La coyuntura judicial que por estas semanas ha puesto de relevancia las responsabilidades de directores y administradores de sociedades anónimas abiertas ha sido analizada profusamente desde diferentes perspectivas. Sin embargo, parece indispensable que alguno de esos análisis deba referirse a la premisa de que la conducta y decisiones de controladores, miembros de directorios de empresas o sus ejecutivos superiores pueden generar efectos no solo en el ámbito de la regulación o supervisión doméstica o nacional, sino también en la calificación que sobre esos actos efectúen agencias reguladoras extranjeras.

En Chile, las agencias reguladoras -que mayoritariamente se denominan Superintendencias- se estructuran sobre un diseño institucional que se caracteriza por su naturaleza técnica, su calidad de órganos unipersonales de designación gubernamental y, en general, por estar dotados de potestades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias. Este modelo chileno de supervisión de mercados, al igual que muchas prácticas corporativas y regulatorias, se ha ido adaptando al contexto de globalización económica. Así, por ejemplo, la coordinación entre agencias reguladoras de diferentes países es una característica de este proceso y la incorporación de sistemas de supervisión uniformes contribuye -dentro de las limitaciones de competencia de cada modelo nacional- a mejorar requisitos de información y eficacia en el cumplimiento de normas de carácter financiero, tributario, ambiental o de Libre Competencia, por citar algunas áreas.

Desde el caso Enron y luego de la crisis financiera global que se inició en 2007, la función de directores, ejecutivos, administradores y asesores de empresas ha debido sujetarse a estándares cada vez más rigurosos de cumplimiento. Estas exigencias derivan, en parte, de la estructura de propiedad de compañías integradas por inversionistas nacionales y extranjeros, ya sea en pactos de accionistas o en el número de directores que la estructura societaria establezca, según una determinada participación. Esos inversionistas extranjeros en sus decisiones no solo se sujetan a mecanismos de control establecidos por leyes y reguladores chilenos, sino que también a los se contemplan en sus países de origen.

Tratándose del mundo anglosajón, las obligaciones de información -muchas veces basadas en la figura de autorreportes- suelen ser muy exigentes, al punto que pareciera más aconsejable pecar por exceso que por omisión en esta materia. En este contexto de mayores exigencias, ser director, administrador o asesor jurídico o financiero de una compañía con participación societaria extranjera supone un deber de conducta mucho más riguroso en el cumplimiento de esas funciones y, además, una conciencia del impacto regulatorio que esas decisiones pueden acarrear en otros países.

No cabe duda que, más allá de la contingencia, la internacionalización regulatoria es un desafío importante para el Derecho y las estructuras corporativas de Chile.

Críspulo Marmolejo

La descentralización tiene muchos responsables, más allá de las leyes y las decisiones de la autoridad. Uno de ellos es el financiero, donde el sector privado tiene un claro papel, mirando a los intereses nacionales. Estas reflexiones caben ante la situación de la cual es protagonista en estos días la Bolsa de Corredores de Valparaíso, el centro de intermediación financiera más antiguo del país, pero que hoy registra una mínima participación en el mercado nacional de valores.

Al respecto, el directorio de la entidad porteña formuló una declaración en la cual sostiene que la Fiscalía Nacional Económica constató una realidad que la bolsa local viene denunciando desde hace más de 15 años, esto es, la existencia de problemas estructurales de competencia en el mercado de intermediación de valores en Chile, debido a que al no estar interconectadas las tres bolsas que existentes en el país, se han producido "altos grados de fragmentación, reduciendo la liquidez total y consolidando el poder del mercado dominante".

La posición dominante a que se alude la detenta la Bolsa de Comercio de Santiago, que rechaza la interconexión de las tres instituciones del rubro que operan en el país, esto es la de Valparaíso, la electrónica también de la capital y la ya señalada.

Frente a esta realidad los directivos de la bolsa de Valparaíso afirman que "no hay explicación ni justificación de por qué después de casi tres años de investigación la Fiscalía declare que no habría encontrado conductas contrarias a la libre competencia (…), pese a reconocer que la Bolsa de Comercio de Santiago detenta una concentración creciente a todo nivel".

Esta posición dominante y la falta de las operaciones interbolsas tiene, según la mencionada declaración, una grave consecuencia: "La pérdida acumulada para los trabajadores aportantes a los fondos de pensiones es considerable y claramente se ve afectada su rentabilidad", agregando que "consideramos inaceptable, que la autoridad administrativa no reaccione frente al daño que se ocasiona a estos patrimonios gigantescos ni considere la pérdida que han debido soportar los ahorrantes de fondos mutuos, los inversionistas institucionales y los particulares".

El planteamiento de la bolsa porteña se da en un escenario financiero que exige transparencia, a lo cual sin duda contribuiría la demanda de interconexión de los mercados de valores que está pidiendo Valparaíso desde 1987. Se inserta esta situación, además, en el campo de la responsabilidad del sector privado, cuyo actor principal -la bolsa capitalina- debería apoyar el desarrollo de un centro de decisiones financiera fuera de la capital.