El intendente de Atacama, Miguel Vargas, informó ayer que se han despejado más del 80% de las calles de Copiapó, Diego de Almagro, Chañaral y otras ciudades de la zona afectada por los aludes.

La autoridad señaló que el 100% de los colectores principales de alcantarillado ya están limpios. "Nosotros esperamos de aquí a mediados de mayo dar por finalizada la etapa de emergencia para concentrarnos un cien por ciento en la reconstrucción", dijo el intendente, en declaraciones a ADN Radio.

La alcaldesa de Caldera, Patricia González, aseguró que la situación en su comuna está casi normalizada, a excepción de los establecimientos educacionales.

En tanto, la ministra de Salud Carmen Castillo descartó cualquier riesgo sanitario, tras los análisis que revisaron las aguas y el lodo de los suelos. "Los valores respecto a plomo, arsénico, cadmio y distintos minerales, fueron bajo una media", declaró.

El Colegio de Matronas y Matrones de Chile respondió a las advertencias emitidas desde la Corte Suprema, que indican que el proyecto que busca despenalizar el aborto en tres causales específicas puede "constituirse en un espacio de impunidad" en casos de delitos sexuales con menores de edad.

Citada por Cooperativa, la líder del gremio Anita Román sostuvo que "las personas deben estar tranquilas", ya que el proyecto en cuestión "no dejará impune eventuales delitos de violación".

"Las matronas y matrones de Chile sabemos cuál es nuestro rol frente al delito. Queremos decirles a las personas que deben estar tranquilas, pues el proyecto de ley no dejará impunes los delitos de violación", manifestó la dirigente.

"El derecho de confidencialidad termina cuando estamos frente a un delito. No permitiremos que una menor violada, que ha sido dañada física y psicológicamente, sea expuesta públicamente y ahí rige la confidencialidad, pero se procederá, de todas maneras, a la denuncia del delito", agregó Román.

Añadió que deberá analizarse en la iniciativa de qué forma el resguardo de la confidencialidad no interfiera con el derecho a justicia, pero independiente de la decisión de continuar o no con un embarazo derivado de un abuso.

Según consignó La Tercera el miércoles pasado, un documento de la Corte Suprema explicó que "los deberes de confidencialidad postulados por el proyecto de ley en el Código Procesal Penal, podrían constituirse en un espacio de impunidad en desmedro de las víctimas de delitos sexuales menores de 18 años".

El máximo tribunal planteó que la mayoría de las agresiones sexuales son realizadas por parientes o personas cercanas, y que podría ocurrir que una menor concurra a los centros de salud "sin que se investigue penalmente el eventual delito de violación o estupro dado que, tanto la exclusión del deber de denuncia como la primacía del deber de confidencialidad, pesarán tanto sobre el médico cirujano que atienda a la requirente de interrupción del embarazo, como al equipo de salud especialmente conformado".