Una vez que el juez Juan Manuel Escobar entregó su resolución, los seis imputados que quedaron con prisión preventiva fueron trasladados de inmediato hasta el anexo Cárcel Capitán Yáber, ubicado en la comuna de Santiago.

Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Hugo Bravo, Pablo Wagner, Iván Álvarez, y Marcos Castro, deberán permanecer recluidos en ese penal por el plazo que dure la investigación, que el magistrado estableció en 120 días, a menos que los abogados defensores de los encausados recurran a la Corte de Apelaciones.

El abogado Julián López, que representa a los controladores del holding, ya anunció que apelará para revertir la medida.

La abogada defensora del ex gerente general de Penta, Hugo Bravo, Catherine Lathrop, se mostró preocupada por los problemas de salud de su representado, que sufre de diabetes e hipertensión y de un cuadro depresivo, pero rechazó referirse a la posible apelación.

Durante la tarde de ayer Bravo sufrió una descompensación y debió ser trasladado hasta el Hospital Penitenciario.

Con respecto a las condiciones del penal, el director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Carlos Muñoz explicó que en el recinto cuentan con un paramédico de turno y que, tal como sucedió ayer, en caso de presentarse inconvenientes relacionados con la salud de los reclusos, se les trasladará al Hospital Penitenciario.

Muñoz además detalló que el penal cuenta con celdas con capacidad para tres a cuatro personas, las que deben ser mantenidas por los mismos reclusos.

El director regional de Gendarmería rechazó además que fuesen necesarias condiciones especiales para recibir a los seis encausados por el caso Penta. El penal se habilitó en 2005 para recibir a personas consideradas de alta connotación pública, mientras no hayan cometido delitos violentos.

El magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar, resolvió dejar en prisión preventiva a los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, formalizados por tres delitos de soborno y cinco delitos tributarios, en el marco de la investigación por currupción y financiamiento irregular de campañas políticas.

La misma medida preventiva fue admitida para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, formalizado por delito tributario, cohecho y lavado de activos.

El ex gerente general del holding, Hugo Bravo, para quien la fiscalía no había pedido la prisión preventiva, también quedó recluido por decisión del juez, quien recalcó que más allá de los acuerdos entre el imputado y el Ministerio Público, es del ámbito de su criterio imponer la medida, que sí fue pedida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El juez admitió la prisión preventiva para Iván Álvarez, ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), formalizado por cohecho y lavado de activos, quien ya estaba recluido por la causa denominada fraude al FUT. También quedó recluido el ex gerente de contabilidad de Penta, Marcos Castro.

El magistrado argumentó la medida preventiva para Délano y Lavín porque 'se ha justificado la existencia de tres delitos de soborno o sobornos reiterados y de cinco delitos tributarios, todos ellos en caracter reiterado'.

El juez estimó que la libertad de los imputados 'resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad', por tres razones: por la gravedad de la pena asignada a los delitos, por el número de éstos y por haber actuado en grupo.

El juez señaló que sólo por los delitos tributarios, por ser reiterados, podrían aplicarse penas de presidio que van desde los cinco años y un día hasta los 15 años.

Con respecto al gerente general de la sociedad de inversiones Penta S.A., Manuel Antonio Tocornal, imputado por delitos tributarios, se ordenó el arresto domiciliario total; mientras que para el representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros, vinculada al holding, Samuel Irarrázaval, estableció la firma semanal y arraigo nacional. La misma medida fue determinada para el ex senador de la UDI, Carlos Bombal, encausado por delito tributario.

El magistrado rechazó, sin embargo, la prisión preventiva contra el suspendido funcionario del SII, Juan Jesús Martínez, quien quedó con arresto domiciliario nocturno. Esto pese a que la prisión preventiva había sido solicitada por la fiscalía y el CDE.

El magistrado determinó que la investigación tendrá un plazo de 120 días. Tras la resolución los imputados que quedaron con prisión preventiva fueron trasladados al penal Capitán Yáber.

Defensa y querellantes

Sabas Chahuán, quien es el primer fiscal nacional en los 15 años de historia del Ministerio Público en encabezar una investigación, dijo estar 'satisfecho' puesto que 'es una resolución que da por acreditado todos y cada uno los delitos que estamos investigando en esta etapa e impone medidas cautelares de alta intensidad'.

En tanto, el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, se mostró conforme con la decisión del magistrado, puesto que 'se acogieron prácticamente casi todas las solicitudes'.

Cristián Vargas, subdirector jurídico del SII, manifestó que 'concordamos plenamente con los argumentos expuestos por el magistrado' para determinar la prisión preventiva de los seis encausados porque 'se trata de delitos graves que efectivamente necesitan medidas cautelares para el éxito de la investigación'.

Desde la defensa de los imputados, el abogado de Bombal, Tocornal e Irarrázaval, Jorge Bofill, señaló que 'estamos conformes porque la resolución es lo que nosotros pedimos'.

Julián López, a cargo de la defensa de Délano y Lavín, manifestó que la medida de prisión preventiva no se justifica que 'marca el comienzo de un proceso, no hay una decisión definitiva'. El abogado agregó que 'es indudable que vamos a apelar respecto de esta resolución'.

'Se estima que la libertad de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad'

'Estamos satifechos. Es una resolución que da por acreditado todos y cada uno de los delitos que estamos investigando'

'Estamos confiados que vamos a lograr transmitir nuestra convicción de que nuestros defendidos no han cometido ningún delito'