Aún permanece sin solución definitiva el llamado problema de las "cargas limpias" en el puerto de Valparaíso, problema de carácter operacional que amenaza con transformarse en un conflicto serio a la brevedad y que, según algunos actores, puede afectar la competitividad del puerto de Valparaíso.
El tema no es de corta data pero volvió al tapete en octubre del año pasado, con ocasión de la demanda de los camioneros, que iniciaron movilizaciones aburridos de esperar horas en su camión por la revisión de Aduanas y el SAG.
LOS COSTOS
Tras ello el servicio aduanero dictó una resolución que ordenaba hacer todas las revisiones de carga en la Zeal. Hasta allí todo bien, pero el problema surgió a la hora de determinar quién debía asumir los costos del traslado.
Algunos estiman que EPV o TPS deben hacerlo, aunque finalmente todo apunta a que será recargado a los consumidores, a través del precio final.
El dilema se solucionó en parte luego que la Aduana decidiera realizar la revisión en las dependencias de TPS evitando el movimiento a la parte alta de Valparaíso.
Sin embargo, aún queda por resolver la revisión del SAG, aunque fuentes del sector señalan que este servicio no estaría dispuesto a fiscalizar en el puerto, dado que las instalaciones que permiten hacer una fiscalización adecuada se encuentran en la Zeal.
Los portuarios agrupados en la Cotraporchi esperan una pronta solución al tema y lo dejaron de manifiesto ayer. "Los dirigentes de Valparaíso estamos cansados y molestos de esperar una respuesta satisfactoria en relación a este problema. Por tal motivo, anunciamos que no atenderemos ningún buque que venga de San Antonio" dijo ayer Sergio Baeza, presidente de la entidad, que no está dispuesto a que el proceso de cargas limpias se ejecute en la parte alta.
"Esto generaría una pérdida de 3 mil turnos al mes dejando sin trabajo a unas 150 personas", dice el dirigente quien también espera que la revisión del SAG se realice en el sector de los terminales.
"Acá hay un costo que se le quiere aplicar a los clientes y que tiene que hacerse cargo TPS. Ese es un costo de 120 dólares y ¿quién va a querer descargar en Valparaíso sabiendo que en San Antonio no le van a cobrar?", manifiesta el directivo, quien se mostró crítico con la labor del intendente, Ricardo Bravo, a quien responsabilizan por la situación.
TRANSPARENCIA
En el gremio de los transportistas hay una opinión distinta. El presidente de la Federación Regional de Dueños de Camiones, José Egido, estima que el establecer un cobro le da transparencia al sistema.
"Al cliente le da certidumbre porque va a saber cuánto va a tener que pagar al ser un costo fijo, esa es la figura. Es falso que acá hay un aumento de costo, lo que pasa es que según el ordinario de Aduanas el almacenista ha estado incumpliendo una responsabilidad que es de él ya que tiene que entregar la carga con todas las fiscalizaciones hechas", dijo el líder gremial quien señala que desde el año 76 "estamos haciendo un trabajo que no nos corresponde y entre comillas gratis. Llega el minuto de asumir costos y algunos se dan cuenta de que queda lejos", apunta Egido.
El dirigente enfatiza que lo que se producirá es un traspaso de costos. "No vamos a ser nosotros los que vamos a cobrar, sino que va a ser un tercero y lo otro es que le va a dar mucha más transparencia a la cadena logística porque vamos a tener claridad de los costos reales", subrayó Egido, quien valoró la intervención del jefe regional en la búsqueda de acuerdos.
cámara aduanera
El vicepresidente de la Cámara Aduanera, Jorge McGinty, lamentó que no se haya solucionado el tema, aunque advierte que hubo un avance luego que la Aduana decidiera hacer el aforo en el Terminal Uno.
"Todavía no hay solución referente al SAG, que no quiere entregar lo que se llama la condición uno, que es una inspección ocular. Esto es el 80% de la carga", manifestó el directivo, señalando las que son a su juicio las salidas para el conflicto.
"Esto se va a solucionar si EPV o TPS asumen el costo del traslado o si se le entrega la condición uno a TPS hasta que cumpla las condiciones para realizar revisiones de mayor envergadura. Ahora si el SAG no baja o si EPV o TPS no asumen el gasto, esto implica que va a haber un nuevo costo por el porteo y por el spaking", comentó McGinty, estimando que a la larga los perjudicados serán el consignatario y el consumidor final.
El presidente de la Cotraporchi, Sergio Baeza, manifestó que envió una carta al ministerio del Interior para hacer presente la decisión del gremio ante un posible desvío de naves de San Antonio a Valparaíso. "Le mandamos una carta en que dejamos establecido que no atenderemos ningún buque que venga de San Antonio si este tema no se soluciona", dijo el dirigente que señaló que "nosotros no estamos en contra de los camioneros ni de la Zeal, pues ésta última ha sido un gran avance para el puerto".
"Al cliente le da certidumbre porque va a saber cuánto va a tener que pagar al ser un costo fijo, esa es la figura"
Claudio Ramírez
