Macarena Carroza

@macacarroza

Alberto Texidó

@metropoliticacl

En todo contexto, pero con diferentes grados de evolución o estancamiento, el desarrollo de las ciudades portuarias aparece como un proceso complejo.

En el último tiempo, y en ausencia de una visión consensuada, la dicotomía del caso de la bahía de Valparaíso, resulta más notoria que la de otras áreas costeras de la zona metropolitana y del país, dado que alberga un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, único de condición urbana en Chile. Es por ello que, el desarrollo portuario o de cualquier otra de las industrias porteñas, no debiesen desvincularse de aquellas escasas convenciones que reconocen y protegen su excepcionalidad y unicidad paisajística.

El paisaje cultural hoy, significa mucho más que un conjunto de edificios históricos protegidos, superando con creces la idea de una postal. Más bien, considera una sumatoria de atributos que definen la identidad de la ciudad: sus habitantes, sus barrios y espacios públicos, sus economías locales y todas las interacciones que ocurren entre ellas. Es la integración de experiencias que son propias de ese lugar y no de otro, la que genera un ecosistema cultural que le da valor y desde donde, en un acuerdo comunitario de urgencia, debiéramos ejercer la planificación para el buen funcionamiento de la ciudad-puerto.

Por lo tanto, esto no solo implica conservar la ciudad construida, sino también reconocer una condición base para dinamizar su economía y lograr una equidad urbana que integre y no segregue a sus habitantes, dotando decididamente a la ciudad de mayor calidad de vida, construyendo un contexto urbano amable en todos los ámbitos que cualquier ser humano valora: higiene, seguridad, espacios públicos, movilidad accesible y trayectos eficientes, que permitan liberar tiempo para la recreación, el encuentro, el diálogo y tantos otros intereses. Ciudades que merecemos los 9 de cada 10 chilenos que hoy hacemos vida urbana y las habitamos.

Pero enfrentar tales desafíos, requiere volver a maravillarse con la posibilidad de generar cambios a través del diseño y la planificación urbana, integrando diferentes disciplinas para lograr conciliar la propia complejidad de la ciudad, con nuevos liderazgos que activen procesos auténticos de desarrollo. Para eso, es importante ponderar la responsabilidad sobre el campo de actuación en las ciudades, desde donde podemos relevar como ciudadanos, votantes o contribuyentes todos los valores que fundan nuestra identidad y derechos como seres humanos, o también como seres urbanos.

Basta observar los conflictos actuales para darnos cuenta de la importancia de estar bien representados: Emplazamiento y diseño en proyectos en borde costero, altura de edificaciones, barrios deteriorados, escasez de espacio público y conectividad, segregación en campamentos en las zonas altas de la ciudad, delincuencia en aumento, suciedad, entre otras condiciones deficitarias.

Entonces, vale la pena esbozar las posibilidades de un voto programático comprometido, para lo cual podemos identificar al menos tres líneas desde las cuales proponer y exigir gobernanza, con el objetivo de resolver en nuestro caso, las relaciones entre ciudad y puerto, entre el territorio y sus habitantes:

La primera, es referida a la integración con el sistema metropolitano. Promoviendo la identidad comunal, el pensamiento crítico de la región, relevando un sistema urbano metropolitano que integre la ciudad puerto con la zona plana de los barrios patrimoniales, paralelamente a las zonas segregadas y en riesgo en la parte alta de los cerros. Asimismo, con la ciudad del interior, donde un porcentaje alto de los habitantes tiene una interacción periódica. Esto además implica que ciertas problemáticas de infraestructura, movilidad, vulnerabilidad ambiental y manejo de residuos sean tratados a esa escala de administración metropolitana.

La segunda, referida a activar procesos de consenso ciudadano. La conocida identidad múltiple de la ciudad puerto, implica reconocer sus actividades diversas de modo colaborativo, evitando imponer una sobre otra y desafía a la autoridad a determinar ejes programáticos para mejorar la calidad urbana. Ha de resurgir una visión, una priorización y actualización de procedimientos normativos, para agilizar la vía crítica de los proyectos, cuyos programas se orienten a la habitabilidad, la conectividad, a proteger los atributos excepcionales y dinamismo económico de la ciudad puerto.

En tercer lugar, por último, vinculada a la planificación y gestión de la ciudad. La visión de consenso debería hacer coexistir al fortalecimiento de industrias que ya están en desarrollo -educación, turismo y puerto-, junto a otras potenciales, elevando los estándares urbanos de las zonas subutilizadas, como de toda la informalidad periférica. Estas acciones deben articularse con los más de 100 mil estudiantes del Gran Valparaíso, para la generación de ideas, emergiendo emprendimientos que resuelvan temas medioambientales, de conectividad, higiene o servicios, entre otros.

Todo ello supone una coordinación importante y diálogo permanente entre todos los actores y niveles de administración de la ciudad, que requiere poner en valor el patrimonio más dañado del país: la confianza. Aquello implica retomar promesas históricas incumplidas, recuperar la probidad y porque no, terminar con una masiva desvinculación con la política a través de un voto informado, pesquisable y comprometido entre mandante y mandatado.

Así, hoy más que nunca la participación ciudadana más eficaz para el diseño de nuestras ciudades es la que sucederá en las urnas, eligiendo a nuestros gobernantes validados programáticamente, para priorizar el bien común en este excepcional territorio. En consecuencia, con un estado de ánimo diferente al de la queja, más involucrados en las cosas comunes y en un espíritu de propuesta, votemos por la ciudad puerto que queremos y merecemos.