La demanda de energía eléctrica en todo el país es creciente. Se requiere energía para la producción en todos sus rubros, para el consumo domiciliario, para el alumbrado público y también para el transporte de carga y pasajeros.

Esta alza en la demanda hace necesario un aumento de la generación y también un desarrollo de los sistemas de transmisión acordes con nuestra caprichosa geografía.

Se exige, además, una baja en los costos de esa energía, pues los altos valores actuales, superiores a los de otros países del continente, afectan tanto la producción como el bolsillo de los consumidores.

Sin embargo, el desarrollo de nuevas generadoras enfrenta problemas de costos y de medio ambiente. Este último aspecto resulta clave en esos emprendimientos y cada día cobra mayor fuerza. Hay en muchas comunidades oposición a esas instalaciones debido a la contaminación que significan nuevas plantas.

Tal es lo que ocurre en la comuna de Concón, donde la estatal Enap proyecta instalar una generadora del tipo ciclo combinado que entregaría 500 megavatios. Esta planta se sumaría a otra de 70 MW.

La Municipalidad de Concón en pleno y las organizaciones vecinales se oponen a la iniciativa, y el alcalde Óscar Sumonte gestiona la pronta tramitación en la Contraloría del decreto que integra la comuna a la nómina de localidades saturadas.

Hay que recordar, además, que Concón desde hace décadas aporta, con la presencia de la refinería de Enap, una importante cuota de sacrificio ambiental en beneficio de todo el país.

Dentro de un contexto general, como hemos señalado, se necesita más energía, pero no es justo satisfacer esa demanda al costo de afectar a una comuna como Concón, en constante expansión habitacional y con un creciente potencial turístico, punto en el que también aparecen problemas urbanísticos y ambientales.

Cabe mirar también el tema con visión de país, buscando armonizar producción y necesidades, incentivando fuentes limpias como la energía solar y la eólica, sin dejar de lado la hidráulica, muchas veces condenada sin mayor base. Hay que recordar que fueron las plantas hidroeléctricas levantadas por el Estado las que permitieron en los años 40 y 50 del siglo pasado que Chile diera un gran salto en su desarrollo y modernización.

El caso de Concón y la dramática situación del área Quintero-Puchuncaví obligan a mirar hacia fuentes limpias y también avanzar en investigaciones para utilizar energías potencialmente valiosas como las mareas o la geotérmica.

236 medidas propuestas son el resultado -después de 45 días de arduo trabajo- del Consejo Asesor Presidencial o más conocido como Comisión Engel. Éste fue mandatado para sugerir una agenda nacional que contemplara medidas legales y administrativas contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción

El Consejo, compuesto por 15 integrantes, escucharon a 78 organizaciones ciudadanas, expertos nacionales e internacionales, partidos políticos, instituciones académicas y simples ciudadanos que entregaron su particular visión e inquietud respecto a cómo abordar soluciones para corregir aquello que permitió las irregularidades conocidas a partir de los casos Penta, SQM y Caval. Y en definitiva, hacerse cargo del evidente malestar ciudadano frente a tales irregularidades.

En cinco capítulos que se refieren a prevención de la corrupción, regulación de conflictos de interés, financiamiento de la política, confianza en los mercados e integridad, ética y derechos ciudadanos y que abarcan 21 temas, el Consejo Asesor entrega propuestas muy claras y específicas, algunas de las cuales sugieren una solución a algunas de las irregularidades que están hoy siendo investigadas por la justicia y que dan respuesta al interés ciudadano para que los hechos que hemos conocido se aclaren y los culpables sean sancionados.

Como es lógico, a partir de la difusión de las medidas han surgido diferentes opiniones, lo que da cuenta de la importancia que estos temas tienen en la opinión pública y la trascendencia que significa para el país las soluciones que se adopten.

Si bien se han lanzado voces que señalan que para su implementación algunas medidas requerirían cambios constitucionales mencionándose, entre otras, la limitación a la reelección indefinida de parlamentarios, la pérdida del cargo parlamentario por infracción a normas de financiamiento y la franja radial gratuita para propaganda electoral, lo cierto es que la Comisión Engel señaló que aun conociendo que existe un debate en torno a la Constitución, no era su cometido emitir opinión sobre reformas a la Constitución, ya sean parciales o menores.

Emprender hoy un cambio a la Constitución con la metodología que se ha anunciado, "diálogos, debates, consultas y cabildos", parece un canal no solo de largo aliento con resultados inciertos, por lo que debemos preguntarnos y reflexionar lo siguiente: si tomamos en cuenta que a nuestra Constitución ya se le han introducido 34 modificaciones, ¿cuáles aspectos y artículos deseamos cambiar? La respuesta es que para nuevamente proceder a modificarla ésta debe ser producto de un proceso reflexivo y en el marco de los procedimientos establecidos.

Para alcanzar objetivos del Consejo Asesor debemos concentrarnos en el logro efectivo de sus propuestas. Distraernos en un "proceso constituyente" nos distrae de temas que hoy son de urgente solución, prioritarios, y cuya solución será un indicador, una hoja de ruta para recuperar la confianza.

Joaquín Godoy Ibáñez