutico. "Hay algunas materias donde uno no se puede dejar llevar por las encuestas. Si fuera por las encuestas, en Chile jamás se hubiera suprimido la pena de muerte", señaló a La Segunda.

Carolina Collins